La DAIA apeló de manera electrónica la decisión del Tribunal Oral Federal N° 8 de sobreseer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán y recusó a los jueces que dictaron la medida.

Aquel acuerdo rubricado por el gobierno kirchnerista en 2013 tenía como finalidad interrogar a los iraníes acusados por la Justicia de la Argentina de haber participado en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

El pasado 7 de octubre, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, integrantes del TOF N° 8 -y ahora recusados por la DAIA-, firmaron el sobreseimiento de todos los imputados, al considerar que el pacto entre Argentina e Irán se trató de una "decisión política" y que no existió delito. De esta manera, los miembros del tribunal desestimaron la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Este domingo, vía electrónica, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó la apelación a esa decisión judicial -horas antes de que venciera el plazo para realizar este trámite- ante la Sala I del Tribunal de Casación.

Entre los funcionarios acusados, además de la vicepresidenta, figuran en el expediente el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el actual senador Oscar Parrilli; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque; y el referente piquetero Luis D´Elía, entre otros.

El pasado 20 de octubre la conducción de la DAIA anunció su decisión de apelar el fallo del TOF N° 8, pese a la postura en contrario de dos de las asociaciones que la integran, Meretz Argentina y Tzavta Centro Comunitario Social y Cultural.

Diferencias políticas 

La decisión se produce en medio de diferencias internas, ya que dos de las entidades que conforman la DAIA,  Meretz Argentina y Tzavta Centro Comunitario Social y Cultural, se mostraron opuestas a la apelación, aunque hoy dejarían sentada su postura en las actas de una reunión de la propia Comisión.

"Esta es una causa con bases en el ámbito político nacional que se intenta dirimir en la Justicia. (…). Encuadraría dentro de las decisiones políticas no judiciables, ya que el Memorándum fue firmado por el Poder Ejecutivo en su esfera discrecional y ratificado por el Congreso Nacional", sostuvieron ambas entidades.

"La DAIA no debe ser vehículo, de ninguna expresión política partidaria, en la lucha política nacional. Consideramos que no tiene que apelar dicha resolución y desvincularse de una causa en la cual nunca tendría que haber sido parte", sintetizó un documento conjunto de las dos organizaciones.

El fiscal a cargo, Marcelo Colombo, quien avaló la efectivización de la audiencia en la que se llevaron a cabo los sobreseimientos, pero rechazó anticipadamente el cierre del expediente, no dio a conocer todavía si apelará o no la decisión.

Antecedentes de la causa

El pasado 7 de octubre Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal Oral Federal número ocho sobreseyeron a la vicepresidenta y a varios de los actuales funcionarios públicos  que también lo fueron al momento de la firma del Memorando, entre ellos el procurador del Tesoro, Carlos Zanini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli.

La firma de la decisión se dió tras el entendimiento de los jueces a cargo de que el pacto entre Argentina e Irán firmado en 2013 no representó un delito, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. "El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito", sostuvo la resolución firmada por los jueces. El caso se había iniciado en 2015 a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El sobreseimiento fue dictado no solo para para la vicepresidenta, sino que abarcó al resto de los acusados, entre quienes se encuentra el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque , el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

"El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional". De este modo, "no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento", señalaron por entonces los integrantes del TOF 8.