Aprovechándose de un personal sumiso y temeroso, atado de pies y manos por un Estatuto diagramado durante el Proceso Militar, sumado al histórico estigma por corrupción que pesa sobre las espaldas de la institución, Cambiemos pasó el escobazo dejando a miles de trabajadores en la calle, cuando los mafiosos se reacomodaron y aparecieron nuevos entramados de corrupción de la mano del ministro de Justicia Gustavo Ferrari.

Las consecuencias del desmantelamiento de las Unidades Penitenciarias de la Provincia pueden llegar a ser muy graves y peligrosas: mientras se triplicó la cantidad de internos, el personal se vio disminuido notablemente; sumado a ello, en materia edilicia, las cárceles se vienen abajo.Si no se toman cartas en el asunto, este combo puede llegar a ser explosivo: en muchos penales, por hacinamiento, pésimas condiciones de vida y ausencia de profesionales de la Salud, los presos iniciaron estados de alerta.

En plena campaña electoral, el Gobierno se propuso ocultar el abanico de irregularidades y oscuras maniobras que tuvieron lugar en el SPB durante estos últimos meses, pero los trabajadores de distintas Unidades se apoyaron en NOVA, el único medio que le dio voz a su reclamo, para desenmascarar la falsa transparencia.

 "Los grandes medios de comunicación miran para el costado, están adornados por el Gobierno, ellos mismos nos dicen cuando nos comunicamos para hacer denuncias del Servicio", disparó un penitenciario.

Irregularidades históricas

El desmantelamiento que llevó adelante la gestión de Vidal se vio potenciado por históricas irregularidades que, lejos de buscarle una solución, el gobierno de turno empeoró. La superpoblación en las cárceles de la Provincia es generalizada: en la Unidad N° 3 de San Nicolás hay un total de 768 internos cuando la capacidad es de 550 y la Unidad N° 49 de Junín es alcaidía y tiene alojados a más de 250 internos, debido a que los penales están abarrotados.

Asimismo, mientras la Intervención arma requisas ficticias para la televisión, los penitenciarios denunciaron que hay cada vez más tranzas y preseros. Por ejemplo, en la Unidad N° 11 de Baradero hay alojados 165 internos y se producen de 2 a 3 evasiones (fuga) por mes: "La infraestructura del lugar no permite cubrir la seguridad de las 85 hectáreas, sumado a la complicidad de superiores con presos, las fugas son habituales".

También, las principales críticas apuntan a la mala administración del Ministerio y Jefatura: no distribuyen lo que corresponde y ya no existen las cajas chicas para cubrir las necesidades básicas del penal: “Por ejemplo, los tejidos perimetrales se emparchan con alambre de fardo, fácil de cortar”.

El desfinanciamiento tiene su reflejo en la flota de vehículos del SPB: para visualizar un caso puntual, en la Unidad N° 11 de Baradero tienen el móvil roto desde hace 3 meses y no pueden trasladar a los internos al Hospital, debiéndole pedir "gauchadas" a patrulleros policiales.

¿Y la transparencia prometida?

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue un terreno fértil para que Ferrari mueva las piezas: La primera medida fue nombrar una Intervención para que maneje los hilos del SPB, con la supuesta tarea de erradicar las mafias de la institución, “limpiar” a los ñoquis del Gobierno anterior y recortar los gastos, por pedido expreso de la gobernadoraVidal. Lejos de eso, los casos de corrupción se multiplicaron, los que cobran sin ir a trabajar siguen estando (además de sumar un nuevo listado), y la Provincia sigue gastando millones de pesos que jamás llegan a los Complejos (las condiciones del personal son deplorables y los internos viven hacinados).

Aprovechando la impunidad de la Intervención, donde no hay licitación y los controles brillan por su ausencia, el SPB se transformó en un negocio perfecto para el ministro Ferrari, quien tomó la decisión de darle el trabajo sucio a Fernando Rozas, un hombre de su confianza que no titubea en poner un revolver en la mesa a la hora de  negociar, fiel a la mafia. En este entramado, la principal caja de recaudación fue la Dirección General de Salud Penitenciaria, donde ubicaron a Javier Zoulemian, tío de la mujer de Rozas.

