Caminar algunos minutos por la estación de trenes de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, sirve para darles la derecha a las denuncias que vienen impulsando desde la oposición: la ilegalidad ganó las calles en el territorio que conduce Fernando Espinoza. Un negocio que mueve más de 25 millones de pesos al año transita en forma clandestina sin reparo alguno.

El distrito de La Matanza es el más poblado de la Provincia y el segundo de la Nación. Según el censo 2010, en sólo diez años la población creció 41,17 por ciento, lo que se vio reflejado, sobre todo, en los barrios más carenciados. En total viven 1.775.816 habitantes, la mayoría en zonas con grandes necesidades.

Debido a este crecimiento exponencial, más el incremento de los índices de violencia y delincuencia, muchos barrios entraron en el olvido para el sistema de transporte legal: los colectivos y taxis dejaron de circular y mucha gente se quedó sin opciones.

La respuesta a este déficit llegó a finales de los ´90, con el surgimiento de un sistema de transporte paralelo, que tuvo su despegue en la crisis de 2001 y que, al calor de la complicidad política, se transformó en una industria tan rentable como riesgosa.

Hoy las líneas de colectivos, combis y remises ganaron las calles; sólo en el servicio de autos viajan por día 50 mil personas, lo que significa una facturación mensual que supera los 20 millones de pesos.

El negocio está instalado con tal fuerza en la región, que más de mil familias dependen de este trabajo en forma directa -las líneas de colectivos emplean cerca de 70 personas, el sistema de combis 300 y los remises 900- y muchas otras de forma indirecta -mecánicos, aceiteras, gomerías, estaciones de servicio-.

“No digo que haya que sacarlos, pero sí darles un marco, como para que todos estén amparados: el trabajador, el usuario y los terceros que están en la calle transitando. Entran en lugares en donde otros no lo hacen, y es una realidad que hay que contemplar”, dice el concejal del FAP Gustavo Ferragut, quien impulsó la creación de una comisión para que regularice esta situación. “Es necesario saber quiénes son las empresas, cuáles son sus dueños y qué respaldo tienen”, agrega el edil.

Los remises -en su mayoría Ford Falcon de más de veinte años- representan una amenaza con ruedas: muchos no exhiben la certificación de la VTV -lo que impide saber si pueden circular, aunque su aspecto no da garantías de ningún tipo-. A su vez, las dos líneas de colectivos -que, con total impunidad, gozan de paradas fijas en la vía pública- circulan por la calle, ante la vista de los agentes de tránsito, en vehículos deteriorados, con ventanillas rotas remplazadas por nailon, despintados, oxidados, que no extienden boletos y, obviamente, sin la implementación del sistema SUBE. Ambos servicios, sin embargo, ofrecen las únicas formas posibles de conectarse entre varios puntos del distrito, a los que el servicio legal no accede.

“En los años 2001 y 2002, como resultado de una confluencia de factores, se generó gente sin trabajo, un menor uso del transporte público y una menor frecuencia de servicios. No hay conectividad entre Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere, o entre Ciudad Evita y Ramos Mejía”, confesó la subsecretaria de Tránsito y Transporte de La Matanza, María Leticia Piris.

La respuesta llegó desde las filas del FAP: “Nadie es una carmelita descalza para justificar todo, porque en 2001 no había trabajo. Esa fue una crisis del momento, pero después se convirtió en un negocio. Sabemos que hay que aportar al jefe de calle, a la comisaría local; no tenemos pruebas, pero es una regla de sentido común”.

Juan Severo, uno de los choferes del autodenominado “transporte comunitario” que vienen bregando para que el municipio les dé una respuesta que los ayude a regularizar su situación, dice: “Cubrimos la necesidad de la gente de poder trasladarse de su casa a los lugares de trabajo o desde los lugares cabecera hasta los transportes tradicionales”.

Según Severo, “las aseguradoras nos exigen que el municipio nos reconozca para poder cubrir a los pasajeros. Si hubiera decisión política, todo esto se resolvería”.

La intención de los remiseros es modificar la normativa vigente, por lo que han presentado varios proyectos. “En 2003 Espinoza era el presidente del HCD, y le entregamos el proyecto para reglamentar esta actividad. Nunca nos llamó para resolver esta situación”, sostiene el remisero.

Para la oposición, este grado de desconcierto que se vive en las calles encuentra su justificación en que muchos de los dirigentes que tiene la gestión de Espinoza no conocen la ciudad.

En las últimas semanas, esta decisión de poner funcionarios que no son de La Matanza le trajo al intendente varios dolores de cabeza, no sólo con la oposición, sino también dentro de su propio partido. La cruda interna se reavivó a finales de marzo, cuando Espinoza debió despedir a parte de esos dirigentes por sospechas de corrupción, entre los que se encontraban la esposa de Ricardo Rolleri -que trabajaba en el área de Habilitaciones-, un hombre de peso en el PJ local.