Se cumplió con lo publicado el sábado por El Diario: se ratificó que el jefe comunal incurrió en "faltas graves, violando sistemáticamente lo normado y establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades durante el ejercicio del cargo para el cual fue electo".

Tras la lectura del dictamen, compuesto por 72 fojas, la mayoría de los concejales emitieron su opinión. Este fue aprobado por todo el arco opositor mientras que el de minoría, elevado por el oficialismo, objetando la creación de la comisión y también la calificación previa de los actos del titular del Departamento Ejecutivo antes de la sesión especial, fue rechazado.

Cuarto intermedio

La sesión fue seguida atentamente durante la lectura del dictamen por más de medio centenar de personas, la mayoría de ellas integrantes del gabinete municipal (secretarios, subsecretarios y directores de cada una de las áreas). El momento de mayor "voltaje" se produjo cuando se estaba abordando el punto uno del dictamen, referido al conflicto desatado entre los agentes de la carrera profesional hospitalaria y el Ejecutivo por el incumplimiento de la ordenanza 100/06 de mejora salarial.

Algún intolerante, no respetando las normas establecidas para cuando sesiona el Deliberativo, lanzó improperios, insultos, agravios y acusaciones lo cual obligó al presidente del cuerpo, Esteban Reino, a pedir un cuarto intermedio (ver insultos...).

Treinta minutos más tarde se prosiguió con la lectura del dictamen.

Ocho fueron los casos analizados por la comisión. El propio Intendente tuvo la oportunidad de hacer su descargo, cuyo contenido reveló a la prensa la semana anterior, en el que rechazó cada uno de los cargos. Pero la comisión, luego de analizar el contenido, se mantuvo en sus dichos. Afirmó que el ingeniero Pérez cometió "faltas graves". Es por ello que en el párrafo final, la comisión, creada en el marco del artículo 249 de la ley Orgánica Municipal y que fue presidida por el propio Reino, secundado por Pedro Steffan como secretario, consideró "respetuoso y prudente" que el dictamen, acompañado por el informe de la comisión investigadora, sea elevado al Tribunal de Cuentas bonaerense, a la Oficina Anticorrupción de la Nación y a la Unidad Fiscal Descentralizada local para "que le den el tratamiento que corresponda".

Los incumplimientos

Según la comisión investigadora, los incumplimientos en que incurrió este Departamento Ejecutivo desde diciembre de 2007 son los que a continuación se detallan:

- Conflicto con agentes de la carrera profesional hospitalaria por incumplimiento de la ordenanza 100/06 de incremento salarial del 35%.

La comisión dijo, entre una serie de consideraciones, que no le asiste razón al jefe comunal respecto a la interpretación que hace del decreto 1125/07, "porque si bien el mismo resultó convalidado por el Concejo, lo fue con la observancia del artículo 3 (el que expresamente prevé el cumplimiento del artículo 8 de la Ordenanza 100/06), donde se reitera al Ejecutivo que dé cumplimiento a los incrementos".

Más adelante dice que el Intendente debió cumplir con la Ordenanza 100/06 "y si no estaba de acuerdo, plantear su dero-gación...y no interpretar lo que le pareció respecto de que si es constitucional o no".

Asimismo, se calificó de errónea la interpretación del Intendente de que no se ha puesto en riesgo el patrimonio municipal ya que en caso de que la Justicia falle a favor de los profesionales de la salud, el municipio será responsable.

La comisión calificó de manera contundente que este incumplimiento es una "falta grave".

- Derecho a la información pública

Se indicó que el jefe comunal violó las ordenanzas 38/06 y 64/08 en 64 ocasiones (entre enero y octubre de 2009). Se calificó de "rutinaria" y "constante de gobierno, agravadas por ocultamiento de información pública y un comportamiento de negligencia reiterada que se puede calificar con certeza como conductas y faltas graves en el ejercicio de las funciones de Intendente".

- Declaración de utilidad pública de las obras públicas municipales

En este punto fue el único que la comisión investigadora atenuó parcialmente los cargos formulados hacia el Intendente, a partir de la documentación aportada por éste. Consideró la comisión que el Concejo fue marginado al no brindársele información sobre convenios y obras públicas en marcha, "conducta que puede caracterizarse como incurso en falta grave".

- Cesión de uso y explotación de quiosco en plazoleta de juegos infantiles en avenida Uriburu, entre 18 y 20

La comisión sostuvo que Pérez actuó en forma "negligente", quien "a pesar de ser advertido de manera formal por nota e institucional por Decreto 11/09, sobre la inconveniencia de que Mario Miguel Delatorre continuara explotando el quiosco de la plazoleta de avenida Uriburu, entre 18 y 20, por estar relacionado a la comercialización de drogas ilícitas, permitió su continuidad durante más de nueve meses con todas las implicancias y consecuencias de semejante vinculación". Pero además, dijo, se vio agravada su responsabilidad por su responsabilidad política como autoridad operativa de la Policía Comunal.

El incumplimiento, añadió, es una "falta grave".

- Declaración jurada de situaciones y estados patrimoniales

La comisión subrayó que la documentación de descargo presentada por el Intendente y los funcionarios de su gabinete confirma "ampliamente la transgresión", además que "el incumplimiento demuestra una conducta reiteradamente negligente agravada por la propia confesión del desconocimiento de la normativa vigente".

También aquí la comisión calificó el incumplimiento como "falta grave".

- Delimitación de la circulación en el cerro «El Triunfo».

Para la comisión investigadora, "las consecuencias del incumplimiento no solamente resultaron sentidamente trágicas para las familias de Balcarce, sino que además nos deja en el escenario de una demanda judicial cuya magnitud en términos económicos podría poner en riesgo las arcas del tesoro municipal". Se calificó también esta falta como "grave".

- Cuatro casos de irregularidades e incumplimientos

Exención del pago de derechos de construcción: incumplimiento en la elevación de la nómina de empresas eximidas del pago de dicho derecho, conducta ésta "reñida con la ética y lejos de la integridad moral que necesariamente deben tener todos los actos del gobierno municipal máxime cuando los beneficios que se otorgan están vinculados a empresas con fines de lucro". Se calificó el incumplimiento como "falta grave".

Presentación del proyecto de presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio 2010 y/o solicitud de prórroga para su elevación al Concejo Deliberante: no se presentó en la fecha prevista por la Ley orgánica Municipal ni se cursó solicitud formal de prórroga.

Irregularidades en la convocatoria y conformación del Registro Especial de Mayores Contribuyentes para el período 2009-2010: se elevó la lista de vecinos en forma extemporánea (tres meses después), "incluyendo vecinos que ni siquiera habían sido notificados de su inclusión en la misma", lo cual se califico como "falta grave".

Ocultamiento de información pública: hubo transgresiones y negligencias reiteradas para la comisión, "que se pueden calificar definitivamente como conductas graves en el ejercicio de las funciones de un Intendente.

- Observaciones destacables de la comisión investigadora: afectación de vehículos particulares para uso oficial, rendición de gastos y viáticos desde el 10 de diciembre de 2007 a la fecha, exención de los derechos de construcción, rendición de la partida de pauta oficial de publicidad, rendición e inversión del denominado fondo sojero, rendición de los fondos afectados a la bonificación de $ 600 por la pandemia de gripe A, y copia de los expedientes donde constan los déficit presupuestarios de los años 2008 y 2009 a la fecha.

"Esta comisión investigadora ratifica lo expresado en el informe, que se incumple con lo que se requirió ya que lo solicitado es una herramienta que permite monitorear el erario público y tener previsibilidad", subrayó.