De punteros políticos del Conurbano a asesores del Ministerio

Rotulándolos como asesores ministeriales, Ferrari les encontró lugar a más de 30 soldados de su zona de influencia, que cobrarían sueldos que rondan los 90 mil pesos. Más allá de tener un gran ingreso, dentro del Servicio denunciaron que “estos personajes manejan insumos de 40000 presos, una fortuna sin control”.

Uno es el odontólogo Fabián Marcone,  está a cargo del Hospital Penitenciario de la Unidad N° 22 de Olmos pero poco se sabe del ejercicio de su profesión, pero sí de sus conexiones políticas; otro es el asesor Marcelo Ferrari, que de vender banderas en la cancha de Quilmes pasó a manejar importantes áreas penitenciarias, bajo la órbita del ministro, como el sector de Medicina Asistencial de Sanidad. 

Según fuentes internas, ambos cobran viáticos por dos viajes a la semana a San Nicolás, además de a otros destinos a los que nunca fueron. Todo aprobado por el área de Gestión y Administración (son dos Direcciones que se unificaron para que todo transcurra con mayor fluidez), donde están los contadores Javier Vázquez y Leonel Conia, los encargados de manejar los números reales, pero también los paralelos.

Sumado a ello, Ferrari trajo bajo su ala a los integrantes de la agrupación política de Quilmes “La Rojo Punzó”, pero no los puso  juntos debido a las internas dentro del partido: por un lado están los hombres que responden a Matías “Pachi” Quiero, primo de Rozas, y por el otro Fabián Luayza, referente de la barra brava de los cerveceros y candidato a diputado provincial, que posee una íntima relación con el ex policía Fabián Castronuevo. Para que no haya disputas, les habrían ofrecido negocios en diferentes lugares, para que no se crucen.

Farmacia paralela a cargo de un policía exonerado

La caja más tentadora es la de los medicamentos: desde aspirinas hasta remedios que cuestan 60 mil pesos mensuales. La presunta maniobra sería comprar medicamentos a punto de vencer (con la complicidad de una droguería amiga), de modo que las millonarias compras se repiten de manera asidua. Para poder llevar a cabo este circuito y que el camino esté allanado, trasladaron a Florencio Varela a las tres personas que estaban encargadas de Farmacia, controlando las compras y qué medicamentos llegaban.

¿A quién pusieron en ese lugar? A Fabián Castronuevo (alias "Castroloco"), ex capitán de la Policía Bonaerense, quien había sido detenido en 2008 tras mantener como rehenes durante más de siete horas a su esposa, también policía, y a sus dos hijos de 6 y 8 años en su departamento del partido de Berazategui, en el sur del conurbano. Nadie sabe cómo este ex policía de la Caminera de Ruta 2 llegó a estar al frente de una dependencia tan relevante del SPB.

Según informaron fuentes cercanas a NOVA, la farmacia paralela tiene un lugar físico en el barrio de Tolosa. Christian Zgrablich sería el proveedor de insumos médicos sobrefacturados y a punto de vencer, también íntimo de Rozas. Este reconocido médico especializado en Cirugía Cardiovascular, también es trabajador penitenciario, pero aparentemente hace 18 años que no acude a ningún Complejo y no está sumariado.

Un ejemplo de esta maniobra sería la compra de carbamazepina, fármaco anticonvulsivo: los habitantes de la Provincia consumen el 3% de este medicamento, el restante 97% sería adquirido por el Servicio, aunque obviamente no es utilizado en su totalidad, la mayor parte se vence.

Para Vidal, lo único importante es el rédito político

Para muchos, la Emergencia Penitenciaria fue la excusa perfecta para llevar adelante una falsa purga, que tuvo más condimentos políticos que el verdadero objetivo de combatir las mafias enquistada en la fuerza: “Mientras miles de laburantes que dieron la vida por la institución, varios con más de 20 años de servicio, fueron echados, los corruptos se multiplicaron de la mano de la Intervención”.

La gobernadora María Eugenia Vidal sacó un importante rédito político levantando la bandera de “limpiar el Servicio Penitenciario”, pero distintas investigaciones llevadas adelante por NOVA desenmascararon que la Intervención del SPB, de la mano del ex diputado denarvaista Fernando Rozas (orquestado por el ministro Ferrari) multiplicó los hechos de corrupción, instaló mecanismos de gestión mafiosos, fabricó nuevos ñoquis con nombre y apellido, empeoró las condiciones del personal y dejó a las cárceles a la deriva con los presos dentro.