El próximo mes de marzo vence el mandato de Hugo Cabral al frente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por lo que la Legislatura pondrá desde el miércoles en marcha el proceso para elegir a su sucesor. Por su parte, el arquitecto adelantó que buscará continuar al frente del organismo de control.

“En estos últimos cinco años he recibido muestras de reconocimiento de distintos actores sociales y políticos, vinculados tanto al oficialismo como a la oposición. Eso es algo que me alienta a postularme para ser reelegido”, aseguró el ombudsman.

El ex concejal capitalino fue designado en 2011 por 38 votos a favor y tres en contra, en una sesión legislativa que duró apenas 20 minutos. Su afiliación al PJ y el apoyo explícito del entonces gobernador José Alperovich habían generado el rechazo de la oposición a su nombramiento. Una ciudadana, incluso, había presentado una impugnación en su contra.

Cabral consideró que la controversia que se generó en torno a su designación no fue significativa. “De los 50 que nos postulamos fui el más expuesto, pero tuve una sola impugnación. Se me objetaba sólo por estar afiliado al partido y por lo que había dicho el gobernador”, indicó.

Admitió, sin embargo, que este año no tiene la misma certeza de poder quedar entre los ternados. “No sé qué irá a pasar en esta elección, la composición de la Legislatura es distinta. Ya no hay una fuerza hegemónica en la provincia, lo que considero saludable”, sostuvo.

“Me gustaría ser elegido para poder culminar varias iniciativas que estamos desarrollando. Los defensores del pueblo deben encaminarse a no sólo a ser alguien que soluciona problemas, sino alguien que también tenga incidencia en políticas públicas”, afirmó Cabral.

La Constitución sancionada en 2006 establece que el ombudsman puede ser reelegido una vez tras cumplirse los cinco años de mandato. El viernes, se publicó en el Boletín Oficial la convocatoria para cubrir el cargo, la que se extenderá desde el miércoles 3 de febrero hasta el jueves 11.

Una vez cumplido ese plazo se iniciará un período de tres días hábiles para que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de formular impugnaciones. Cuando ese paso sea superado, las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos elegirán a una terna que será votada en el recinto de la Legislatura.