Hoy se reanudará el debate del proyecto de reforma del mercado de capitales en la Cámara de Diputados. Directivos de las distintas Bolsas del país, grandes operadores y otras entidades del sector darán a conocer sus puntos de vista sobre la iniciativa que termina con la autorregulación de la actividad, abre el juego a nuevos actores y fortalece las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las exposiciones tendrán lugar en una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto, a cargo de los legisladores Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Roberto Feletti (FpV), respectivamente. El Frente para la Victoria y sus aliados firmarán el dictamen de mayoría el próximo martes y el plan es tratarlo en el recinto el 21 de noviembre.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, durante sus exposiciones del martes pasado ante los diputados reprocharon que, a diferencia del conjunto de la economía, el mercado de capitales no mostró un dinamismo acorde con el proceso de sostenido crecimiento iniciado en 2003. “El mercado de capitales es un club cerrado que se autorregula, autocontrola y se sanciona a sí mismo, que no logró el objetivo de convertirse en un canalizador del ahorro para el desarrollo, sino que ha privilegiado los componentes especulativos”, apuntó ayer Lorenzino para afirmar que la reforma “viene a romper con la lógica actual dotando de mayor capacidad de regulación al Estado, incorporando nuevos actores y promoviendo el acceso al financiamiento de la inversión”.

Hoy, a partir de las 13.00, representantes de distintas instituciones que funcionan como escenario para las operaciones del mercado –compraventa de acciones y bonos, contratos de futuro, subastas o cambios– como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Merval y el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y el Mercado Electrónico Abierto (MEA) presentarán sus reparos y cuestionamientos a la reforma que impulsa el gobierno nacional y aumenta la regulación sectorial.

También participarán las Bolsas de Rosario, Córdoba, Mendoza, Chaco, Tucumán, La Rioja, Bahía Blanca y distintas sociedades de Bolsa como Puente Hermanos, Raymond James, Grupo SBS, Tradition y Capital Markets. Muchos de esos jugadores del mercado no ocultan su malestar con las modificaciones, pero están expectantes sobre cómo será la reglamentación de la ley cuando se sancione.

La iniciativa que será tratada antes de fin de mes en la Cámara baja elimina la obligación de reunir “la calidad de accionista para que un agente intermediario pueda operar en un mercado determinado”. En la actualidad sólo pueden operar de forma directa en los distintos mercados de valores los socios creando una suerte de “club cerrado” de difícil acceso. Por ejemplo, para ser socio del Merval, donde operan las principales acciones de la Bolsa porteña, es necesario desembolsar más de cuatro millones de pesos. La desmutualización de los mercados presenta un desafío para el sector privado, no sólo por la emergencia de nuevos actores de diferente envergadura sino porque la iniciativa contempla cambios en los requerimientos patrimoniales para poder ser parte de la operatoria que serán definidos una vez que se apruebe la ley.

Las cuestionadas Agencias Calificadoras de Riesgo que operan en el país no participarán de la jornada porque “no solicitaron ser escuchadas”, explicaron desde la presidencia de las comisiones de Finanzas y Presupuesto de Diputados. “Las calificadoras de riesgo no están a la altura de las circunstancias a la hora de analizar la deuda soberana argentina, ni tampoco la griega o la portuguesa. La opinión de esas empresas no puede ser el único elemento disponible para tomar decisiones”, cuestionó el martes el ministro de Economía. El proyecto establece la “no obligatoriedad de que las emisiones de deuda cuenten con una calificación de riesgo previa como condición para que coticen en Bolsa” con el objetivo de “agilizar” las inversiones. A su vez, abre la puerta para que nuevos jugadores –como las universidades públicas y privadas– participen dentro del segmento de las evaluaciones de riesgo crediticio.