El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que estudia indultar a policías que de acuerdo a su mirada fueron condenados “de manera injusta”, buscando dar un mensaje para que los agentes “no tengan miedo de actuar contra los delincuentes”.

“Entendemos que es el momento de dar estos mensajes”, aseguró el mandatario radical. Hay al menos dos casos en estudio. Uno es el de Luciano Nocelli, condenado por un doble homicidio calificado luego de matar a una pareja de asaltantes. El otro tiene como protagonista a Marcelo Gómez, quien en un juicio abreviado aceptó haber dado la orden de levantar custodias fijas en edificios judiciales anteriormente baleados.

“Lo estamos estudiando. No quiero hacer nada que no corresponda, pero hubo muchos hechos que fueron injustos”, adelantó Pullaro.

El gobernador instruyó al Fiscal de Estado, a la secretaría Legal y Técnico y al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, para que estudien la situación.

Al asumir como gobernador, y frente a la Asamblea Legislativa, Pullaro ya se había referido a algunos episodios “injustos”.

“Lo estamos estudiando, pero no queremos generar ningún tipo de falsas expectativas. Si entendemos que es correcto, por supuesto que lo vamos a llevar adelante”, confirmó el gobernador.

Maximiliano Pullaro, en línea con Patricia Bullrich y Luis Petri

El debate por el indulto a agentes policiales surge en medio de la ola de inseguridad que vuelve a golpear a Rosario, pero, también, luego de que los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, mencionaron la posibilidad de una reforma del Código Penal que le otorgara facultades más amplias a la policía para actuar en casos de enfrentamiento.

Luis Petri, Patricia Bullrich, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia en la conferencia en la que se anunció el desembarco

Al justificar la medida en estudio, Pullaro recordó que como ministro de Seguridad, en la gestión del socialista Miguel Lifschitz, vio “el estrés que vive un policía cuando, en cinco segundos, tiene un enfrentamiento, y en el exceso de la legítima defensa tal vez terminaba detenido unas horas. Imagínense si se trata de una condena de años”.

El gobernador dijo este miércoles que se necesita “una policía que no tenga miedo de actuar contra los delincuentes”, y aclaró que su intención no es “exonerar o indultar o conmutar la pena a un policía que cometió un hecho de gatillo fácil o que mató a una persona”.

“Acá se están evaluando algunos hechos de policías que tuvieron enfrentamientos. Que los enfrentamientos están probados y que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito”, aclaró.

Dos casos en estudio que tuvieron enorme repercusión en Rosario

Uno de los policías que podría ser indultado es Luciano Nocelli, quien recibió una condena a 25 años de prisión luego de matar a dos presuntos delincuentes. El 21 de mayo de 2019 disparó a corta distancia por la espalda contra una joven de 25 años y un hombre de 35 que momentos antes habían intentado cometer un asalto.

Ya en 2022, siendo legislador provincial, Pullaro mostró su rechazo a la condena que recibió Nocelli, uno de los policías sobre los que se estudia un indulto. Al asumir como gobernador insistió. “Es ilógico e irracional lo que pasó con el caso Nocelli. Tendría que haber salido en libertad porque le dispararon primero”, planteó.

El otro caso es el del exjefe de la policía de Rosario Marcelo “Conejo” Gómez, quien en diciembre de 2019 dispuso levantar la custodia fija dispuesta en edificios judiciales para reasignarla a otras tareas. Por ese episodio fue corrido del cargo por el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y posteriormente condenado a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por dos años por abuso de autoridad.

Rechazo e impedimento constitucional

La medida en estudio es rechazada por distintos sectores de la política y por la Coordinadora contra la Represión Policial e institucional (Correpi), quienes plantean que la Constitución de Santa Fe, en su artículo 72, inciso 16, le impide al gobernador tomar esa decisión.

En ese punto plantea que el gobernador “indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la Corte Suprema de Justicia”, pero aclara que “no puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones”, indica la carta magna provincial sobre ese punto.