María Eugenia Vidal prepara su desembarco en la Provincia con varias luces de alerta encendidas. La cuestión salarial y las recurrentes agitaciones sociales de fin de año están al tope de las inquietudes de la gestión que se apresta a iniciar en poco menos de un mes.
La gobernadora electa tomó nota de un clima enrarecido. La usurpación de 60 hectáreas en Merlo prendió las alarmas. Allí hay un cóctel que mezcla necesidades reales de viviendas con incentivos políticos que empujan a la toma. Quienes conocen ese populoso distrito del Conurbano afirman que esta situación se está generalizando y que ya no se trata de una cuestión puntual: en la que en poco tiempo más será la ex patria chica del histórico peronista Raúl Othacehé, habría por lo menos 40 terrenos intrusados.
Vidal vio venir esa herencia combustible que excede largamente el caso de Merlo. Por eso reaccionó, primero, deslindando responsabilidades en la gestión bonaerense que está preparando las valijas. Después, al anunciar que dispondrá un programa de contención social y de seguridad para atravesar los últimos días de diciembre, donde las protestas callejeras de diversas organizaciones sociales suelen multiplicarse.
La nueva gestión aterrizará con otras cuestiones no menos picantes en la agenda. A menos de dos semanas de asumir deberá pagar el aguinaldo. Este tema habría sido uno de los principales abordados por los equipos que trabajan en la transición.
Entre los estatales comenzó a crearse un clima enrarecido en torno de ese pago. En los últimos días uno de los principales gremios docentes, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), reclamó que el sueldo anual complementario se pague en tiempo y forma. Curiosamente, ni la administración saliente ni la entrante abrieron la boca en relación a ese reclamo.
TRASCENDIDOS
Durante los últimos días circularon versiones sobre la supuesta necesidad de la nueva administración de recibir una ayuda nacional para atender esa obligación salarial. Sobre esos trascendidos se subió la FEB para lanzar la advertencia.
Esa misma cuestión desvela a buena parte de los intendentes de Cambiemos que asumirán en breve. Varios de los que pudieron iniciar un diálogo amigable de transición cayeron en la cuenta de que tendrán que ir tras fondos frescos para evitar complicaciones con sus empleados.
Algunos alcaldes ya han dicho que buscarán que el Banco Provincia los asista para sortear esa encrucijada.
Las transiciones caóticas en los municipios es un dolor de cabeza para la gestión que viene. Varias comunas, tanto peronistas, como macristas o radicales, deberán ir por recursos adicionales para sobrellevar el final de 2015.
En medio de la polémica, los cruces, denuncias y acusaciones, en algunos estamentos de poder se estaría analizando cortar por lo sano. Hay quienes empujan ir hacia una ley como la que rige en Brasil y que impide a los funcionarios que están a ocho meses de terminar su mandato, generar erogaciones extraordinarias o designar personal. De terminar con festival de pases a planta permanente, negociaciones salariales anticipadas o renegociaciones de contratos jugosos a poco de terminar los mandatos se habló, y mucho, durante una reunión que varios alcaldes electos mantuvieron con funcionarios del Tribunal de Cuentas.
Mientras tanto, Vidal prepara una serie de medidas tendientes a reducir la arquitectura administrativa de la Provincia. La guadaña, se dice, pasará por diversas reparticiones que, aseguran en el macrismo, superponen funciones con otras.
En la volteada caería hasta la Jefatura de Gabinete, que Scioli dotó de enorme poder y atribuciones. La nueva gobernadora se inclinaría por una Secretaría General que concentre la mayoría de las funciones que hoy ejerce la Jefatura.
Esa decisión estará incluida en el paquete de leyes que la nueva administración enviará a la Legislatura apenas asuma, junto al Presupuesto y la ley Impositiva.
UN PLAZO DE 8 MESES
Si bien quedaron apartadas de las principales miradas de la política hoy concentradas en el ballotage, las charlas para acordar un “pacto de gobernabilidad” entre Cambiemos y el massismo en la Provincia siguen sin pausa.
Quienes dicen conocer la entretela de aquellas charlas, hablan de que el Frente Renovador estaría dispuesto a acompañar a la nueva gobernadora con las herramientas legislativas que necesite durante un plazo que, estiman, sería de unos ocho meses.
Los massistas pondrán condiciones para aportar su número en la Legislatura. Quieren dejar la marca registrada Massa con una serie de proyectos que no pudieron plasmar en los últimos años como los límites a las reelecciones de los intendentes, concejales y legisladores; una reforma electoral que elimine la polémica boleta sábana y un mecanismo de asistencia financiera directa a los municipios, entre otros.
En ese paquete se incluye la inserción de representantes del massismo en directorios de diversas reparticiones en los que se cobija a representantes de la oposición. No sólo eso: el Frente Renovador quiere uno de sus hombres en uno de los organismos de control de rango constitucional.
“No vamos a co-gobernar”, es la definición y una alerta ante las versiones de que algunos massistas acaso puedan ser convocados por Vidal.
En las últimas horas volvió a hablarse del intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, y del especialista en Educación, Gustavo Iaies, como posibles convocatorias al elenco bonaerense. Massa buscaría que si esas llegadas se producen, no sean parte del esquema de cooperación que buscaría sellar con Vidal. El tigrense imagina su futuro como jefe de una parte del peronismo en la oposición si Scioli es derrotado en el ballotage. La cohabitación con Cambiemos sería para entonces una cuestión compleja de explicar para alguien que, además, se imaginaría en el rol de candidato a senador nacional por la Provincia en 2017.(Fuente: EL DIA)
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