“Hablaré con la UIF, quiero trabajarlos directamente con la hipótesis de lavado para que no puedan zafar con blanqueo y moratoria… Flor K es contribuyente de quién?”. Este mail de 2016, emitido por Jaime Mecikovsky, fue presentado por la AFIP a la Justicia durante la semana que terminó. Exhibe la matriz de la persecución de la AFIP macrista: en lugar de tratar a todos por igual como contribuyentes, diseña una táctica específica para intentar mandar a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner y les pregunta a otros funcionarios de la AFIP quién está a cargo de los controles sobre Florencia Kirchner, para ver también cómo la involucraba. Mecikovsky, exsubdirector de Operaciones Impositivas, fue un aliado clave del fallecido juez Claudio Bonadio y ya fue denunciado en reiteradas ocasiones por filtrarle información impositiva protegida por el secreto fiscal a Elisa Carrió. El mail es una evidencia más de la metodología utilizada: la AFIP llegó a crear grupos de tareas (así se llamaron, igual que los grupos que secuestraban durante la dictadura) para perseguir a los Kirchner y a los dueños de empresas a los que quisieron apretar para que las vendieran a amigos del gobierno de Mauricio Macri.

La causa judicial

El mail de Mecikovsky fue entregado a la Justicia por los abogados de la AFIP, por orden de la titular del organismo Mercedes Marcó del Pont. En este momento, la causa la instruye el juez Julián Ercolini, quien subroga el juzgado que ocupaba Bonadio, e interviene la fiscala Paloma Ochoa. Lo que exhibe el correo electrónico es una operatoria en la que no se investiga en función de inspecciones y acciones comunes a todos los contribuyentes, sino una estrategia apuntada a perseguir opositores, incluso con el objetivo de generarles problemas judiciales y que vayan a prisión. Los principales imputados son los extitulares de la AFIP durante el macrismo, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, junto con algunos exfuncionarios que jugaron un papel clave en la persecución, entre ellos Mecikovsky. Y la AFIP sólo fue uno de los instrumentos que se pusieron en marcha entre 2016 y 2019. Como se señala en el mail, Mecikovsky quería sumar la Unidad de Información Financiera (UIF) a la jugada, justamente para buscar una prisión preventiva. Ese organismo, como otros, presionaba por medidas judiciales constituyéndose en querellante las casos que le interesaban al gobierno.  

El propio Bonadio utilizó los elementos para procesar por lavado de dinero no sólo a Cristina y Máximo Kirchner, sino --como se ve en el correo-- a Florencia Kirchner. El viernes pasado, los tres fueron sobreseídos en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se les intentaba atribuir ese delito. Dos jueces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, explicaron que en ningún momento se blanqueó dinero negro (eso es lavado de dinero), porque la obra pública se paga por banco y los alquileres de los Kirchner también fueron en blanco, a precios de mercado, bancarizados y pagados los impuestos correspondientes. La jugada de acusar por lavado era lograr las prisiones. En todo caso, si hubo una irregularidad en la obra pública --sostuvieron los jueces-- se está tratando en un juicio específico sobre las obras viales en Santa Cruz, a cargo del Tribunal Oral Federal 2. En los dos años y medio que lleva ese juicio, a Cristina Kirchner ni se la mencionó porque las obras se votaron en el Congreso Nacional y todo lo demás --licitaciones, adjudicaciones, control de las obras-- se hizo en Santa Cruz. Uno de los aspectos más groseros en esa causa fue que procesaron a Florencia Kirchner que en el momento de ponerse en marcha las sociedades tenía nueve años y nunca firmó ni tuvo decisión sobre ninguna operación. La matriz de persecución, protagonizada por todos los organismos del macrismo y que se refleja en el mail, tuvo las consecuencias en la salud de Florencia que fueron públicas y notorias.

Auditorías y sumarios

Lo que decidió Marcó del Pont fue poner en marcha distintas auditorías, que no fueron realizadas únicamente por nuevas autoridades de la AFIP, sino incluso por quienes fueron designados por el macrismo. Por eso, las investigaciones llevan la firma de todos.

Estas fueron algunas de las conclusiones:

* Designación irregular de funcionarios a cargo de procedimientos de fiscalización: por ejemplo, se utilizaban las oficinas de la AFIP donde había funcionarios adictos y se violaban todas las jurisdicciones. Selección a dedo de funcionarios que tenían que intervenir, desplazando a quienes les correspondía.

* Actuación en causas judiciales sin tener los poderes como corresponde e interviniendo funcionarios no autorizados.

* Inusitada cantidad de consultas al sistema informático, violando el secreto fiscal, en particular sobre la familia Kirchner o los dueños de Oil Combustibles, Austral Construcciones o de otras empresas que fueron un objetivo del macrismo.

