Alak expuso días atrás ante comisiones conjuntas de la Cámara Baja, anunciando la puesta en marcha de seis unidades en cinco distritos del Conurbano: Moreno, Merlo, La Matanza, Quilmes y Tigre, estos últimos dos con dos cárceles cada uno.

Según precisó el titular de la cartera de Justicia, la Provincia debe expropiar los terrenos en los que se emplazarán las unidades carcelarias, y para ello necesita el aval de la Legislatura.

El plan contempla -en lo inmediato- la construcción de dos unidades penitenciarias con capacidad de mil plazas cada una y diez alcaídías para 300 reclusos en cada dependencia.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno bonaerense señaló que “la cantidad de personas que tienen domicilio en el AMBA, y se encuentran alojadas en Unidades Penitenciarias, Alcaidías y comisarias de la Provincia, representan el 69,2% del total de la población analizada; cuando en contraposición, el total de plazas con la que cuenta el sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región, es de apenas el 38,7% del total de la capacidad carcelaria».

El proyecto impulsado desde el ministerio de Justicia, que comanda Julio Alak, contó con el aval de los legisladores de Juntos por el Cambio y del bloque 17 de Noviembre.  Cabe aclara que el diputado Sánchez Sterli no acompañó los artículos correspondientes a las expropiaciones de Quilmes, al igual que el bloque Cambio Federal, que sí acompañó los restantes artículos, a excepción del diputado Fernando Pérez, quien votó de manera negativa la totalidad del proyecto.

Previo a la votación, el diputado Mario Giacobbe, del bloque 17 de Noviembre, expresó: “Si queremos perseguir el delito, tenemos que garantizar la habitabilidad de las cárceles. No podemos apilar uno sobre otro. Hay recomendaciones de organismos internacionales. Celebro que la política del Gobierno sea la construcción de cárceles”.

“Tratar este proyecto después de la represión en Guernica, es un insulto”, dijo el diputado del FIT, Claudio Dellacarbonara, quien se opuso a la iniciativa. “Conocemos la realidad de las cárceles y obvio que nos preocupa”.

Luego tomó la palabra Sandra París, de Juntos por el Cambio, quien manifestó el acompañamiento del bloque. “Como esto es una cuestión de Estado, lo debe hacer con acuerdo de los Municipios. Es necesario aclarar que durante el gobierno de Vidal, en esta Legislatura, quienes ya no forman parte de nuestro bloque, votaron la Ley de Emergencia Penitenciaria por el estado en el que recibimos las cárceles”.

Por su parte, el diputado Pérez dijo: “No es el camino que mejor genera el vínculo político y la búsqueda de consensos. Es un proyecto acordado entre el oficialismo y el principal bloque opositor. Los vecinos de estos distritos se van a enterar el día que empiece la construcción, sin audiencia pública”.

Por último, Jorge D’Onofrio, del bloque de Frente de Todos, expresó: “Las condiciones de detención son paupérrimas y la Provincia tiene una faltante de 22 mil plazas. De esta manera no se puede continuar”.

“Lo importante que plantea el Gobernador es una decisión de política criminal, sino analizar el origen del delito y cómo tratamos a quienes han sido procesados y condenados dentro del SPB. Es importante entender por qué tenemos que hacer más cáceles para tener menos presos. Tenemos entre el 70 y 80% de reincidencia. Quienes no lo hacen es porque salen con formación educativa y profesional. Tenemos que convertir las unidades penitenciarias en unidades de formación, no para castigo sino para resocialización”, añadió el diputado massista.

“Si apuntamos a la familia y al interno, seguro vamos a tener menor reincidencia. Hacemos más cárceles para tener mejor a los detenidos y mayor seguridad. Celebro coincidir con la mayoría de los legisladores, estamos haciendo política de Estado”, afirmó.