La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, decidió dar un salto hacia adelante y diferenciarse de su antecesor, Juan Zabaleta, después de las revelaciones que realizó Infobae sobre el cobro irregular de más de 250 mil planes Potenciar Trabajo: obligará a que los beneficiarios (1.383.279 personas en total) realicen una “autogestión de validación de identidad” y respondan una encuesta. Quienes no lo hagan hasta el 5 de enero, serán dados de baja de manera automática.

Así se lo confirmaron a este medio funcionarios de Desarrollo Social. La decisión, adelantaron los mismos colaboradores de Tolosa Paz, viene de la mano de una segunda iniciativa: dar por terminada la promocionada “auditoría presencial” sobre el programa Potenciar Trabajo, que con bombos y platillos había anunciado su antecesor y que quedó en mano de estudiantes de universidades nacionales que habían sido capacitados para esa tarea. No iban solos, estaban acompañados por integrantes de los movimientos sociales de los cuales dependían las Unidades de Gestión, en su mayoría cooperativas de la economía popular que pertenecen a las mismas organizaciones.

El anuncio de esta auditoría por parte de Zabaleta llegó después de las criticas de Cristina Fernández de Kirchner sobre la política social, por haber quedado en manos de los movimientos populares vinculados al Frente de Todos como el Evita. La ex mandataria reclamó volver a tomar el control de los planes sociales.

Victoria Tolosa Paz suspendió la auditoría sobre el Potenciar Trabajo que había dispuesto su antecesor, Juan Zabaleta. La reemplazará por una "validación virtual"

La Vicepresidenta apuntaba a Emilio Pérsico uno de los lideres de esa organización y secretario de Economía Social. De esa área depende el programa Potenciar Trabajo ahora bajo sospecha y revisión.

La medida sobre el cambio de modalidad de auditoría, o censo, fue consensuada con los principales dirigentes sociales enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular.

La decisión de la ex diputada nacional de dar marcha atrás con la auditoría anunciada por el intendente de Hurlingham, está acompañada de críticas al ex funcionario, aunque no lo expresarán en público.

Cuando Tolosa Paz pidió un resumen del trabajo, le presentaron un magro listado de unos 35.000 beneficiarios del más del millón trescientos mil titulares: “A este paso terminamos en cuatro años”, dijo la contadora ante sus colaboradores.

Los formularios diseñados por la gestión Zabaleta, a criterio de la funcionaria, tenían algunas deficiencias: cantidad de hijos de los beneficiarios, estudios, capacitación, qué otros programas reciben en el núcleo familiar y voluntad en cambiar de oficio, entre otros ítems. Para la ex concejal de La Plata es necesario “un buen diagnóstico para direccionar las políticas públicas”.

En su lugar, Tolosa Paz decidió implementar “un sistema de validación de identidad digital”, más un formulario online.

Según un informe de la AFIP, más de 250.000 personas cobraban el programa Potenciar Trabajo por fuera de las normas (Adrián Escandar)

Un estrecho colaborador de la ministra explicó que “la validación de identidad estará acompañada del chequeo de la titularidad de cuenta bancaria de los titulares del Potenciar Trabajo” a través de la aplicación Mi Argentina.

Los funcionarios le explicaron a este medio que la “auditoría digital personal”, está basada en la experiencia del programa Mi Pieza destinado a mujeres mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), argentinas o con residencia permanente.

A través de ese programa asistencial las mujeres reciben un subsidio para realizar mejoras en sus viviendas de entre cien mil y doscientos cuarenta mil pesos.

Toda la tramitación, e inclusive el “avance de obra” que se debe presentar para cobrar el subsidio, que se realiza en varios tramos, se hace de manera virtual. Tolosa Paz intentará aplicar esa experiencia en el Potenciar Trabajo.

La publicación que realizó Infobae sobre las deficiencias notables en el control de uno de los programas más importantes de esa cartera, apuró la decisión en el cambio de metodología. Los datos, que en conferencia de prensa confirmó la propia Tolosa Paz, están anclados en un informe reservado que realizó la AFIP a pedido de Zabaleta.

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó que el ministerio de Desarrollo Social envié los nombres de las personas que compraron dólares y percibían el Potenciar Trabajo flickr - Ministerio de Seguridad 162

El informe publicado de manera exclusiva por este medio fue realizado por el organismo recaudador a pedido de Zabaleta. La solicitud fue realizada el 30 de junio pasado, “a los fines estadísticos y de manera global, no individual” y del cruce de información “que se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa”. El trabajo detectó que “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.

Esa información se elevó al Ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos membretados llegaron once días después que Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta quien había decidido renunciar para reasumir como intendente de Hurlingham.

Después de la publicación de este medio, la ex diputada ofreció una conferencia de prensa - al terminar una reunión con una delegación de piqueteros- y afirmó que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares. De esta manera, la funcionaria confirmaba la información publicada por Infobae que daba cuenta de las irregularidades detectadas por AFIP.

La ministra de Desarrollo Social le comunicó a los dirigentes de la UTEP el cambio de metodología para validar la identidad de los beneficiarios del Potenciar Trabajo

El mismo informe de la AFIP también revela que al menos “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos determinó que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”.

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A raíz de la publicación de esos datos, el fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió a Victoria Tolosa Paz que le envíe información sobre los más 250 mil beneficiarios de planes sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.

La nota, fechada este viernes 11 de noviembre, indica que se abrió una investigación preliminar ante la posible comisión de un delito.

“Sirva remitir a esta sede, con carácter de urgente, una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos que habría permitido detectar una numerosa cantidad de personas que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional, siendo también que declaraban bienes personales y percibían bienes sociales”, asegura el oficio firmado por Marijuán.

Más de 2.800 fallecidos seguían percibiendo los beneficios de programas sociales (Franco Fafasuli)

En tribunales no descartaron que el fiscal pida en los próximos días la desafectación de las 253.184 personas sobre las cuales la oficina de recaudación puso la lupa. Según trascendió, el fiscal tiene indicios de que hay personas que declararon ser propietarios de dos o más inmuebles e incluso compraron más de 1.000 dólares en los últimos meses.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social le afirmaron a este medio que trabajan a destajo para cumplir con la solicitud de Marijuán, esto es identificar a cada una de las personas que presuntamente estafaron al Estado. También dijeron que tomaron contacto directo con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, para verificar cada una de las irregularidades detectadas y “chequear las incompatibilidades denunciadas por la AFIP”.

Más allá de la evolución de la causa abierta por el fiscal federal, una vez más queda expuesta las limitaciones del Estado para demostrar transparencia en los controles de los programas sociales que deben llegar para auxiliar a los sectores más vulnerables, y la posible complicidad en las maniobras de funcionarios o dirigentes a quienes también se debe detectar e identificar.