Arroyo repasó su gestión y se mostró como víctima de un sistema destinado a perjudicarlo. Una fantasía para justificar su gobierno sin luces. La ratificación de Sáenz Saralegui también lo golpeó.
Un hombre que liberó a Mar del Plata de los poderosos que buscaban frenarla y defiende a los vecinos. Un gobierno acorralado por denuncias injustas, resistido por sindicatos, denostado por opositores y calumniado por periodistas comprados que, así y todo, ordenó el municipio, equilibró las finanzas, reparó calles, refaccionó escuelas, mejoró los centros de salud, bajó la inseguridad, quitó privilegios, eliminó los piquetes, reordenó el sistema educativo municipal. Esa es la versión de sus tres años de gestión que dio Carlos Arroyo en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Una versión heroica pero irreal. Como la que siempre tuvo Arroyo de sí mismo.
El intendente buscó presentarse como víctima de un mecanismo aceitado destinado a difamarlo desde el primer día. Como si ese mecanismo hubiera provocado las renuncias en masa en los primeros 100 días de gestión, los paros en la recolección de residuos, las medidas de fuerza de los municipales, las interpelaciones de sus funcionarios, las goteras en las escuelas y edificios municipales, los handies sin usar, las licitaciones y concesiones sin control, las disputas con la gobernadora y los ministros bonaerenses, las frases incomprensibles y las inextinguibles confusiones de sus apariciones públicas. Decir la verdad, dijo Arroyo, es muy doloroso. Y la verdad es letal: no estaba preparado ni tenía el equipo para gobernar una ciudad como Mar del Plata.
María Eugenia Vidal lo sabe. Por eso habilitó en este terruño gobernado por Cambiemos a otros tres postulantes que en los próximos meses buscarán destronarlo: Guillermo Montenegro, Maximiliano Abad y Vilma Baragiola. No hay casualidades: la gobernadora anhela que la ciudad tenga otra impronta.
El mensaje de Arroyo a los concejales fue tan lamentable como las cuatro horas de demora que hubo en el Concejo para iniciar la sesión preparatoria. La última sesión ordinaria había sido el 15 de noviembre. Desde ese entonces el partido de Arroyo tuvo más de tres meses para impulsar un nuevo presidente del Concejo. Lo hizo recién en las horas previas a la apertura de sesiones, con los invitados ubicados en sus sitios, a la espera de una negociación política de la que eran ajenos. Una improvisación que le salió cara: al papelón le siguió una derrota política que arrastró a otros socios de la alianza gobernante.
El arroyismo buscó desbancar a Sáenz Saralegui. Le quería hacer pagar sus declaraciones sobre Miguel Angel Pichetto y su favoritismo por Baragiola para la próxima contienda electoral. El reemplazo elegido fue Alejandro Carrancio, principal articulador entre el arroyismo y otras fuerzas para la aprobación de los proyectos oficiales. El PRO y la Coalición Cívica se alinearon. El quiebre con la UCR quedó expuesto a los ojos de todos.
Pero la propuesta llegó desprolija y a destiempo. Un día antes, en la reunión de jefes de bloque, el arroyista Marcelo Carrara había planteado la continuidad de Sáenz Saralegui. Antes del inicio de la sesión, Guillermo Arroyo lo desautorizó y puso en carrera a Carrancio. La opción ofrecía mejores canales de comunicación con el macrismo y el vidalismo, pero no terminó de convencer a la oposición.
A juzgar por los pasos que dieron aquellos bloques, la contienda pudo haber tenido otro resultado si la propuesta llegaba con menos premura. Unidad Ciudadana terminó absteniéndose. Acción Marplatense, votando por Sáenz Saralegui porque no le acercaron detalles de lo que implicaría el cambio de nombre: ¿cómo quedaría conformada la mesa directiva del Concejo?, ¿cómo repercutiría en las comisiones? Carrancio es el presidente de la fundamental comisión de Hacienda: ¿quién lo hubiera suplantado?
La otra alternativa arroyista era la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, de licencia en el Concejo. Su postulación convencía a Unidad Ciudadana. Pero requería un trámite engorroso: Leniz debía oficializar su salida del gobierno municipal y reasumir su banca. Enterados de que había comenzado el papeleo, el radicalismo alertó a Sáenz Saralegui de que convenía iniciar la sesión. El presidente tocó el timbre y hubo quórum. La sesión comenzó y Leniz aún no era concejal. Eso, más la presencia de su reemplazante Carrara, sepultó sus chances.
En el medio se negociaron cargos en la mesa directiva y presidencias de comisiones. Ninguno de los que estaban dispuestos a desbancar a Sáenz Saralegui quería hacerlo sin recompensas. Las conversaciones nunca terminaron de concretarse.
El reacomodamiento del Concejo hubiera llevado, en rigor, más tiempo del que el cuerpo dispone. El intendente reclamó la aprobación del presupuesto, de las ordenanzas fiscal e impositiva y de un leasing para adquirir maquinaria vial. Expedientes sobre los que la comisión de Hacienda necesita certezas del Ejecutivo.
Oficialistas y opositores tienen pedidos concretos sobre el presupuesto: que se corrijan proyecciones porque el cálculo de partidas se hizo antes de que se aprobara el presupuesto bonaerense y que se convoque a una nueva audiencia pública. Si eso no sucede no habrá tratamiento posible.
El arroyismo conoce esos reclamos. Los escuchó en la semana Mauricio Loria, que tratará por su parte de avanzar con otras necesidades del oficialismo: anotó para el miércoles el tratamiento del presupuesto de Obras Sanitarias en la comisión que preside, la de Recursos Hídricos.
El boleto también permanece en el ámbito legislativo. Los empresarios y gremialistas aclararon sus posturas en una reunión con el presidente del Concejo y otros ediles. La UTA dio tiempo hasta el 11 de marzo,quinto día hábil del mes, cuando los choferes deben tener depositados los salarios con las recomposiciones acordadas en la paritaria. Las empresas aceptan el boleto a $ 18,81, pero sin desdoblar. Antes que nuevas demoras deliberativas, prefieren que lo defina Arroyo.
El Concejo obrará además como caja de resonancia de la controvertida licitación que buscó hacer el Ejecutivo para reparar las veredas de la plaza San Martín cuando la obra estaba empezada. El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, dirá que anuló el trámite cuando lo alertaron de que los trabajos se habían iniciado. El de Obras, Guillermo de Paz, asegurará que cuando puso en marcha el procedimiento no había obra alguna. Derivarán así la responsabilidad a otra área del municipio. Otra vez no habrá manera de disimular la furiosa interna del gabinete.
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