Matías Casales, titular de la Administración Provincial de Punta Mogotes apuntaron al “evidente desconocimiento de la normativa” por parte del concejal Hernán Alcolea que propició una denuncia ante el Honorable Concejo Deliberante solicitando la disolución del Ente Interjurisdiccional que administra el complejo del sur de Mar del Plata.
“Dadas las erróneas interpretaciones del concejal Alcolea sobre los alcances de la ley 10.233 nos vemos en la obligación de dar explicaciones a la sociedad marplatense y lamentamos el desconocimiento y su consecuente uso político por parte de quien se supone debe representar a la ciudadanía en el Honorable Concejo Deliberante”, expresó el Administrador General Provincial, Matías Casales.
El titular del ente interjurisdiccional explicó que “en 1997 se acordó que la deuda que la APM tenía con el Banco Provincia fuera cancelada en 599 cuotas durante 50 años, es decir que este proceso culminaría en el año 2047”.
Este detalle responde la misiva de Alcolea que señala que dicha deuda ya fue saldada por lo que “debe restituírsele la totalidad de la administración, uso y explotación a la comuna”.
Casales sostuvo que “de la mano del senador Juan Curuchet hemos puesto en valor el Complejo de Punta Mogotes, hemos concretado un deseo realmente anhelado por los marplatenses como es la UPA que funciona las 24 horas los 365 días del año, descomprimiendo el Hospital Regional, con equipamiento de primer nivel; pudimos redefinir este espacio pensando en un Mogotes para todo el año, y es evidente que a algunos les empezó a interesar recién ahora.”
Desde el área legal de la APM también precisaron que la ley 10.233 de creación de dicha administración prevé que “las partes se obligan a denunciar el convenio una vez extinguidas las deudas entre el ente con el Banco Provincia y la totalidad de obligaciones que le correspondan a la Administración”.
En ese sentido, Casales además puntualizó que en caso de que se concretara tal denuncia, y la administración del complejo pasara a manos del Municipio, según la normativa vigente “el gobierno local debería asumir el pago de la deuda sin beneficios para el plan de pagos, por lo tanto debería hacerlo en un solo pago, tratándose de casi 10 millones de pesos más intereses”.
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