El ex presidente Mauricio Macri pidió hoy derogar la Ley de Alquileres, aprobada por todos los bloques en 2020.

"La Ley de Alquileres es una muy mala ley, que claramente fracasó. Tenemos que derogarla y tomarnos el tiempo para hacer otra que resuelva el problema. Hay que dejar de complicarle la vida a la gente que ya la tiene demasiado complicada", aseguró el ex mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Este martes, Diputados dio el primer paso para modificar la regulación, con un acuerdo entre oficialismo y oposición.

Tras conformar la comisión de Legislación General, se definió un cronograma de cinco reuniones y se fijaron 30 días hábiles para tener listo el texto final. Aunque ya no existe el protocolo de trabajo remoto, estará habilitada la posibilidad de sesionar de forma virtual para no retrasar el tratamientos de los proyectos.

La Ley de Alquileres es una muy mala ley, que claramente fracasó. Tenemos que derogarla y tomarnos el tiempo para hacer otra que resuelva el problema. Hay que dejar de complicarle la vida a la gente que ya la tiene demasiado complicada.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 6, 2022

Con más de dos decenas de iniciativas, aportadas por el oficialismo y sectores de la oposición, el cronograma estipula que el 27 de abril deba llegarse a un dictamen.

Ley vigente: puntos y críticas

La ley vigente consiguió media sanción en Diputados en 2019, en las últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri. Ya con Alberto Fernández en la Casa Rosada, el Senado aprobó el proyecto en julio de 2020.

Entre sus puntos más importantes se destacan la extensión del plazo de contrato, actualmente de dos años de duración a tres años de duración; y la actualización del contrato en forma anual en vez de semestral.

Además, los ajustes deben hacerse de acuerdo a un índice integrado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Tras su entrada en vigencia, el mercado inmobiliario mostró una caída en la oferta, lo que también perjudicó a los inquilinos. Ante ese panorama de viviendas vacías, desde el kirchnerismo propusieron la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa, rechazado por las cámaras inmobiliarias y los propietarios.

En medio del descontento general, tanto el oficialismo como la oposición subrayaron la necesidad de encontrar una ley superadora, aunque la letra chica es motivo de disputa incluso dentro de un mismo espacio político.

Proyectos en disputa

El proyecto que, en principio, comanda el debate actual en el Congreso fue presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, José Luis Gioja.

La carpeta contempla topes de ajuste. El valor inicial de los alquileres puede ser, como máximo, un 20% superior al que correspondería según la fórmula vigente. Además, el tope es del 10% si se trata de la renovación de un contrato.

A nivel impositivo, se abriría la posibilidad de que los locadores deduzcan de Ingresos Brutos del régimen simplificado para pequeños contribuyentes lo que ingresen por alquileres. Además, exime del pago de ese impuesto a los inmuebles registrados que sean puestos en alquiler.

También introduce el impuesto a la vivienda ociosa, un punto muy cuestionado en el sector inmobiliario.

Por otro lado, busca poner en igualdad de condiciones a los monotributistas. En ese sentido, propone que quienes otorguen seguros de caución deban aceptar a personas inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Por último, promueve iniciativas de Nación, las provincias y la Ciudad para viviendas sociales.

El principal proyecto de la oposición fue presentado por Alberto Asseff, diputado de Juntos por el Cambio.

Estipula un plazo mínimo para el contrato de dos años, contra los tres de la ley vigente, con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más si ninguna de las partes manifiesta el deseo de darlo por terminado.

El ajuste ya no estaría atado a la fórmula que combina IPC y RIPTE, sino que el sistema lo establecerían las parte siguiendo índices oficiales de organismos nacionales o provinciales.

Establece límites a los desembolsos iniciales que deben hacer los inquilinos para ingresar a la vivienda: no se les podrá exigir depósitos de garantía superiores a un mes de alquiler por cada año de contrato.

Transcurridos seis meses desde el pago del primer alquiler, el inquilino podrá disolver el contrato sin necesidad de abonar una indemnización siempre y cuando lo haya con un preaviso de tres meses.

Hay dos iniciativas complementarias en el proyecto de la oposición, que apuntan a beneficios impositivos para los propietarios que vuelquen sus viviendas al mercado y flexibilizar el marco marco legal para desalojos en caso de irregularidades.