Tras la embestida de varios dirigentes del núcleo duro del kirchnerismo que criticaron la condena argentina en la ONU a las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, funcionarios de la Cancillería comenzaron a trabajar desde el martes por la noche para que el presidente Alberto Fernández mantenga una comunicación telefónica con Nicolás Maduro. El Presidente analizó esa posibilidad, pero este miércoles por la mañana desistió de esa comunicación y decidió no hablar con Maduro para explicarle la posición argentina.

Argentina apoyó el martes una resolución que adoptó el duro informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre las vejaciones del régimen chavista, y votó a favor de la prórroga del trabajo de la misión de expertos que investiga esas cuestiones en Caracas.

La llamada que se le preparaba a Fernández con Maduro generó versiones cruzadas dentro del propio Gobierno. El llamado entre Maduro y Fernández lo estuvo organizando el equipo del canciller Felipe Solá.

El primero que anticipó el llamado telefónico fue el ex piquetero Luis D’Elía. El martes por la noche dijo en un tuit: “Probablemente mañana tengamos comunicación telefónica” entre Maduro y Fernández. Ayer, en radio, D’Elía siguió con el tema: “Si hoy hay llamado telefónico de Maduro y Alberto, detrás van a estar la mano de CFK y de Cuba”, dijo.

D’Elía se sumó a las voces de Alicia Castro -que optó por declinar la posibilidad de que se la designara como embajadora en Moscú-, del Partido Comunista y del Frente Grande, que criticaron al Gobierno por cambiar la política exterior y cuestionar a Venezuela por las violaciones a los derechos humanos en ese país. Son todos sectores que hoy no tienen representación política fuerte, pero que fueron protagonistas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando el país era aliado del chavismo.

En cambio, aunque de de modo indirecto y por Twitter, Roberto Lavagna -ex candidato presidencial de Consenso Federal- sumó su repudio al régimen de Maduro, sin nombrarlo.

“El mundo está experimentando situaciones que deben determinar a la Argentina a definir posiciones firmes en el contexto internacional que expresen vocación de pertenecer a un capitalismo competitivo, compatible con la justicia social e irrenunciable respeto a los derechos humanos”, dijo. Y se declaró contra “toda forma de autoritarismo y populismo”.

Por su parte, en su segundo informe de gestión ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió al embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien la semana pasada había tildado de “sesgado” el informe de la ONU que el martes aprobó la Argentina, lo cual le valió un cruce con la propia Cancillería y recalentó la pelea en el oficialismo por ese tema.

“¿Raimundi va a seguir siendo embajador o no?”, fue la consulta insistente de varios senadores de Juntos por el Cambio a Cafiero.

“Claro que nosotros estamos conformes con su tarea, y no está bajo ningún estudio su funcionamiento ni su cargo. Quiero desmentir esto, ante las preguntas que se reiteraron por parte de la oposición tratando de fijar algún tipo de duda sobre la tarea de nuestro embajador en la OEA”, replicó el el jefe de Gabinete.

Cafiero también habló del régimen de Maduro. “Nosotros no vamos a promover ningún golpe de Estado, ni la defensa de gobiernos auto-asignados. Argentina ratificó la decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y en cualquier gobierno. Es algo de la política de nuestro país, y no hay distancia ni diferencia con lo que se vino haciendo siempre”, dijo el funcionario ante los legisladores.

El kirchnerismo lleva años defendiendo al régimen chavista en varios foros internacionales y nunca había manifestado una crítica tan directa como la que ocurrió esta semana, cuando votó a favor de un informe de las Naciones Unidas que denuncia las violaciones a los Derechos Humanos promovidas por Maduro.

La “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se instaló en Caracas e investigó en profundidad 223 casos individuales de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen de Maduro desde 2014 y también examinó otras 2891 denuncias similares.

El mandato fue el de investigar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.