El ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo quedaron en los umbrales de un juicio oral y público por haber vendido una plaza pública en los años '90. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó sendos recursos presentados por las defensas de ambos íconos de la Argentina ultraprivatizadora de aquella década contra los procesamientos dictados por la Cámara Federal porteña, después de que el juez federal Norberto Oyarbide los sobreseyera.

Se trata de la venta de terrenos que pertenecían a la Plaza Salvador María del Carril, en una codiciada zona del barrio porteño de Retiro. Según consta en el expediente, los terrenos fueron vendidos a la sociedad anónima Nuevo Retiro, por la suma de U$S 400 mil.

La operación se concretó "sin la previa desafectación del bien de dominio público" y por el procedimiento de "contratación directa". En la causa también se investigó el valor real de mercado del predio. Se trata de un terreno de 1967 m² ubicado frente a la terminal de Retiro de la ex línea Mitre.

La Sala Tercera de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, rechazó los planteos contra los procesamientos. El tribunal es el mismo que en agosto pasado había desestimado un planteo previo para declarar "prescripta" la causa por el paso del tiempo. Una interpretación de las razones que interrumpen la prescripción perjudicó directamente a Menem e, indirectamente, a Cavallo. El riojano volvió a la función pública en 2005 como senador nacional y, según el régimen de extinción de la acción pena, la permanencia de uno de los funcionarios involucrados en una causa en un cargo estatal mantiene abierta la acción penal también para los demás imputados.

Después de aquel revés, ex presidente y ex ministro intentaron que Casación revocara sus procesamientos. En derecho penal es una certeza que, salvo en casos muy excepcionales, el máximo tribunal penal no trata causas en las que no haya una sentencia definitiva, esto es un fallo de un tribunal oral. Una de las excepciones es que haya un detenido, porque la perduración de esa situación puede generar un gravamen de imposible reparación ulterior (nadie puede devolver a una persona el tiempo que permanece presa). Por eso, la prisión preventiva es equiparable a una "sentencia definitiva". En este caso nada de ello ocurría, y el tribunal rechazó el planteo. La medida también alcanza a María Fernández Márquez Miranda, ex empleada del Ministerio de Economía. Además, aparecen bajo investigación los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Saúl Bouer, y los empresarios Horacio Antonio D'Albora y Herminio Villamil.

Pese al fallo en contra, el juez Eduardo Riggi advirtió que "el tiempo de tramitación que registra este proceso afecta gravemente el derecho de los acusados a ser juzgados sin dilaciones indebidas". Y, en sintonía con ese concepto, urgió la realización del juicio oral. «