Las acciones enmarcadas en este proyecto de ley deberán extenderse por dos años desde su publicación en el Boletín Oficial y puesta en práctica por parte del Ejecutivo provincial, según la iniciativa.

Argumenta Mendioroz que "la seguridad de la vida, la integridad física de las personas y sus bienes constituye uno de los principales, si no el principal, problema de la sociedad argentina y por ende también rionegrina".

"No hay duda que, por más que quiera disimularse, hay un crecimiento sostenido del delito y en especial del delito con violencia, por lo que no se trata solamente de una cuestión cuantitativa o estadística sino primordialmente de una cuestión de diferencia cualitativa", sostiene.

Hechos delictivos violentos como los recientemente ocurridos en Cipolletti, Bariloche y Viedma, "van dejando de ser excepcionales y se tornan en hechos cotidianos que nos preocupan y mucho", señala el titular del bloque de la ACD.

En su análisis sobre el problema de la seguridad, Mendioroz afirma que "es complejo y obedece a multiplicidad de causas concurrentes, y por ende no puede ser abordado en forma simplista desde las tradicionales posiciones ideológicas preconcebidas".

El legislador atribuye la génesis de la actual problemática, a la implementación de las políticas neoliberales y neoconservadoras ortodoxas que comenzaron a instrumentarse durante por la dictadura militar en el año 1976, se profundizaron en la década de los noventa y desembocaron en la crisis económica, social y política de representatividad del año 2001 "a la que han seguido un sinnúmero de explosiones menores".

Dichas políticas, expresa Mendioroz, "dañaron gravemente el tejido social quebrando las tramas integradoras de las relaciones sociales, económicas y culturales, proponiendo una mayoría que viviera mal, controlada por un Estado represor y punitivo para que una minoría viviera muy bien".

"El resultado fue la exclusión y la marginalidad de una inmensa masa de conciudadanos que vieron desaparecer sus posibilidades de inserción laboral, cultural, educativa y social, con el agravante que no se creó malla alguna de contención".

"Debemos actuar de inmediato poniendo el acento en la prevención por un lado y en la desarticulación y castigo del crimen organizado en gran escala por el otro, pero simultáneamente debemos comenzar una política social integral e integradora de largo aliento", propone.

Mendioroz entiende que para la cuestión en análisis, "la lógica será la inversa a la de otras declaraciones de emergencia. Primero se trazará la política para enfrentar la emergencia declarada y luego se asignarán en forma expedita y urgente, las normas y recursos que demanden esas políticas, en forma progresiva y programada".

Esta cuestión, completa Mendioroz, "exige diagnóstico, diseño de políticas públicas y elaboración de instrumentos legales, pero también exige diseños de esquemas operativos que permitan articular las acciones para luchar contra los distintos componentes de los que se nutre la desigualdad social y la inseguridad".