* Se realizaban procedimientos de fiscalización sin notificar a las personas fiscalizadas para que ejerzan su derecho a la defensa. En el caso de CFK, no sólo no la notificaron sino que, cuando lo hicieron, le enviaron la notificación a un domicilio sin relación con la actual vicepresidenta.

O sea, era una AFIP que trabajó para la persecución política, según todos los detalles de la causa a cargo de Ercolini. Mecikovsky intentó defenderse diciendo que los sumarios estaban hechos por funcionarios de la actual administración y que fueron desplazados los de carrera o los designados en tiempos del macrismo. La AFIP lo desmintió oficialmente: no hubo funcionarios que se hayan negado a firmar las conclusiones. El organismo recaudador, por el contrario, denunció la existencia de un correo electrónico intimidante de Mecikovsky dirigido a la funcionaria que encabeza el sumario. 

Las órdenes

Tras la presentación del texto de ese mail sobre lavado de dinero y con referencia a Florencia Kirchner, así como otros que se mantienen en reserva, la Justicia ordenó a la AFIP que preserve todos los correos electrónicos internos. Al mismo tiempo se le aportó al juzgado documentación relevante que surgió de las distintas áreas y se presentaron las conclusiones preliminares de los sumarios administrativos internos destinados a determinar responsabilidades de los funcionarios que intervinieron.

La investigación estuvo a cargo de la Subdirección General de Auditoría Interna, Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos, así como la Dirección General Impositiva. Cada parte aportó sus conclusiones. La contundencia de la documentación fue tal que no sólo firmaron las máximas autoridades de cada área, sino que fueron suscriptas por todos los funcionarios jerárquicos que fueron designados y desempeñaron su labor durante la gestión macrista. Esas firmas desmienten la presentación que hizo Mecikovsky en la causa, aduciendo que las auditorías fueron adulteradas.

Las consecuencias

A lo largo de casi una década, la alianza político-mediática-judicial, alineada con Juntos por el Cambio, y con sede en Comodoro Py, fue armando una cantidad inusitada de expedientes, en algunos casos con la particularidad de indagar a Cristina Kirchner un récord de ocho veces en un día. Organismos como la AFIP, la UIF y la Oficina Anticorrupción en manos del macrismo los fueron alimentando. Ahora, cuando las causas llegan a juicio oral, los tribunales se ven en la obligación de mandar a hacer peritajes elementales, que debieron realizarse al principio de las investigaciones, pero que se omitieron porque el objetivo era procesar, dictar prisiones preventivas y publicar tapas de diarios.

La realidad es que los peritajes realizados recién ahora hacen naufragar buena parte de los expedientes. Así ocurrió en las causas Dólar Futuro,  Plan Qunita y Hotesur-Los Sauces: no hubo perjuicio para el Estado, no hubo sobreprecios, no se camufló dinero negro, establecieron cada uno de los fallos. También se hundió la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán tras un informe de Interpol, que debió pedir Bonadio desde el primer día pero que rehusó hacerlo porque se caía la acusación. Por supuesto que, como en buena parte de los gobiernos, hubo funcionarios corruptos, tal como se vio en las condenas a José López --uno de los jueces fue Adrián Grünberg, que ahora firmó el sobreseimiento en Hotesur--, a Ricardo Jaime y en las evidencias contra el fallecido Daniel Muñoz, a quien se le encontraron cuentas en el exterior. Sin embargo, se investigó poco y nada quienes pagaron las coimas que después aparecieron en el convento o en paraísos fiscales.

La manipulación y la persecución se ven también en los dos juicios en marcha, por la construcción de rutas de Santa Cruz y Oil Combustibles. En ambos casos, las fiscalías no pudieron aportar una sola prueba y en Oil el peritaje demostró que la empresa estaba al día en los pagos de impuestos y se había acogido a planes que beneficiaron a miles de empresas y personalidades. La AFIP macrista fue parte decisiva de esa persecución que llevó a la cárcel a Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El mail de Mecikovsky exhibe el detrás de escena del armado de las causas. La necesidad de dibujar figuras penales como el lavado de dinero, combinar las acusaciones con la UIF y apuntar hasta a los hijos de CFK. Es que la persecución chocó con un problema: ni a Cristina ni a Máximo o Florencia se les encontró ni una cuenta ni una sociedad en el exterior ni un bien oculto o no declarado en el país. Había que sacar figuras penales de la galera. Por el contrario, en las investigaciones que se hicieron --como los Panamá Papers--, uno de los apellidos que sí apareció fue el de Macri, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales. Pero en ese caso la AFIP macrista y los demás organismos se dedicaron a mirar para otro lado y ni siquiera cuestionaron el escandaloso blanqueo de Gianfranco, el hermano de Mauricio.