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CRISTIAN CARRILLO

Esta semana el Gobierno terminó de delinear el marco jurídico que lo habilita llevar adelante un nuevo megacanje de deuda, contradiciendo las expresiones del presidente Javier Milei asegurando que tenía garantizado el pago de los intereses de deuda y el refinanciamiento de los vencimientos de capital. Entonces, la pregunte es: ¿Cuál es la necesidad de reemplazar una deuda por otra? “Aun manteniendo la denominación de la deuda en dólares, la extensión de plazos tiene sentido en tanto que existen vencimientos en el corto plazo en un contexto de escasez de reservas y flujos de entradas y salidas de dólares en creciente tensión”, responde un informe de la consultora lcg.

“Si yo aseguro el déficit financiero cero no se acumula más deuda -explicó el Presidente-, y si no acumula más deuda la relación o proporción entre deuda y producto no es no creciente con lo cual me aseguro la condición de solvencia intertemporal. Es más, ya tenemos cerrado el rollover. Con lo cual solo tenemos que garantizar los intereses. Ya tenemos armado las REPO para el año que viene por si queremos salir al mercado y no tenemos para refinanciar, tenemos las repo para cubrir. O sea que pagamos como sea. Inexorablemente la tasa de interés se derrumbará cuando se vea que soy solvente. La plata de los intereses ya la deposité y la del capital sino la puedo rollear tengo abrochado los REPO”, había dicho el presidente en julio pasado.

En el proyecto de Presupuesto para el año próximo se presenta un esquema de déficit financiero cero, que permite que el ahorro primario sirva para pagar los compromisos de todo el año en materia de deuda. Sin embargo, el acelerado proceso de endeudamiento que llevó a cabo el tándem Caputo-Bausili y la fallida política de acumulación de reservas hace inviable que se cumplan con los vencimientos en tiempo y forma. De acuerdo con un nuevo relevamiento privado, en este caso de lcg, durante 2025 vencerán casi 9.000 millones de dólares por títulos en moneda extranjera sumando intereses y capital, de los cuales la mitad se concentra en enero.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno está negociando un REPO (préstamos con bancos contra entrega de títulos públicos) para pagar los intereses de enero (1.500 millones de dólares), utilizando el oro enviado al exterior y tal vez BOPREALES como garantías. “Entonces, se prevé que el canje que está preparando busca un trueque voluntario de extensión de plazos, dado que los rendimientos vigentes todavía no permiten acudir al mercado de deuda.

En el decreto de esta semana, el Gobierno deja suspendidos los alcances de la Ley de Administración Financiera, que establecía ante una renegociación de pasivos, que deberían mejorarse dos de tres variables financieras: tasa, plazo o capital. De tal manera, la suscripción de títulos con otros títulos vigentes funcionaría como una emisión de deuda (cara para el país) junto con una recompra de deuda (conveniente para el Gobierno).

“Se quiere evitar el título de ‘reestructuración’, con el eventual costo reputacional implícito de esto. En ese marco, es posible que se pretenda, además, aprovechar la curva invertida de dólares: se recompra a tasas más elevadas, se emite a tasas más bajas (pero por más tiempo). Más difícil, pero no hay que descartar la posibilidad de rescatar deuda en dólares para emitir deuda en pesos a tasa fija, en caso de que se den las circunstancias de mercado, con la percepción de que el tipo de cambio y la inflación están controlados”, explica el informe de la consultora lcg.

En el mercado anticipan que el decreto apunta a dotar a Economía de un paraguas legal para facilitar una administración de pasivos, habilitando retirar del mercado títulos no muy requeridos por contar con intereses escuetos (básicamente Bonares y Globales), y aprovechar para extender plazos con otros instrumentos con un condiciones más ventajosas para los inversores. Probablemente para que los tenedores entren en un canje voluntario, el “endulzante” deberá dejar de lado quitas de capital (reducción de montos), por lo que la extensión de plazo a la par de un cupón más alto genera la necesidad de saltearse el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera.

Por el lado de los recursos para pagar la deuda, esta semana hubo un hecho relevante, en una reunión del presidente Santiago Bausili con referentes del mercado. De ese convite circuló entre los hombres de negocios un diagnóstico mucho más pragmático que el que esgrime el Gobierno de manera oficial. El titular del Central reconoció que el blanqueo hace subir reservas brutas pero no netas; hay inercia inflacionaria con lo cual la disciplina fiscal no alcanza para poner la inflación en menos del 1 por ciento; los salarios y la recuperación afectan a la desinflación; la base monetaria ahora no parece ser un agregado relevante; para levantar el cepo importan los flujos de dólares más que el stock; importan más los dólares que los pesos y estarían pensando en un nuevo programa con el FMI. “En definitiva, la piedra en el zapato sigue siendo la cantidad de dólares”, concluye lcg.