El líder del Frente Renovador Sergio Massa y el presidente del bloque de senadores del PJ analizaron este fin de semana la posibilidad de introducir una serie de cambios a la ley de extinción de dominio aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y que está cerca de perder su estado parlamentario. Es una herramienta clave para la lucha contra la corrupción y el narcotráfico ya que abre la posibilidad de una recuperación rápida de los bienes robados al Estado, entre otras ventajas.

Massa, Pichetto y la jefa del bloque de diputados massista, Graciela Camaño y acordaron buscar una salida jurídica para intentar destrabar el proyecto reclamado por jueces y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Voceros de Massa dijeron a Clarín que acordaron -en general- discutir una fórmula que aplique la extinción del dominio (la pérdida de la propiedad de un bien) a los acusados de narcotráfico que no puedan demostrar el origen de sus propiedades en la etapa de instrucción de la causa. En cambio, para los acusados de corrupción se les aplicaría la extinción del dominio “cuando sean condenados”. Antes directamente querían sacar los delitos de corrupción contra el Estado de esta ley. Para el massismo son, en definitiva, los senadores de Cambiemos los que fundamentalmente “traban la posibilidad de un acuerdo” sobre modificaciones al proyecto de Diputados. En estas fuentes de la oposición peronista, se sostiene que el presidente “Macri enfrió su voluntad sobre este tema después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le contó que la extinción de dominio le creó más problemas que soluciones”.

A su vez, voceros de Pichetto confirmaron a este diario que el senador “está trabajando en el dictamen que el Senado había alcanzado, reformulándolo pero fundamentalmente sobre la base de ese dictamen de hace un año y medio y que Diputados no se comprometió a acompañar”. “Pichetto estuvo en contacto con Massa sobre este tema y le reiteró que la versión de Diputados no se puede votar porque no contempla garantías constitucionales mínimas”, agregaron los voceros.

Hay otros otros proyectos que sobre la materia como el de Federico Pinedo, pero los voceros de Pichetto insistieron “en que él está trabajando una reformulación de aquél dictamen del Senado”. El senador peronista por Salta, Rodolfo Urtubey, recordó que “trabajé mucho en el proyecto que se aprobó en comisión. Ahora depende de los jefes de los bloques si se trata o no en el recinto”. A ese proyecto se refirió Pichetto.

Por su parte, el senador de Cambiemos con llegada directa a Mauricio Macri, Federico Pinedo, negó la responsabilidad por el retraso y empantanamiento y dijo que presentó su “propio proyecto que exige mayor nivel de avance en la investigación y espero sea tratado este año”. En sintonía con Pinedo, el 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri había vuelto a reclamar la sanción de la extinción de dominio.

La media sanción de Diputados prevé que la extinción de dominio es aplicable ante delitos de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil en la instrucción de la causa, sin esperar la condena.

Pero el argumento central de senadores kirchneristas y gobernadores peronistas es que el proyecto, tal como fue votado en Diputados, es  “inconstitucional” y violatorio de los derechos de propiedad porque se quitan los bienes a una persona antes de que tenga condena firme. Los juicios por corrupción en la Argentina tarden, por lo menos, unos diez años en llegar a una sentencia. Por eso una forma de cortar la financiación de corruptos o narcos es dejarlos sin bienes apenas hay pruebas firmes en su contra. El proyecto acordado en el Senado, cambiando la media sanción de Diputados, establecía que el decomiso de bienes debía ser ordenado por el mismo juez que lleve adelante el proceso penal.

En cambio del proyecto de Diputados establece que debe ser un juez civil en una acción civil -postura apoyada entre otros, por la ministra de Seguridad Bullrich-  y que se invierte la carga. Es decir, que la persona acusada de narcotráfico, por ejemplo, debe explicar cómo consiguió sus propiedades. Si no lo justifica, se extingue el dominio que pasa a favor del Estado. 

La polémica se reabrió porque el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, advirtió la semana pasada en un tuit que “en 3 días se cumplen 2 años desde que en Diputados aprobamos la ley de extinción de dominio que nos permitirá recuperar lo robado por la corrupción. ¡Pidamos al Senado que la trate ya que a fin de año pierde estado parlamentario!”. El pedido de Negri tuvo un amplio apoyo en las redes sociales.

En el Senado se alegó, hasta ahora, a que no hay garantías de que Diputados no volverían a insistir con la media sanción original, que había sido aprobada por 135 votos a 50, un número muy alto.La aprobación en Diputados había sido en el contexto del escándalo del revoleo de bolsos con 9 millones de dólares en un convento por parte del ex secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina Kirchner, José López. La mayoría de los votos en contra había sido del bloque del Frente para la Victoria. El proyecto había sido impulsado por la diputada y presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, con la venia de Massa y fue aprobado por la cámara baja el 24 de junio de 2016 con el apoyo de Cambiemos y algunos sectores del PJ.

Ante la falta de esta ley, jueces como Sebastián Casanello, aplican embargos preventivos sobre los acusados de corrupción recurriendo al artículo 23 del Código Penal que permite el recupero de ganancias ilícitas. Los embargos millonarios sobre los bienes de Lázaro Báez son un ejemplo de ello.

En la misma línea que Negri, el diputado nacional y secretario general del bloque radical, Miguel Bazze (UCR Cambiemos Buenos Aires), reclamó que el Senado debata el proyecto. ''Debemos dotar al Estado de esta herramienta fundamental para recuperar recursos en manos de delincuentes a través del narcotráfico, la corrupción o el lavadodedinero'', sostuvo Bazze.

Por su parte, el diputado nacional Daniel Arroyo (Frente Renovador) consideró “lamentable” que pueda perder estado parlamentario la ley de extinción de dominio y repatriación de bienes que tiene media sanción de Diputados pero nunca llegó al recinto del Senado, y que establece el de comiso de bienes obtenidos en forma ilícita.

"Busca tipificar el delito de corrupción, acelerar los procesos y extinguir el dominio sobre los bienes de funcionarios públicos involucrados en causas de corrupción" sería una herramienta clave frente a los delitos contra el Estado, explicó Arroyo.