A partir de las 18.30, en el recinto, los concejales y sus mayores contribuyentes se reunirán en asamblea para avalar el incremento de las tasas. En la última sesión del año, los diez ediles del radicalismo más los dos del bloque del PRO aprobaron una suba cercana al 30 por ciento en los principales impuestos comunales y sobre eso, otro 30 por ciento para el nuevo tributo de seguridad que afecta a la Retributiva de Servicios, de Conservación y Mantenimiento de la Red Vial y Unificada a la Actividad Económica.
Ocho días después del tratamiento del Presupuesto y las ordenanzas Fiscal e Impositiva aún suenan las críticas desde diversos sectores de la comunidad por el fuerte ajuste. Incluso, entre los cuestionamientos se reiteró que las facturas se distribuyeron con la actualización antes de que los legisladores y los mayores contribuyentes aprobaran el incremento.
La opción
del amparo
La extensa sesión del Presupuesto dejó algunas señales que no pasaron inadvertidas. Sin embargo, pese a cualquier argumento, el Bloque de la UCR junto al PRO aprobaron el incremento en las tasas municipales que, acumulado, oscila entre el 30 y el 69 por ciento con respecto a 2015. Además, el resultado estaba puesto, prueba de ello fue que se repartieron las facturas con las nuevas tarifas antes del tratamiento legislativo.
En el fragor de su argumentación, el concejal del Frente Renovador, el abogado Gustavo Ballent, deslizó la posibilidad de que a partir del aumento “algún vecino meta un amparo, puede pasar” y señaló que el ajuste “es distorsivo”.
En este caso, reparó en que se trata de una “sobre tasa” para seguridad -como fue llamada por presidente del Bloque de la UCR Marcos Nicolini- que afecta a la Retributiva de Servicios, de Mantenimiento y Conservación de la Red Vial y Unificada a la Actividad Económica.
Las críticas del massismo partieron de la aplicación de un 30 por ciento de suba a los tres tributos que afectan al mayor número de contribuyentes, para luego aplicarles otro 30 por ciento destinado a financiar los programas de la Secretaría de Prevención Ciudadana. Si bien el FR acompañó la creación del nuevo impuesto para dotar de un mayor presupuesto al área de seguridad, no coincidió en que partiera de una base tan elevada.
En este aspecto, Ballent le pidió al Ejecutivo “mejorar la calidad de la gestión, optimizando los recursos” y lo convocó a “agudizar el ingenio”. También deseó que para 2017, “haya ideas renovadoras”.
De las responsabilidades
Frente a los argumentos del oficialismo en cuanto a la responsabilidad provincial en la materia, el doctor Ballent expresó que “no me queda claro que la seguridad no es municipal” y se refirió a una charla en la Cámara Empresaria, a la que asistió invitado por Julio Elichiribehety. Fue en 2001 y disertó Ricardo Gil Lavedra sobre los aspectos de intervención a nivel local para mitigar el avance del delito.
Pero además, marcó que el Intendente creó la Dirección de Seguridad durante su primer mandato, en 2003, pero a partir de 2010 “dice que es un problema de Scioli” hasta que firmó el acuerdo por la Policía de Prevención Local. “Aplaudo los convenios y que nos hagamos cargo”, expresó el abogado y agregó que la seguridad es un problema de los tres estados.
En medio del debate, también rechazó que el oficialismo descargue sus fundamentos en la provincia arrasada que dejó el Frente para la Victoria. Y le marcó que el Intendente y Daniel Scioli “parecía que eran novios” cuando recorrían Tandil, pero ahora “parece que es un desastre”.
Dos devaluaciones
Por el radicalismo, Marcos Nicolini aclaró que el Municipio “siempre estuvo involucrado en la prevención” del delito y defendió el incremento de las tasas a partir de las devaluaciones del verano de 2014 y la salida del cepo, que acumularon un 66 por ciento.
“A nadie le gusta subir las tasas”, dijo y resaltó que “tampoco hay que desfinanciar al Municipio” porque “empeora la calidad de vida”.
Nicolini sostuvo que la “inflación es el impuesto más regresivo y se aplica sin ley”. Ante la situación de la Provincia, con transferencias escasas, reconoció que debieron recurrir al incremento de los ingresos de procedencia local.
A la hora de evaluar el impacto, indicó que una vivienda de España al 900 pagaba 139,20 y ahora abonará 202,27, lo que implica 63 pesos más, por esos días equivalentes a 4 litros de nafta. En tanto, un domicilio de Santamarina al 800, de 266 pagará 394 pesos, lo que implica unos 8 litros de nafta. En María Ignacia, una casa de calle Tandil irá de 95,58 a 166 pesos.
“El incremento cubre dos devaluaciones”, insistió el presidente del Bloque de la UCR.
La evolución
de los ajustes y
el presupuesto
Por su parte, la concejal del Frente Renovador Beatriz Fernández lanzó los números de los incrementos de tasas de los últimos años para fundamentar que ya en 2015 se había ajustado entre el 37 y el 50 por ciento, mientras que el presupuesto creció en forma exponencial.
La legisladora expresó que en 2009 las tasas aumentaron un 25 por ciento, en 2010 el 21 por ciento, en 2011 el 25 por ciento, en 2012 el 20 por ciento, en 2013 el 27 por ciento, en 2014 el 25 por ciento, en 2015 (con el nuevo concepto para pavimentación) entre el 37 y 50 por ciento y este año el 30 por ciento más otro 30 por ciento.
En cuanto al presupuesto, repasó que en 2003 era de 37,8 millones de pesos, en 2004 de 45,5 millones, en 2005 de 53,3 millones, en 2006 de 68,4 millones, en 2007 de 83,8 millones, en 2008 de 110 millones, en 2009 de 140 millones, en 2010 de 161 millones, en 2011 de 226 millones, en 2012 309 millones, en 2013 de 394 millones, en 2014 de 593, 5 millones, en 2015 de 830,5 millones y en 2016 de 1022 millones de pesos.
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