Todo comenzó a principios de 1810, cuando los primeros frigoríficos del país se asentaron alrededor de la cuenca. Estas industrias desechaban restos de animales y sebo que, al mezclarse con el agua, emanaban un olor nauseabundo y contaminante.

En 1913, se ordenó la expulsión de todas estas empresas, pero no se cumplió. Nueve años después, para 1822, volvió a reiterarse la prohibición pero tampoco se logró. Ya en 1861, el Gobierno decretó que estaba prohibido arrojar basura, pero el problema siguió.

El Río Matanza-Riachuelo se extiende a lo largo de 40 kilómetros y atraviesa 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y parte de la Ciudad Autónoma. El agua posee altos niveles de mercurio y plomo que afectan la calidad de vida de vecinos y trabajadores de la zona. A diario, se desechan 192 mil litros cúbicos de aguas fecales. Actualmente, es el más contaminado de América Latina y uno de los diez más infectados del mundo.

Aunque es un territorio inadecuado para la subsistencia, residen aproximadamente 1500 familias. Los más afectados son los niños, que desarrollan patologías respiratorias severas y están expuestos a infecciones dermatológicas y sanguíneas. En 2017, se registraron 942 defunciones infantiles en la zona.

Con el paso de las décadas, se impusieron distintas medidas que no dieron resultado. Recién en 2006, se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) un ente regulador que coordina el movimiento de la zona. Sin embargo, el desastre ambiental no se detuvo.