Los senadores de Sergio Massa, junto con un sector del radicalismo en la Cámara Alta bonaerense presentaron un proyecto de ley de Etica Pública que renueva íntegramente el régimen de declaraciones juradas patrimoniales, tanto para el Gobernador, como sus funcionarios y los legisladores.

El proyecto propone la creación de la Comisión Provincial de Ética Pública, encargado de la recolección de la información. Ese nuevo organismo al mismo tiempo actuará como contralor del cumplimiento de la ley, determinará el destino de los obsequios que reciban los funcionarios públicos y prohibirá la publicidad oficial que implique la promoción personal de los funcionarios.

Lo paradójico es que quien más cuestiona a Daniel Scioli por no mostrar su declaración jurada es Florencio Randazzo. Sin embargo, a pesar que sus críticas ya llevan algunas semanas, no fueron sus diputados en la Legislatura bonaerense quienes avanzaron con un proyecto de ley que obligue al Gobernador a mostrar su patrimonio.

El proyecto fue presentado por los senadores Gustavo De Pietro (UCR) y Sebastián Galmarini (Frente Renovador). Pero además lleva la firma de los radicales Carlos Fernández y Horacio López; y los massistas Jorge D’Onofrio, José Luis Pallares, Gabriel Pampín y Carolina Szelagowski.

La iniciativa implica la necesaria actualización de la normativa vigente, que data de la última dictadura, para adecuarla a los estándares actuales siguiendo el ejemplo nacional y de provincias como Santa Fe y Córdoba, así como de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto amplía el universo de funcionarios comprendidos en el régimen. Incluye al gobernador, diputados, senadores, jueces, fiscales y todo empleado público que tenga por función administrar un patrimonio público. Según el texto, se obliga a presentar la declaración jurada patrimonial a las 72 horas de haber asumido en el cargo, a renovarla anualmente y a comunicar dentro de los 30 días de producida cualquier modificación sustancial del patrimonio.

Además se incorpora también el deber de presentar una última declaración jurada a los 30 días de haber cesado en el cargo, a la par que mantener actualizada la información hasta 2 años después de ese hito.

A principios de febrero, Cristina Kirchner cuestionó a los candidatos presidenciales que no presentan sus declaraciones juradas. Fue cuando la American Task Force of Argentina (ATFA), grupo que funciona como lobbista de los holdouts que litigan por la deuda argentina impaga, difundió un informe sobre un supuesto crecimiento patrimonial de funcionarios del Gobierno, en ellos Randazzo. Ese informe molestó a Cristina Kirchner quien le dio luz verde al ministro del Interior y Transporte para salir a cuestionar a los fondos buitre esgrimiendo palos hacia el Gobernador bonaernese por no declarar su patrimonio.

LPO adelantó por entonces que Gabriel Mariotto había impulsado un proyecto de esas características en el Senado que fue aprobado por unanimidad. Pero el proyecto pasó a Diputados y allí fue cajoneado durante 15 meses en la comisión de Reforma Política que controla La Cámpora. Allí estuvo, sin moverse hasta diciembre del año pasado, cuando perdió estado parlamentario.

Desde entonces, las explicaciones que daban los diputados randazzistas eran confusas. “Creemos que la Provincia tiene que contar con una ley que obligue a los funcionarios a presentar su declaración jurada”, dijo el diputado Mario Caputo pocas horas antes que ingresara el proyecto de la mano del massismo y la UCR. “No tengo en claro en qué quedó el proyecto que se aprobó en el Senado, pero la idea es recuperar ese mismo proyecto”, agregó buscando esquivar el tema.