La provincia logró cerrar dos arduas negociaciones con el Banco Nación. Pudo llegar a un acuerdo por los $18.000 millones que le debe (con un cambio sustancial) y también extendió el vínculo para que la entidad siga siendo el agente financiero de la provincia por cinco años más. Tareas que el gobernador Rodolfo Suarez sigue de cerca desde hace meses.

En los últimos días el entendimiento se aceleró y arribaron a la decisión de firmar este martes en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno. Entre otras cosas, el ministro de Hacienda Víctor Fayad pudo hacer una modificación que era pretendida en Mendoza: el monto adeudado dejará de estar en UVA y volverá a medirse en pesos.

Por lo demás, los pormenores son los que se esperaban desde hace meses. Cinco años más de vínculo, más una cláusula que permitiría extenderlo por otro lustro más (es decir, un lazo que podría mantenerse hasta 2032); y, en cuanto al pago de la deuda, la chance de tener un año de gracia para abonar el capital, sesenta meses de plazo e intereses regidos por tasa Badlar (44,38% este martes).

En la comitiva que llega para estrechar manos con Suarez vienen el presidente del banco, Eduardo Hecker, el mendocino y síndico de la entidad Marcelo Costa y la gerenta general María Barros (primera mujer en ocupar ese cargo en la historia). Partieron cerca de las 8 am desde San Luis, donde habían firmado un vínculo casi idéntico con el gobernador Alberto Rodríguez Saa.

Debate en la Legislatura

En la Cámara de Senadores, dos fuentes del oficialismo admitieron a Diario UNO que este acuerdo implica que pronto se votará en ambos recintos el aval al consenso fiscal que Suarez firmó en Buenos Aires a finales de 2021. “No es automático, no es que estamos apurados ni obligados a llevarlo en los próximos días, pero viene de la mano con este acuerdo”, admitieron.

El sondeo que se hizo los días posteriores a ese aval que Mendoza le dio a la Nación marcaba que la mayoría de los representantes iban a manifestarse a favor. La oposición, por tratarse de una avanzada del Gobierno nacional, de su mismo signo político; y Cambia Mendoza para respaldar una decisión del ejecutivo local. Sólo había algunas dudas en sectores externos, como el monobloque demócrata de Mercedes Llano.

Entre otras cosas, aquel acuerdo obligó a la provincia a desistir de la demanda que preparaba contra la Nación, ya que implicaba suspender todo proceso judicial en ese sentido. Según habían afirmado los miembros del gabinete, la acción pretendía cobrar 18 mil millones de pesos por considerar que el reparto de fondos extraordinarios entre 2020 y 2021 había sido arbitrario y discriminatorio contra Mendoza.