Luego del desplazamiento del juez Armella, la Corte Suprema adjudicó la causa por el saneamiento a dos juzgados debido a la “complejidad” del expediente. Planteó los objetivos que deben solucionarse de manera “pronta y compleja”.
Acerca de su decisión de ampliar la cantidad de juzgados, la Corte explicó que a través de los informes presentados por los estados municipal, provincial y nacional obligados a sanear, se puso de manifiesto “que los avances realizados traen aparejadas nuevas y complejas problemáticas, cuyo apropiado abordaje torna inconveniente que la ejecución (...) continúe en manos de un solo magistrado”.
Por eso, el Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, estará transitoriamente a cargo del “control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable, cloacas y del tratamiento de la basura, así como su nivel de ejecución presupuestaria”.
Mientras que “todas las restantes competencias atribuidas en la sentencia del de julio de 2008, que comprenden la cuenca baja, media y alta, quedarán provisoriamente bajo la competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cuyo titular es Jorge Rodríguez”.
Para evitar “conflictos de competencia o fallos contradictorios”, el máximo tribunal exhortó a los magistrados “a buscar mecanismos eficaces de coordinación de su actuación”.
El máximo tribunal destacó también que se deberá brindar una “pronta y completa solución” en la relocalización de establecimientos industriales, los sistemas de medición de calidad de aire de agua, la detección de conexiones clandestinas, y la erradicación y relocalización de barrios de asentamientos, así como la puesta a punto de sistemas de vigilancia epidemiológica ambiental, red de servicios de salud y del plan de reconversión industrial.
En cuanto al primer punto, la decisión del máximo tribunal hace referencia al predio Acuba, en Lanús, sobre el cual “la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo ha anunciado en reiteradas oportunidades el desarrollo de un Polo Industrial Curtidor, con los objetivos de mejorar el desempeño ambiental, la competitividad del sector y la calidad de vida de los vecinos”.
Además, a partir de esta división de las tareas a ejecutar, Armella deberá poner a disposición de los nuevos magistrados los expedientes radicados en su sede judicial de Quilmes, así como también “deberá afectar todos los recursos humanos, tanto funcionarios como empleados, y materiales de la secretaría”.
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