Por Pablo Winokur

En el peronismo insisten en que hay que terminar con los “privilegios” de la Ciudad de Buenos Aires. Consideran que es una ciudad que creció desmedidamente gracias a los recursos que durante más de 150 años le aportó el Estado nacional. Es más, creen que los ingresos propios de la Ciudad están desproporcionados: “Las empresas ponen sus sedes administrativas en la Ciudad y tributan ahí, pero muchas veces sus fábricas están en el conurbano o en otros puntos del país”, plantean.

Por eso, algunos sectores del peronismo están pensando ideas para “desbancar” a esa ciudad que logró -según ellos entienden- artificialmente la autonomía.

El que encendió la voz fue uno de los hombres más cercanos a Fernando Espinoza, el todo poderoso intendente de La Matanza, el distrito más importante del país. Se trata de Miguel Saredi, hoy secretario de Planificación operativa del municipio y mano derecha del intendente. Es un dirigente que durante años fue líder de la oposición en La Matanza, pero que se acercó a Espinoza después de la pandemia y recientemente volvió al peronismo.

“CABA es la cosa más discriminatoria de la Argentina. Asiento del gobierno federal y en una situación de autonomía. Es un privilegio que no hay en ningún lugar del mundo”, explica.

Saredi presentó un documento que detalla por qué La Matanza debería ser una Ciudad Autónoma con características similares a las de la Ciudad de Buenos Aires: esto incluiría la posibilidad de recaudar sus propios impuestos, recibir coparticipación nacional, tener su propia policía y Justicia, entre otros beneficios. E incluso -por qué no- hasta tener sus propios diputados y senadores.

“Queremos el mismo régimen. Tenemos casi los mismos habitantes, mucha más extensión geográfica y albergamos a todos los pobres de la Argentina y de países hermanos. En cambio, la Ciudad tiene el domicilio fiscal de todas las sociedades anónimas ricas de la historia de la Argentina, les bancan la policía y pueden cobrar impuestos. Es ridículo”, plantea Saredi ante la consulta de A24.com. Y recuerda que ya existieron proyectos para convertirlo en una nueva provincia.

“Si nos dieran ese status, el crecimiento sería impresionante porque la gente de La Matanza trabaja, a diferencia de los porteños, que son todos servicios especulativos”, afirma.

El escrito en el que Saredi plantea la necesidad de la autonomía de La Matanza concluye con las siguientes reflexiones:

1- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una superficie de 205,9 km² según el Instituto geográfico nacional y viven dentro de esa superficie 3.083.770 habitantes según la estimación oficial del Indec. Esto resulta en una densidad de 14.977 habitantes por kilómetro cuadrado.

2- Con estos parámetros físico-poblacionales, CABA tiene un presupuesto 2023 aprobado de 2 billones 154.963 millones de pesos. Es decir, cuenta prácticamente con 700.000 pesos por habitante por año para la ejecución de obras y servicios.

3- El partido de La Matanza tiene una superficie de 325 km² y cuenta con una población en el distrito estimada en 2.419.871 habitantes según la misma estimación oficial del Indec. Esto da por resultado una densidad poblacional de 7.430 habitantes por kilómetro cuadrado.

4- Pese a una relación física-poblacional semejante, el municipio de La Matanza cuenta con un presupuesto municipal 2023 de alrededor de $60.000 millones, es decir, apenas el equivalente al 2.78 % de los fondos públicos con los que cuentan los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

Una historia de odios

La bronca moderna del peronismo con la Ciudad de Buenos Aires tiene otro origen. Desde la autonomía de 1996, nunca más pudieron gobernar el distrito. Y además, la misma ciudad funciona como trampolín para la presidencia. Recuerdan que 3 de los 5 últimos presidentes electos fueron porteños.

Pero hay más: la potencia de la Ciudad y la amplificación hacia el conurbano permitió que desde 1999 hasta acá, 4 de los 5 gobernadores electos de la provincia fueran porteños.

• Carlos Ruckauf
• Daniel Scioli
• María Eugenia Vidal
• Axel Kicillof

La excepción fue Felipe Solá, que era vicegobernador y asumió en 2001; luego pudo reelegir. Parece que por la magnitud de los problemas que tienen la Provincia y los municipios es imposible que un intendente ascienda a gobernador.

Y también es imposible que un gobernador llegue a presidente. Hasta tiene nombre: se le llama “La maldición de Alsina”, primer gobernador de la historia que intentó ser presidente de la Nación. No lo logró ni él ni ninguno de los que vino atrás.

El legado de Alfonsín

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires fue lograda por Raúl Alfonsín con la reforma constitucional de 1994. En ese momento Carlos Menem quería reformar la Constitución como sea para conseguir su reelección. Alfonsín sabía que Menem podía forzar esa reforma en el Congreso y eligió pactar para poder llevarse algo.

Entre otras cosas, logró que la Ciudad sea autónoma, es decir que pueda elegir su intendente (devenido en Jefe de Gobierno), tener su Legislatura y otras facultades. Alfonsín intuía que la Ciudad sería siempre adversa al peronismo y leyó que podía ser un territorio desde el cual proyectar nacionalmente al radicalismo. Leyó bien: 4 años después, De la Rúa era presidente.

