Los seis concejales del PJ-Frente para la Victoria no acompañaron la propuesta por encontrar falencias en relación a la política medioambiental. Por su parte, el PRO y el Frente Renovador avalaron el acuerdo, pero marcaron la necesidad de acortar el plazo de 15 años para llegar a la planta de separación en destino de la basura.

En la práctica, Usicom está a cargo del relleno sanitario hace unos 9 meses. En julio del año pasado, la empresa de capitales mixtos rubricó el contrato con la comuna para comenzar a trabajar en el relleno sanitario que administraba Clear SA. En la etapa que se está transitando, la firma que depende de la Usina está incorporando los conocimientos y la maquinaria de su antecesora para luego avanzar con la incorporación de una compactadora, lo que permitiría enterrar un menor volumen de residuos.

En tanto, el último paso de Usicom, para el cual propuso un plazo de 15 años, es adquirir una planta de tratamiento de residuos, con la separación en destino de los elementos reutilizables de aquellos que se volcarán al relleno sanitario.

En cuanto a los tiempos, el concejal del PRO Claudio Ersinger sostuvo que el plan “no es el ideal” porque “quisiéramos la separación en origen”, pero entendió que “es la decisión del Gobierno”. También confió en que “se acorten los plazos del convenio” para que cuanto antes se evite enterrar material que no es biodegradable. “Lejos de ser una situación ideal, es un paso adelante”, dijo antes de dar su voto afirmativo.

En tanto, desde el Frente Renovador Beatriz Fernández recordó que en 1997 Tandil tenía un basural a cielo abierto y la comuna tuvo que declarar la emergencia ambiental. También mencionó que debieron convencer al intendente Julio Zanatelli para que abriera la licitación que ganó Clear y, además, lograron implementar una experiencia piloto de separación de residuos en los domicilios que funcionó muy bien, pero que debieron suspender porque la comuna no tenía recursos ni para pagar las bolsas de colores que le entregaba a los vecinos.

Coincidió con el PJ en que es un tema de Estado y con PRO en la necesidad de acortar los plazos de las etapas de implementación, teniendo en cuenta que el Intendente habla de una ciudad sana. Por último, avaló -como la UCR- que sea Usicom quien gestione la basura y aseguró que no encontró objeciones al contrato.

Prueba piloto

El concejal Rogelio Iparraguirre arrancó con las exposiciones al enarbolar las banderas que otrora levantara Eduardo “Tony” Ferrer, quien había presentado dos proyectos (en 2008 y 2015) para el tratamiento de los residuos que “nunca vieron la luz”, es decir, que no llegaron al recinto.

El legislador le reclamó a Marcos Nicolini, presidente del Bloque de la UCR, el compromiso político de avanzar con una prueba piloto de separación de los residuos en origen a cambio de acompañar el convenio con Usicom.

En ese sentido, dijo que el proyecto giró por distintas comisiones y atribuyó a la campaña electoral las dilaciones en las discusiones. Agregó que en enero, cuando lo retomaron, pidieron una propuesta “más ambiciosa en términos ambientales”, ya que el plan de Usicom es en etapas y recién prevé el tratamiento de los residuos en 2020.

Iparraguirre recordó que en 2008 el Intendente prometió la planta de tratamiento de residuos, sin embargo demorará 12 años en concretarla. “Siempre más vale tarde que nunca”, se consoló pero remarcó que desde el Concejo deberían bregar por la máxima “más vale temprano que tarde”.

Insistió en que en el plan en etapas de Usicom está ausente la separación en origen y pidió “darnos la oportunidad” de comenzar con una experiencia piloto. Valoró el funcionamiento del primer Punto Limpio, al tiempo que cuestionó que el segundo ya se anunció tres veces pero aún no se puso en marcha.

Iparraguirre intentó convencer al oficialismo al marcar la necesidad de confiar en que los vecinos pueden separar los residuos secos de los húmedos en sus casas y al decir que la iniciativa “no tiene nada de original”.

“No es vanguardista”

Por su parte, el edil Pablo Bossio expresó que “lamentablemente una política de Estado se circunscribe a un contrato firmado” que “no es vanguardista” y reclamó una “discusión más amplia” con los sectores políticos y organizaciones de la comunidad -como la Unicén y sus profesionales-, en el marco de un “proceso democrático y abierto” para fijar la política medioambiental.

Consideró que “perdimos una gran oportunidad” para debatir el tratamiento de la basura y lamentó que quedara reducido a una “discusión contractual y jurídica”. Como contrapartida, apuntó que no se le dio valor a “una discusión importantísima en la agenda del futuro de la ciudad”.

