Incumplen los requisitos exigidos por la ley para brindar seguridad a los pacientes. Además, aseguran que hay denuncias por maltratos en forma frecuente, considerando que el 80 por ciento de los ancianos sufre el abandono familiar. Algunos dueños lo ven solo como un negocio.
Si bien muchos comienzan a realizar los trámites para lograr la legitimación, uno de los requisitos es la autorización del Ministerio de Salud para poder funcionar, la que muchos de los establecimientos locales no tienen, la tienen vencida o no la exponen. La mayoría de los lugares no cumplen con las condiciones edilicias que requiere la ley para llevar adelante un servicio de este tipo, y aseguran que muy pocos respetan las condiciones de salubridad requeridas sin verlo meramente como un negocio.
Uno de los inspectores encargados de supervisar dichos establecimientos, Rubén Origaen, explicó al respecto: "El geriátrico para funcionar tiene que tener un expediente en el Ministerio de Salud de Mendoza y la habilitación municipal. Todos incumplen los requisitos, acá hay hogares para ancianos de dos plantas sin ascensor, y que no tienen una enfermería reglamentaria, que debe estar azulejada con lavatorio y horno esterilizador, entre otras cosas".
Por su parte, la dueña de uno de los geriátricos ubicado en la calle Bolívar de nuestro departamento, denunció al respecto: "La gente no sabe qué requisitos tiene que pedir. Por ejemplo solicitar el número de expediente en el Ministerio de Salud. Hay alrededor de tres centenas de lugares en el departamento que no la poseen y, por ende, no están legalmente habilitados; hay tres o cuatro que tienen el expediente caduco pero lo siguen publicitando". Además, puntualizó: "Hay más de trescientos escondidos por todos lados, hay muchos que se hacen pasar por casas de familias. La municipalidad lo único que puede autorizar es a nivel comercial, ya que desde Salud se entregan las aprobaciones de actividad".
Con esta habilitación se corrobora el factor ocupacional del lugar, el servicio de enfermería que brinda, los médicos, también se realiza una declaración jurada de las enfermeras que trabajan, se controla que se dispongan de libretas sanitarias, que se cumpla con la autorización del plan de bomberos, entre otras cosas. "El familiar tiene que entender que es un contrato privado que hace y debe exigir que se cumpla, sino denunciarlo por el bienestar del abuelo. El primer controlador tiene que ser el pariente", aseguró Origaen.
Actualmente, los problemas que más han detectado en algunas instalaciones locales están vinculados al hacinamiento, y el más importante, es la falta de profesionales de la salud. Esta carencia, según comenta, implica uno de los riesgos más grandes para estos lugares. "Que no tenga empleados competentes, un médico nutricionista, el enfermero, es grave porque es un grupo etario de riesgo. Es diferente lo que tienen que comer, la medicación y el control diario de los signos vitales. Si no están, estas personas están en riesgo de vida y ello implica la clausura inmediata".
Por otro lado, comentó que hay denuncias por maltrato incluso en lugares habilitados. "Esas denuncias se dan en todo tipo de establecimiento, a veces provienen por un empleado que no está capacitado, por golpes, por la falta de atención del abuelo que esta todo el día orinado, maltrato verbal o gritos. Son los parientes los que generalmente hacen la denuncia y por los cuales encontramos también lugares clandestinos".
Por otro lado, de acuerdo a lo que comenta Origaen, suele suceder que "hay espacios para dos personas en los que conviven más de cuatro". Esto implica un problema porque es un grupo etario con dificultades motrices para la evacuación, ya que las salidas de emergencia están adaptadas para el factor ocupacional. "Los propietarios se guían más por lo económico, son muy pocos los capacitados para manejar un geriátrico. Lo colocan como un comercio más que cumplir con la ley para adecuar la seguridad de las personas", concluyó.
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