“Basta con escuchar los programas radiales o televisivos, donde la gente tiene la posibilidad de expresar sus experiencias o problemas, para entender que existe una sensación generalizada en toda la población que cuando se demandan los servicios de los centros de salud u hospitales públicos no se encuentran profesionales, ....
“Hay dos planos de responsabilidades y jerarquías respecto de los funcionarios, hay funcionarios a los que se les aplica el Estatuto del empleado público y otros que están fuera de ese nivel, por lo que el doctor Heredia (Enrique, ministro de Salud Pública) suspendió a uno de los médicos (Federico Chuchuy) que es personal de planta del Hospital Materno Infantil. En cuanto al staff gerencial, que es personal político, el ministro no puede tomar una decisión de esa naturaleza pues lo tendría que hacer, eventualmente, el gobernador”. (Declaraciones del ministro de Gobierno, Julio César Loutaif, sobre los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil y las medidas tomadas por las autoridades, al programa televisivo D2 que se emite por Cablevisión).
La muerte de una criatura derivada desde Cachi al Hospital Materno Infantil desató un debate, que continúa, sobre la atención de los pacientes en ese centro sanitario de referencia y alumbró la situación en la que se encuentra el sistema de salud pública de la provincia. Cierto es que el deslinde de responsabilidades y la presunta mala praxis que habrían provocado la muerte del chiquito Luciano Martínez, de sólo siete años, están investigándose en sede judicial. Pero fuera de ese ámbito en el que los hechos deben probarse, se ha corrido el velo sobre conductas, procedimientos y prácticas que aparecen como una suerte de protocolo de lo antiético, de la indolencia y de la falta de sensibilidad cuando se pone en juego la vida humana. Algunos de los protagonistas de esta historia ocurrida dentro del hospital se han ganado, por derecho propio, el mérito de ser considerados maestros por ejemplo negativo. Aquella expresión a la que apelaron los chinos desde los tiempos de Confucio, para definir a quienes nos enseñan con su comportamiento lo que las personas honorables no deben hacer.
Veamos sino los hechos.
Luciano ingresó al hospital el jueves 28 de junio con traumatismo de cráneo y vómitos recurrentes, situación que los profesionales de Cachi consideraron de gravedad, como para derivarlo a la capital salteña. Al llegar y luego de una hora y media de espera, lo trasladaron a una sala común en la que no había médico de guardia. Sólo le administraron un calmante. El niño continuó con vómitos durante toda la noche. Cuando a la mañana siguiente, a las 7.30, ingresaron los médicos de planta, por el cuadro que presentaba, uno de ellos dispone hacerle una tomografía urgente. Pero la urgencia debió esperar hasta las 11.30. Ante los resultados del estudio se decide operarlo también urgentemente. La intervención se realizó recién a las 15. De manera que cuando Luciano llegó al quirófano su estado ya era gravísimo. Mientras aguardaba se descompensó y sufrió convulsiones entre las 12 y las 14. En este punto, relató su madre Justina Martínez, “comenzó a toser y quedó durito, no había enfermeras, no había nadie”. A las 17 culminó la operación, pero con un coágulo en el cerebro que había evolucionado durante más de 24 horas, el neurocirujano poco podía hacer. Luciano entró en coma y agonizó durante 48 horas. El 1 de julio murió. Su madre, Justina, realizó una denuncia por mala praxis y recién entonces el caso comenzó a tener repercusión mediática.
Once días más tarde el neurocirujano Federico Chuchuy recibió un mensaje de texto, convocándolo a una reunión urgente en el despacho del gerente del hospital, Martín de la Arena. Lo aguardaban también en la oficina los doctores Morosini, Cintioni, Muela y la abogada Solá Avellaneda, apoderada del hospital. Alguien grabó en un audio la reunión, lo que permitió conocer a la opinión pública que, en realidad, ese cónclave había sido convocado por De la Arena para acomodar una versión de lo sucedido que exculpara de responsabilidades al hospital. Una especie de complot para manipularlos y ocultar la verdad. “Acá tenemos que ponernos de acuerdo porque está en juego no sólo la cabeza tuya”, le dice alguien al neurólogo Chuchuy, que a esta altura comenzaba a tener la incómoda sensación de que lo habían elegido como chivo expiatorio.
Se prenden otras luces
Alumbrados “a giorno” por el escándalo mediático los pasillos y despachos del hospital, comenzaron a trascender otros hechos que eran desconocidos para la gente común, pero que no podían ser ignorados por las altas esferas del Gobierno. Es que el Materno Infantil tiene tercerizados numerosos servicios y, para prestarlos, algunas de las empresas beneficiarias utilizan el equipamiento del propio nosocomio. Una de ellas, HEMOVIDA SRL, pertenece al propio Martín de la Arena, quien de este modo cobraba doble: como gerente y como empresario.
Aquí aparece entonces otra historia. Según el Boletín Oficial, el exdirector del Hospital la conformó junto a Jorge Facundo Solá Avellaneda el 28 de junio de 2010, aportando el 90% de las acciones, mientras el socio y su esposa, aportaban el 10% restante. Conviene aquí hacer una pausa para introducir dos datos muy relevantes. De la Arena inauguró la empresa proveedora de sangre y sus derivados 48 días después de haber sido designado, el 11 de mayo de 2010, a cargo del despacho del Centro Regional de Hemoterapia, una institución modelo y de referencia en la materia para el Noroeste argentino y el 7 de julio de 2010, a través del decreto 2848, el Gobierno lo confirmó como director ¿No había aquí una evidente incompatibilidad ética? ¿Podían las autoridades acaso ignorarla? Y si la ignoraban, ¿qué criterios utilizaron para designarlo? Además, en su desempeño al frente de ese Instituto, a finales de diciembre de 2010, dispuso un traslado de sangre, desde el Centro Regional de Hemoterapia, con destino a Cafayate, para cubrir las eventuales necesidades que pudieran surgir del rally Dakar. La decisión le trajo duras críticas desde los hospitales públicos, porque se los desabastecía, eventualmente, en una fecha crítica. Sin embargo, eso no fue todo. Porque el plasma enviado tuvo que ser finalmente desechado. La sangre se arruinó, ya que en su traslado no se tuvieron en cuenta los protocolos de conservación.
¿No hubo aquí una negligencia grave? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Fue acaso castigado? No. Se lo premió un año más tarde designándolo el 12 de diciembre de 2011, a través del decreto 110, como máximo responsable de la Sociedad del Estado encargada de administrar el Hospital Materno-Infantil.
A esta altura del relato surge una pregunta inevitable.
¿Por qué el Gobierno tardó tanto tiempo en separar de sus cargos a los directivos del Materno-Infantil, habida cuenta que antes de la muerte del chiquito Luciano Martínez, ya habían existido problemas graves en ese hospital y quejas permanentes de los usuarios que obligaron, inclusive, a constituirse en el lugar al propio gobernador?
Arriesgando una hipótesis, tal vez pueda decirse que lo del Materno Infantil puso también en foco un estilo y una concepción ideológica en la administración del Estado. Vinculada en este caso al nombramiento de algunos (demasiados) funcionarios, por motivos más relacionados con la amistad, la cercanía o el parentesco; que con la vocación por el servicio público, la excelencia profesional o la calidad de la gestión.
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