Por Leandro Renou.

Desde el mes de octubre el ministro de Economía, Sergio Massa, viene pensando la idea de un acuerdo de precios amplio para trazar un sendero de inflación futura más estable. Un pacto más político que técnico, que se charló en las mesas semanales del funcionario con cuadros del kirchnerismo, pero que vio la luz casi dos meses después de pensado. Esa demora tiene una sóla razón: en su primer test fuerte, los sectores del poder económico vinculados al consumo masivo le atrasaron el programa para evitar que se aplique. Por definición, las empresas fabricantes de productos de la canasta básica, esquivan los esquemas rígidos. Y un Massa que llegó con la medalla de una buena relación con el establishment, probó en la negociación que tiene ceos aliados y enemigos, que siguen pensando en jugar con reglas propias. 

Un dato al que accedió Página I12 sirve para ver la complejidad de las relaciones que tuvo y tendrá que afrontar el ministro con los formadores de precios: de los 1800 productos que integrán Precios Justos al día de hoy, cerca de 800 son productos fabricados por los grandes supermercados nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Números más o menos, los comerciantes explican casi la mitad de los bienes a precio congelado. Eso dice dos cosas, una a favor y otra en contra de Massa: la primera, que las empresas fabricantes de alimentos, bebidas y productos de higiene agrupadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que forman el precio inicial, no le pusieron el cuerpo a pleno al programa. La segunda, que ese sector que fue reacio a colaborar también puede ser un problema para el cumplimiento del abastecimiento. Un problema que, quizás, se vea atenuado, precisamente, porque los supermercados son una parte muy relevante del congelamiento y con sus productos son garantes del acuerdo político. No lo harán por amor los grandes comercios, sino porque en esas superficies el Gobierno tiene ojos puestos a diario y con detalle suficiente para evitar incumplimientos. 

Para hacer el anuncio, en el escenario del CCK, Massa dispuso a su derecha e izquierda a dos grupos de empresarios sentados en sillas, dando la cara. A dos de esos ceos los llamó personalmente, dado que los une una amistad de larga data. La referencia es para Alfredo Coto, el líder de la cadena nacional más importante; y Francisco De Narváez, el dueño de Chango Más, la ex Walmart. Ambos fueron, de hecho, los que a la salida del evento se encargaron de dejar en claro por qué ahora podría funcionar un esquema que ya ha fracasado en Argentina en varias oportunidades. 

En la platea, en tanto, había dirigentes de la francesa Carrefour, la firma de capitales rusos Día y algunos faltazos curiosos. El de directivos de Cencosud, la dueña de Jumbo, Disco y Vea; y la de los Braun, dueños de La Anónima. Federico, que hace unos meses se hizo conocido por blanquear que aumentaban los precios todo el tiempo, está de viaje en el exterior y su hijo Nicolás, que lleva la diaria de la empresa, justo había partido también en viaje la mañana del viernes. 

Molinos, la empresa de los Pérez Companc, envió a Agustín Torres Campbell, encargado de Legales y Relaciones Institucionales; la Arcor de los Pagani no puso a ningún director de peso político y llevó al encargado de Consumo masivo, Marcelo Siano. Otros de los presentes fueron Walter López, de Queruclor; Lucas Menoyo y Víctor Fera, de los mayoristas de Maxiconsumo. Todos muy brindados al aplauso al programa de Massa. 

La situación con Funes de Rioja

En la otra esquina, Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal, fue el que más gesto adusto soltó durante toda la reunión. Los que lo conocen contaron a este diario que el rostro de pocos amigos se debió a dos cosas. Héctor Morcillo, secretario general del gremio de Alimentación (STIA) le propinó chicanas fuertes en su discurso en el CCK. La segunda razón, que hubo un grupo de empresas que se quejaron con Funes por no haber hecho más para parar el congelamiento. "Al final, tuvimos que terminar acordando una por una", le recriminaron. Vale decir que allí Massa estuvo rápido de reflejos para desactivar negociaciones colectivas con la Copal. El cara a cara con las empresas le permitió exponer las situaciones particulares de cada una y presionar con lo que esas empresas necesitan del Estado, desde créditos hasta dólares para importar. 

El ministro de Economía parece cómodo incomodando a Funes. Un hecho reciente muestra cómo Massa manejó el esquema de negociaciones que Funes describió como "apretadas". En el marco de la Convención Anual de la UIA, que se celebró esta semana en Parque Norte, Miguel Rodríguez, dueño de Sinteplast y secretario de la entidad le pidió al ministro que se comprometa a garantizar dólares para la industria. Massa le dijo, en primer lugar, que los dólares faltan en parte porque los empresarios importaban de a dos aviones por año. Y, por otra parte, se puso picante: arrancó diciendo que el faltante de dólares podía ser explicado por lo que sucedió "en una reunión reciente con Daniel (Funes), en la que el estaba con el sombrero de la Copal". A continuación, dijo que era mejor no contarlo, gesto que generó sonrisas incómodas. 

La teoría de los dos sombreros de Funes remite a que preside, a la vez, a la UIA y a la Copal; y no son pocos los industriales que le avisaron que ese doble rol -en un país con alta tensión inflacionaria y empresarios que remarcan por demás- llegaría en algun momento a tensar la relación con el Gobierno. Terminó pasando.