Hasta ese momento la Ciudad era gobernada por un intendente que ponía el presidente, como si fuera un ministro. Ni siquiera había manera de removerlo. El habitante de la Ciudad era el único en todo el país que no podía votar a sus autoridades.

La pelea por los fondos

El problema es que para ejercer la autonomía había que tener plata. Y la plata viene de los pocos impuestos que pueden cobrar localmente más lo que se transfiere por “coparticipación”: todo lo que recauda el Estado nacional los redistribuye con las provincias según porcentajes prefijados.

Segundo problema: la ley de coparticipación es de 1988 y está vigente desde antes que la Ciudad sea autónoma. Por lo tanto, a CABA no le correspondía nada.

En 2003, después de muchos pactos fiscales, se determinó que a la Ciudad le correspondería el 1,4% de la Coparticipación.

Y acá aparece el tercer problema. La Nación se hacía cargo de muchos servicios aún cuando le derivaba el 1,4%. Cuando la Ciudad empezó a exigir que se les pase la Justicia y la Seguridad (policía incluida), pedía que ese traspaso se hiciera con los fondos respectivos.

La Constitución establece que si se transfiere una responsabilidad, se debe hacer con la plata para solventarla (artículo 75 inc. 2): “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.

Pero para eso hace falta una ley del Congreso. Y los diputados y senadores del resto del país no estaban dispuestos a votar una ley para derivar fondos a la Ciudad para que se hiciera cargo de la policía. Este conflicto persistió desde 1996 a 2015.

En 2015, Macri decidió hacer esta transferencia por decreto. Y fijó un montó extra de coparticipación para financiar la policía. En total se iba a 3,25%.

La Ciudad aceptó a través de una ley de su Legislatura esa transferencia. El resto de los gobernadores criticó la maniobra. La Provincia no dijo nada porque Vidal era socia política de Macri. Además, se llevó una torta de plata por la actualización del Fondo del Conurbano, aunque eso es para otro capítulo.

Cuando reasumió el kirchnerismo, en 2019 Cristina empezó una embestida contra la Ciudad, justamente desde La Matanza, el territorio que ahora plantea que quiere ser “autónomo”. Planteó que no era justo que la Ciudad tuviera esa transferencia de recursos para poner hermosos “agapantos”, mientras en el conurbano faltaba agua potable.

En 2020, plena pandemia, una sublevación de la policía bonaerense que pedía que le aumenten los salarios terminó haciendo escalar el conflicto: Alberto Fernández le sacó por decreto a la Ciudad la coparticipación extra que le había dado Macri y todo terminó en la Justicia.

Mientras tanto, el resto de los gobernadores mira para el costado. “El sentimiento antiporteño es tan fuerte que siempre va a ser bien visto en las provincias pelear contra la Ciudad de Buenos Aires”, explica un funcionario peronista del interior del país. “Además, no queremos que la Corte le financie la campaña a Larreta”, sentencia.

La solución imposible

La única solución posible a este conflicto sería sancionar una nueva ley de coparticipación. Hoy, del total de los impuestos que recauda Nación:

• 42,34 % va al Tesoro Nacional
• 56,66 % va a las Provincias.

(Aclaración: hay algunos fondos que no entran en la repartija y además hay impuestos no coparticipables. Pero vamos a simplificar la cosa, para que se entienda).

El 56,6% se distribuye de acuerdo a la ley 23.548 de coparticipación, votada en 1988. Esa ley perjudicó a la Provincia de Buenos Aires porque en ese momento Alfonsín necesitaba que se aprobara y el gobernador que cerró el acuerdo base era radical. Prometieron revisarla al año siguiente y obviamente nunca se hizo.

El problema es que para cambiar la ley de Coparticipación, la Constitución marca que se tiene que presentar en el Congreso un nuevo proyecto con el apoyo de los 24 gobernadores. Después se tiene que aprobar en el Congreso con mayoría especial y por último se tiene que ratificar en las Legislaturas de todas las provincias.

Como una ley de ese tipo siempre va a tener ganadores y perdedores, es imposible que haya tal unanimidad, especialmente en un país que no se ponen de acuerdo ni siquiera en cosas más sencillas. Por lo tanto, es imposible que se apruebe.

Pero a título informativo, hay un trabajo muy interesante hecho por Martín Lousteau mucho antes de que se involucrara en política. Fue en 2003, en un libro apadrinado por la fundación Unidos del Sud que se llamó “Hacia un federalismo solidario”.

Su propuesta era empezar todo de cero y repartir la coparticipación en función del promedio de algunas variables objetivas:

• Cantidad de población
• Cantidad de población bajo la línea de pobreza
• Cantidad de población desocupada
• Participación en el PBI

De esa manera se equilibraba un poco para que los más pobres recibieran un poco más y compensar las inequidades que existen en el país. Además, la propuesta contemplaba que se empiecen a coparticipar impuestos que hoy se queda el Estado nacional; todos ganarían.

Pero claro, para sancionar una ley así hace falta demasiada voluntad y generosidad política.

Algo que no se ve en estos días en que el peronismo quiere sacarle como sea fondos a la Ciudad que políticamente le es hostil; y la oposición prefiere usarlo como bunker de campaña para su proyección presidencial. Un juego de suma cero en el que al final perdemos todos.