Pedro Lacour

Mucho ruido y, por ahora, pocas nueces. Javier Milei había prometido, en su entrevista con LN+ la semana pasada, un “mega-DNU” que transformaría de raíz el aparato estatal. Con su habitual vehemencia, habló de eliminar decenas de organismos, fusionar áreas redundantes y derogar miles de normativas que, según él, solo existen para mantener los “privilegios” del “partido del Estado”. Pero cuando el decreto 70/2025 vio la luz este martes, quedó claro que el impacto no sería inmediato ni tan masivo como se había anticipado. Lo que debía ser un gran corte de motosierra resultó, en cambio, un ajuste más acotado.

"Deep motosierra": Milei acelera el ajuste y busca fusionar o eliminar 60 organismos del Estado

El DNU firmado por el Presidente elimina las subsecretarías de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda, ambas bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, mientras que coloca a la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana como dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. El armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, conservaría su lugar al frente de este área, en una decisión que le permite conservar su peso específico dentro del oficialismo.

El presidente Javier Milei visitó el pasado 8 de noviembre el ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Twitter @fedesturze

Otra de las medidas incluidas es la eliminación formal del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), aunque esta movida tiene más de regularización administrativa que de revolución: el organismo había sido disuelto en noviembre de 2024, por lo que el decreto simplemente consolida su desaparición en términos legales. Por otro lado, el texto establece un régimen para el personal de las áreas afectadas, que podrán ser reubicados en otras dependencias o pasar a disponibilidad, según lo dispuesto en los artículos 10 y 11.

Si bien estas medidas van en línea con la promesa de reducir el tamaño del Estado, no alcanzan la magnitud de lo que Milei había adelantado en su discurso. Sin embargo, desde el Gobierno explican que el ajuste anunciado no quedó en el camino, sino que será implementado en etapas. Según fuentes oficiales, la idea es avanzar de forma progresiva para evitar conflictos internos y asegurar una ejecución más ordenada, una estrategia jurídica que está a cargo de la secretaria María Ibarzábal.

“La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, escribió Federico Sturzenegger en su cuenta de X, como es habitual cuando se publica un decreto que lleva su sello. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado apuntó que, a través del 70/2025, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat”.

Los organismos en la mira

Antes de la publicación del decreto 70/2025, desde el Gobierno habían trascendido detalles sobre una lista más extensa de organismos que serían alcanzados por el ajuste bajo el concepto del “deep motosierra”. Entre las áreas más mencionadas estaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), encargado de establecer los precios de referencia para los productores yerbateros. Aunque este organismo parecía estar en la mira inicial del Ejecutivo, las últimas informaciones indican que habría quedado fuera del decreto, al menos por el momento.

Otro de los organismos señalados como posible blanco del ajuste era el Instituto Nacional del Agua (INA). Este ente, clave para la investigación y gestión de los recursos hídricos, jugó un rol crucial en la prevención de inundaciones y sequías, por lo que su posible disolución generó preocupación en sectores relacionados con el medio ambiente y la infraestructura. Sin embargo, hasta ahora no se incluyeron decisiones concretas en ese sentido.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a la cabeza del plan económico de Javier Milei.

En el ámbito agropecuario, también se habló de posibles ajustes en organismos de regulación vinculados al sector. Si bien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró quedar fuera de la intervención directa, la reducción de controles en otras áreas plantea interrogantes sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en términos comerciales, particularmente frente a las barreras sanitarias que socios internacionales podrían imponer si las regulaciones no cumplen con estándares internacionales.

A pesar de estas menciones, algunos sectores estratégicos parecen haber quedado blindados frente al ajuste anunciado por Milei. Universidades, así como organismos vinculados al Poder Legislativo y Judicial, no fueron alcanzados por las medidas actuales. Además, instituciones como el Conicet, la ANMAT, la CNV, el INTA, el INPI, el Incucai y otras quedaron protegidas tras ser excluidas explícitamente por el Congreso al momento de votar la ley Bases. Esta decisión refleja la necesidad de mantener el funcionamiento de áreas consideradas fundamentales para el desarrollo científico, la salud pública y la regulación económica.

El Decreto 70/2025, entonces, parece más una fase inicial que una transformación total. Esto no significa que el Gobierno haya renunciado a sus intenciones, pero sí evidencia que, mientras Milei avanza en su plan de ajuste, debe lidiar con un equilibrio delicado: cumplir con su promesa de achicar el aparato estatal sin sacrificar del todo servicios e instituciones clave. Por ahora, el “mega-DNU” prometido sigue siendo un primer paso en un proceso que, según aseguran desde Casa Rosada, se completará de manera paulatina en las semanas por venir.