“Desde el bloque del PJ decidimos no acompañar el proyecto oficialista “porque esto es como tomar un atajo y avalar una vil negociación en la que un fiscal, en una situación de absoluta desigualdad, toma el trato que le ofrece un imputado agobiado por una posible condena”.

“Esto nos coloca en un dilema, porque advertimos que la ineficiencia del Estado nos lleva a pulverizar garantías de orden constitucional en aras del esclarecimiento de los hechos delictivos. Y lo hace a través de lo que nosotros entendemos como una suerte de extorsión, porque no hay que olvidar que esto no es una negociación común y vulgar entre un comprador y un vendedor. Acá prima la presión de un fiscal a pedido de un imputado”.

“Y en ese marco, el imputado es una persona que se encuentra amenazada por una pena eventual que pudiera corresponderle. O sea, estamos frente a una situación desigual entre un imputado que ve la posibilidad de mejorar su situación procesal y alguien que tiene poder, como es en este caso un fiscal”.

“Observamos, ante ello, que es muy delgada la línea que separa esta negociación de la extorsión. Creemos desde el justicialismo que no puede el derecho penal actuar sin ética y sin moral, ni tampoco puede colocarse al mismo nivel de un delincuente, reconociéndose de ese modo incapaz de combatir los delitos mediante los diversos modos que existen para esclarecerlos”.

Es verdad que esto dio comienzo con delitos gravísimos vinculados al narcotráfico, a la trata de personas, al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre otras cuestiones, hasta que llegamos a esta ley nacional 27304 que sustituye el artículo 41 ter del Código Penal y llamativamente establece un régimen procesal para el funcionamiento de este sistema que le ofrece a un imputado reducirle la pena por un delito consumado”.

“Estamos oficializando la traición de un delincuente que delata a un cómplice para favorecer su situación procesal, dejando de lado los principios fundamentales del derecho penal constitucional”.

Matuk recordó que la sociedad le concede al Estado la potestad represiva para que en su nombre castigue los delitos, pero también expresa una serie de procedimientos y de reglas de orden constitucional, y sobre todo internacional, que indican cómo se llega a la condena de una persona.

“Esto es como tomar un atajo y encarar una vil negociación, en la que un fiscal, en una situación de absoluta desigualdad, toma el trato que le ofrece el imputado. Aquellos que somos hombres del Derecho y entendemos que vivimos en un Estado republicano debemos repudiar este sistema”, reflexionó.

En igual sentido, sostuvo que se debe propiciar sobre cualquier cosa que cuando se condena a una persona se lo haga en la forma y con los procedimientos que la Constitución establece, y no con esta especie de “oficialización o blanqueo de una vil extorsión”.

Luego trajo a colación un caso de arrepentimiento en Jujuy y contó la situación de una legisladora provincia –el conocido caso de Mabel Balconte- que se presentó en una causa penal el año pasado como “aparentemente arrepentida”. “No conozco los detalles, pero sé que tuvo un percance que incluso casi termina con su vida como consecuencia de este vil negocio en el que se vio involucrada y, creo, no precisamente por su voluntad”, añadió.

“No puede el Estado ceder garantías constitucionales con el fin de llegar al descubrimiento de algún delito”, manifestó.

“EN JUJUY NO EXISTEN GARANTÍAS”

Para Matuk “no existen garantías de ningún tipo en Jujuy y sostuvo que en la totalidad de los casos que se investigan en la provincia por hechos de supuesta corrupción, los primeros en enterarse han sido tres o cuatro medio de comunicación”. “Aquí hay una connivencia concreta, clara e insoslayable entre el ámbito penal de la provincia y algunos medios de comunicación”, alertó.

En ese marco, relató que “los imputados y sus defensores se terminan enterando por los medios y después de varias horas recién reciben la comunicación oficial”. “Así se trabaja en Jujuy”, completó.

“Este tema, como dice el proyecto del oficialismo, se supone que es reservado, pero no hay garantías de que ello sea así. Es por ello que estimábamos necesario que en esa iniciativa se agregara el secreto del proceso y del acuerdo. Porque a esto se juega en Jujuy, a la condena anticipada de una persona a través de los medios de comunicación”, finalizó.