El texto en cuestión lleva las firmas de los intendentes Héctor René Pallares (Avía Terai), Ignacio Rostán (Basail), Daniel Capitanich (Campo Largo), Ernesto González (Capitán Solari), Eladio Aguirre (Charadai), Pedro Bodnarczuk (Chorotis), Ramón Alderete (Ciervo Petiso) y Cesar Falcón (Colonia Benítez).

También lo hicieron Pedro Maidana (Colonia Elisa), Alicia Leiva (Colonias Unidas), Alfredo Pastor (Coronel Du Graty), Gabriel Ninoff (Corzuela), Ramón Cantero (Enrique Urien), Antonio Rodas (Fontana), Karina Acervo (General Capdevila), Aldo Leiva (General San Martín) y Diógenes Requena (Hermoso Campo).

José Rodríguez (Isla del Cerrito), Alberto Nievas (Castelli), Víctor Gasko (La Clotilde), Carina Mitoire (La Eduvigis), Francisco Winnik (La Escondida), José Carbajal (La Leonesa), Gregorio Viter (La Tigra), Héctor Grabre (La Verde), Claudia Panzardi (Laguna Blanca) y Juan Mosqueda (Lapachito), son otros de los firmantes.

Se sumaron Héctor Dolce (Las Garcitas), Oreste Paoletti (Los Frentones), Héctor Vega (Machagai), Juan Svriz (Makallé), Jorge Polich (Margarita Belén), Isabel Especiale (Miraflores), Carlos Balbuena (Napenay), Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio), Carlos Andión (Pampa del Infierno) y Jorge Batalla (Presidencia Roca).

En el listado aparecen también Hugo Sager (Puerto Tirol), Marcelo González (Puerto Vilelas), Alfredo Zamora (Quitilipi), Patricia Lezcano (Samuhú), Gustavo Steven (Santa Sylvina), Carlos Ibáñez (Taco Pozo), Gerardo Palacios (Tres Isletas), Oscar Peppo (Villa Ángela), Atlanto Honcheruk (Villa Berthet) y Lorenzo (Heffner), entre otros.

Si bien incluyó a la intendenta de Resistencia, Aída Ayala, ésta desmintió la adhesión.

Derecho a la información

En el texto se destaca que por “una vez Argentina está a la vanguardia en la protección de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información, que constituye una de las obligaciones de un gobierno elegido democráticamente”, “evitando la tergiversación y manipulación”.

En ese sentido se destaca que “este modelo nacional, popular y democrático que conduce la presidente Cristina Fernández de Kirchner dio otro gran paso hace tres años cuando se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

“Su finalidad no sólo fue marcar un precedente en América Latina, sino bregar por la multiplicación de canales de instituciones, universidades, municipios, organizaciones no gubernamentales, pueblos originarios, movimientos sociales, sindicatos y permitir espacios reales a otras voces que con claras intenciones los monopolios silencian”, se destaca.

A la vez se consigna “hay que cumplir con la ley, porque vivimos en un Estado que marca derechos y obligaciones. Si un monopolio no respeta la norma es que no entendió que en el país que estamos construyendo se terminaron los privilegios y que tampoco respeta con esa postura ninguno de los tres poderes democráticos, es decir al pueblo en su conjunto”.

Por eso se sostiene que se “reconoce a la comunicación como un derecho básico y elimina de esta manera las cláusulas corporativas con el beneficio para unos pocos, con la aplicación plena de esta ley, se marcará en la historia de todos y todas un nuevo paradigma en construcción del país que nos merecemos, con diversidad de pensamientos que aporten a esa consolidación”.