Leonardo Fredes

El plenario del Senado sometería esta semana a votación el controvertido DNU 70/23. Si bien existe cautela en quienes lo defienden y quienes quieren derogarlo, por estas horas el porotéo le estaría siendo favorable a estos últimos.

A la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no le quedan muchas más excusas para dilatar la convocatoria a sesionar: Unión por la Patría se lo viene pidiendo desde hace más de un mes, y en los últimos días se sumo otro pedido de senadores de bloques provinciales y exkirchneristas.

Desde ambos sectores reconocen que a la dinámica dilatoría del eje oficialista La Libertad Avanza-Frente PRO en la comisión bicameral de tratamiento de los DNU no le queda mucho margen para evadir el tema, más allá de que a esta altura –por cuestiones reglementarias— lo que dictamine la comisión es meramente testimonial-.

En este escenario la vicepresidenta de la Nación convocaría para sesionar el jueves —o eventualmente el miércoles— y, ante la presunción de una posible derrota en el tema DNU, buscará llenar el temario con iniciativas de otra índole. Entre ellas, una relacionada a políticas contra el lavado de activos; la que autoriza las salidas del país del presidente de la Nación o el ingreso y retiro de pliegos de diplómaticos y jueces que esperan sus acuerdos. Sería una forma de licuar —palabra de moda en el gobierno libertario— la eventual mala noticia con otras.

En esa eventual primera sesión del año —sacando las preparatorias— iba a ser inevitable que se debatiera el asunto caliente de la semana pasada, que explotó el fin de semana con el aumentó que se otorgó el presidente Milei: la suba de las dietas de los legisladores. Anoche, finalmente, Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmaron una resolución conjunta anulando el aumento del 30% para los legisladores de ambas cámaras.

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Para avanzar contra los que considera como perjuicios provenientes del articulado del DNU 70/23, como el aumento de las prepagas o el ida y vuelta con las empresas públicas, Unión por la Patria necesita sumar cuatro senadores más para alcanzar el objetivo.

Para alcanzar los 37 necesarios del quórum y de la mayoría simple, suma a los 33 propios y cuatro que podrían salir de la lista de los que le pidieron oportunamente a Villarruel que convoque a una sesión para analizar el DNU.

Esa nota, presentada el 27 de febrero lleva las firmas de dos exintegrantes del Frente de Todos, Edgard Kueider y Carlos Espínola (de Unidad Federal), la cordobesa Alejandra Vigo; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce y la rionegrina Mónica Silva, los últimos seis referenciados en sus respectivos gobiernos provinciales.

Además, en el documento aparece la firma del radical fueguino Pablo Daniel Blanco, dejando en evidencia, nuevamente, la diferencia de posicionamientos que hay en ese bloque sobre este y otros temas de coyuntura.

A esta lista mira el Frente de Todos para buscar llegar a los 37, con la aclaración que el pedido a Villarruel fue realizado el martes 27 y posteriormente llegó el llamado del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo y la reunión del viernes pasado de funcionarios del Poder Ejecutivo con los gobernadores.

Sin embargo, desde el espacio que dirigen los peronistas José Mayans y Juliana Di Tullio, confían en que alguno de los gobernadores terminará respaldando la derogación (además de los mencionados también talla el neuquino) o que algún radical “actúe a conciencia y no quede atrapado en la dialéctica del ‘votan igual que el kirchnerismo’” 

Desde los espacios provinciales que podrían colaborar con algún voto evalúan darle una señal de alerta al gobierno de Milei en medio de la nueva negociación por la ley ómnibus y el tironéo por el proyeto sobre Ganancias.

“Esto es sólo una media sanción y lo sabemos; pero queremos que el gobierno entienda que si queremos podemos avanzar también en Diputados. Podríamos aportar a la media sanción y esperar que el gobierno cambie su trato con los gobernadores. Es una posibilidad”, señalaron a elDiarioAR desde el entorno de uno de los senadores que firmó la nota de pedido de sesión.

En caso de que el Senado lo rechace, el DNU de todas maneras seguirá vigente, ya que sólo cae si lo votan negativamente las dos cámaras, en sendos recintos.

En Diputados, hasta antes de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, los poroteos de los diferentes bloques daban, números más, números menos, 131 por la ratificación contra 126 en contra. Pero con tan escasa diferencia nadie se aventuraba a que se abriera una sesión para definirlo.

En busca aún de la salida elegante los bloques intermedios, sobre todo Hacemos Coalición Federal (Miguel PIchetto y compañía) y el sector dialoguista de la UCR, siguen insistiendo con que antes de derogarlo se voten proyectos espejo derivados del contenido del DNU.

Ese voluntarismo por ahora no tiene devolución por parte de los representantes de “las fuerzas del cielo”, que siguen con la estrategia de estirar los tiempos mientras juegan todos los plenos a la relación —sobre todo económica y financiera— del Gobierno nacional con las provincias.