Paz Rodríguez Niell

Los legisladores del Frente de Todos que impulsan el juicio político de los cuatro jueces de la Corte Suprema pidieron 67 de medidas de prueba que incluyen la citación de testigos, la convocatoria de los propios acusados e informes sobre llamadas telefónicas. Oficialistas y opositores discrepan sobre el alcance de las facultades que tiene la Comisión de Juicio Político para investigar y se anticipa un debate muy tenso en las próximas semanas.

¿Puede la Comisión exigir que le envíen el detalle de todas las llamadas entrantes y salientes de los miembros de la Corte? ¿Qué pasa si los testigos citados no se presentan? Si se requiere que intervenga un juez para hacer efectiva alguna de las medidas de prueba, ¿qué juez será? ¿qué capacidad tendrá para revisar los pedidos de los legisladores?

La Comisión de Juicio Político –hoy con mayoría oficialista- tiene un reglamento que enumera qué medidas puede tomar, pero deja aspectos sin resolver. Entre las pruebas propuestas por los legisladores oficialistas hay una especialmente sensible. Sin mayores precisiones, la presentación dice: “Se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) [que depende de la propia Corte] y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.

Para la oposición, la Comisión no puede hacerse del listado de llamadas de una persona sin orden judicial. Leopoldo Moreau, diputado oficialista que integra la Comisión de Juicio Político, dijo a LA NACION lo contrario: “No hace falta orden de un juez, es una facultad de la Comisión. Ya lo hicimos en la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Le pedimos a la Dajudeco cruces de llamadas y accedió”. Para Moreau, podría incluso solicitarse informes de las comunicaciones de los jueces de la Corte. “Se los puede incluir porque no implica ingresar en sus celulares, sino pedir información que pueden dar las prestatarias de los servicios”, dijo. Coincidió con él la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard: “Si se lo pedimos, la Dajudeco nos lo tiene que dar”.

Moreau y Gaillard dijeron que además que si bien los miembros de la Comisión no firmaron el pedido de juicio político (fueron otros legisladores), todos coinciden con el contenido del documento. “Estamos absolutamente homogéneos: las medidas pedidas son procedentes”, afirmó Moreau.

El diputado oficialista Leopoldo Moreau integra la comisión de Juicio PolíticoHernán Zenteno

El diputado de Pro Pablo Tonelli discrepa. “El pedido a la Dajudeco debe hacerse con intervención de un juez. Todo lo que restrinja algún derecho -privacidad, libertad-, requiere una orden judicial”, dijo, y afirmó: “Ellos [por los oficialistas] tienen mayoría en la Comisión, pero estos debates van a ser muy intensos”. Juan Manuel López (Coalición Cívica), vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, relató que están estudiando antecedentes, pero que, como regla, “todas las medidas restrictivas tienen que ser ordenados por un juez”.

Entre los especialistas hay opiniones encontradas. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez destacó que el reglamento de la Comisión dice que podrá “solicitar informes y/o documentación a cualquier persona de existencia real como jurídica” y sostuvo que sería válido disponer un informe sobre las comunicaciones, como la que plantea el pedido de juicio político, sin orden judicial “porque es una prueba informativa, no es una intervención telefónica”.

Para el constitucionalista Alejandro Carrió no hay dudas: una medida semejante ordenada sin intervención de un juez sería inconstitucional porque la protección no solo alcanza al contenido de las llamadas sino también a “la determinación de su existencia misma”. Carrió afirmó: “Es un área que pertenece al Poder Judicial. Una medida informativa de esta naturaleza excedería el marco de la aceptable en materia constitucional”.

La citación de testigos

En cuanto a los testigos, el reglamento dice que los citados deberán presentarse, que declararán bajo juramento y que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud”. La Comisión no puede ordenar su comparecencia por la fuerza. Tampoco, disponer allanamientos ni secuestrar objetos. Para eso, deberá intervenir “el juez federal que corresponda”. Gaillard sostuvo que para este tipo de medidas es la justicia federal penal (Comodoro Py), pero para los planteos contra el procedimiento -que se anticipa que habrá-, el fuero será el contencioso administrativo.

Entre quienes fueron propuestos como testigos está Silvio Robles, funcionario de la vocalía de Horacio Rosatti, que fue denunciado penalmente por presuntas comunicaciones con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. ¿Podría Robles no presentarse alegando la existencia de esa denuncia penal? En el oficialismo dicen que no, que debería asistir y, en todo caso, plantear lo que considere. “Vamos a respetar escrupulosamente todos los derechos y garantías de los ciudadanos que tengan que concurrir a la Comisión”, dijo Moreau. En la oposición desconfían. Dicen que, por lo pronto, Robles no puede ser citado con fundamento en una filtración de chats que es ilegal. En su pedido de juicio político, los legisladores alegan que es materia de la Justicia determinar si hubo un delito, pero que ellos no pueden obviar los “graves hechos” revelados.

Otro punto que cuestionan en Juntos por el Cambio es el pedido de citación de los jueces de la Corte como parte de las medidas propuestas en el escrito inicial. La convocatoria a los denunciados está prevista en el reglamento -que dice que tienen la opción de no ir o de presentar un escrito-, pero para otro momento del proceso: al final, una vez “reunidas las actuaciones sumariales”. Todo esto será parte de lo que discutirán los legisladores a partir del 26 de enero. El oficialismo planea que las reuniones sean dos veces por semana y que el proceso esté terminado entre fines de marzo y principios de abril.