Por otro lado, puso como ejemplo a la localidad mendocina de Maipú, donde desde 1997 se separa en destino la basura e indicó que “si creemos que es política de avanzada” el plan de Usicom, “estamos mintiendo”. En contraposición, sostuvo que el proyecto que trataron ayer es la continuidad del viejo contrato con Clear, que data de 1997.

Pablo Bossio expresó que la separación de la basura en los domicilios conlleva “romper con una cultura” y apoyó la prueba piloto que había impulsado su ex compañero de bancada Tony Ferrer.

En cuanto al contrato firmado por Usicom, cuestionó que el comité de gestión quedó formado por tres integrantes del Ejecutivo y tres de la empresa, sin representación del Concejo Deliberante ni de ONGs que trabajan en favor del medioambiente. En igual sentido, dijo que el Legislativo pierde la posibilidad de auditar y de participar en la definición de esta política ambiental.

Sobre el final, el referente del PJ señaló que “no es una ordenanza de avanzada, es una nueva prórroga del contrato con Clear” y evaluó que “perdimos una oportunidad de citar a otros sectores” para definir la política ambiental.

“Decisión estratégica”

El presidente del Bloque de la UCR Marcos Nicolini defendió el tiempo de tratamiento del proyecto de ordenanza, que fue elevado el 27 de agosto pasado, y su circulación por distintas comisiones legislativas con la presencia del presidente de la Usina Matías Civale y el subsecretario de Economía Claudio Bissett para aclarar algunos aspectos.

Destacó que el convenio le da a los tandilenses la posibilidad de gestionar el tratamiento de la basura, ya que el Municipio dispone del 60 por ciento de los capitales de Usicom y el 40 por ciento pertenece al sector privado.

Agregó que el Intendente priorizó la participación de Usicom como una “decisión estratégica”, teniendo en cuenta que capitaliza a la firma local para encarar la planta de tratamiento en los próximos 15 años. Al mismo tiempo, aseguró que la intención es educar a los vecinos para que estén interesados en el problema de la basura.

Sumado a esto, argumentó que el tratamiento de los residuos en origen es mucho más costoso y se trasladaría a las tasas. También citó que el estudio que la comuna le encargó a la Unicén indicaba que la relación es 3 a 1 con respecto al tratamiento en destino y atribuyó la diferencia a que de todos modos hay que revisar la basura antes de la disposición final.

En respuesta a Iparraguirre, el concejal oficialista indicó que no podía asumir el compromiso de realizar una prueba piloto para separar la basura en los hogares sin contar con un proyecto concreto. En contraposición, resaltó la labor de los Punto Limpios, afirmó que el segundo se pondrá en marcha y que se avanzará con otros en los barrios.

“Le pido al Frente para la Victoria que acompañe porque es una forma de darle a Tandil el tratamiento de los residuos”, expresó Nicolini y manifestó la voluntad para trabajar en conjunto. “Tandil genera más de cien toneladas de residuos diarios y hay que tratarlas”, dijo Nicolini y advirtió que “es un avance, no la solución final”.

De formas y de fondo

En el inicio de la sesión, los concejales expresaron el repudio a las agresiones vertidas el viernes de la semana pasada por militantes de la Agrupación 1 de Octubre y del colectivo transexual, y la solidarididad con el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik y a sus pares Corina Alexander (PJ-FPV) y Marcos Nicolini (UCR).

En principio, el radical José Luis Labaroní pidió al espectro político “elevar  nuestras discusiones” para evitar “agravios y descalificaciones”. Destacó que no son concejales “para ser sometidos a un escarnio público”, destacó las “sanas intenciones” de todos y advirtió que existen garantías para denunciar ante la Justicia frente a cualquier sospecha.

“La descalificación es el punto donde se quiebra la política”, indicó y agregó que “los agravios no aportan a un Tandil próspero”.

Las palabras iniciales contaron con la adhesión de otros concejales como Rogelio Iparraguirre, Pablo Bossio, Pablo Díaz Cisneros, Adolfo Loreal y Beatriz Fernández, quien tras escuchar a sus pares reflexionó que a algunas “formas” de manifestaciones como las tomas a las sedes de Anses por parte de la ex CCC no ameritaron repudios y que a los “fondos” de los reclamos “debemos darles respuestas”.

“Ordenar y dar respuestas”

En ese debate, la integrante del PJ-FPV Corina Alexander -agredida por la movilización de trans- convocó a sus pares a superar las movilizaciones agresivas “con más política” y cuestionó que “desde octubre tenemos sitiada con policías la Municipalidad de Tandil”.

En la misma línea, señaló que en la medida en que no se den respuestas políticas, “estamos expuestos a manifestaciones extorsivas”. Por eso, llamó a que “veamos en serio cómo podemos ordenar y dar respuestas” a los temas “de fondo”, a través de programas concretos de acción.