El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata se refirió ayer al reclamo efectuado por el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, con respecto a los 5 millones de dólares por el derrame de petróleo en Caleta Córdova, y aseguró que “advertimos una gran irregularidad en el acuerdo celebrado en el año 2014”, e indicó que  “llama la atención que el intendente de Comodoro venga a plantearlo dos años después, siendo él viceintendente y también parte integrante en esto”.

“La demanda se inició en la gestión de Das Neves por 50 millones de dólares, y Buzzi aceptó en junio de 2014 un acuerdo extrajudicial con la empresa Antares por 5 millones de dólares”, sentenció el funcionario.

El funcionario expresó que “hace ya 3 meses que venimos trabajando silenciosamente desde la Fiscalía, por instrucción del gobernador, respecto de la reparación de los daños por el derrame en Caleta Córdova y también por un planteo que ha habido de honorarios, y lo que venimos advirtiendo es que hubo una gran irregularidad en el acuerdo celebrado”.

En ese sentido recalcó que “en la Fiscalía de Estado no han dejado nada, se llevaron todos los expedientes del acuerdo firmado con la compañía Antares Naviera. Hemos podido ir recuperando parte de la documental y advertimos un informe de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de agosto de 2012, en donde cuantifican personas especializadas en materia ambiental, que el daño sería cercano a los 60 millones de dólares”.

“El acuerdo que celebró el entonces fiscal de Estado, Miguel Montoya, con la ratificación del exgobernador Martín Buzzi, es de 5 millones de dólares y un pago de honorarios cercano a los 3.900.000”, detalló.

En ese sentido Martínez Zapata manifestó que “llama la atención primero el exiguo monto acordado y transigido por Montoya, la celeridad en la cual lo hizo, porque  la gente de la Fiscalía  lo que refiere es que no se sociabilizó esta información, se manejó en muy pocas manos, no hay expediente y obviamente el monto al cual arriban en este acuerdo no alcanza ni a cubrir el daño que han provocado”.

Señaló que “el acuerdo se firmó en  junio de 2014, y fue ratificado por el exgobernador Buzzi mediante el Decreto 701, y obviamente esta plata tenía una asignación específica que era la reparación del daño y la realización de obras de infraestructura en el lugar del hecho y esto no pasó”.

También “hay una cuestión curiosa en el pago de  honorarios, se pagaron cerca de 3 millones y medio de honorarios en una cuenta de la Fiscalía de Estado, por entonces conducida por Montoya, y no hay acuerdo que estipula ese pago. Se repartió de manera curiosa en la propia Fiscalía y sin perjuicio de esto la propia demandada pagó los honorarios en el expediente judicial, o sea que pagaron dos veces los honorarios”.

Dos años después 

El fiscal de Estado indicó que “llama la atención que el intendente de Comodoro venga a plantearlo dos años después, siendo él viceintendente y también parte integrante en esto”.

Sobre denuncias previas que haya efectuado el intendente de esta ciudad por el caso el fiscal de Estado indicó “que yo tenga conocimiento no, más que las manifestaciones  públicas que hizo ayer diciendo que luego de 2 años quería saber dónde estaban los 5 millones de dólares”.

Aseguró que “quienes tienen  la respuesta precisa son los exfuncionarios que estuvieron 2 años con esa partida sin ejecutarla”.

“En todo reclamo hay siempre un tinte político”, por eso reiteró que  “llama la atención que luego de 2 años de trascurrido este acuerdo se venga curiosamente  a manifestar de que quiere los 5 millones de dólares o que pregunta cuál fue el destino de esa plata”, dijo.

Martínez Zapata señaló que “en principio él era viceintendente de Comodoro, y ahora que transcurrieron dos años desde la fecha en que ocurrió el acuerdo viene tardíamente a ventilar un eventual reclamo”.

Por eso “sería importante que Linares colabore para que podamos  ventilar las responsabilidades públicas de los exfuncionarios que tuvieron a cargo la ejecución de esta partida y no lo hicieron”, expresó. 

Presentación de demandas

“Claramente los funcionarios que tenían a cargo obras públicas, el fiscal de Estado y el  gobernador tenían a cargo la función de asignar al menos estos 5 millones de dólares a efectuar obras de infraestructura y reparación del daño pero no lo hicieron”, aseguró.

Explicó que “tenemos cuantificado que hubo un daño de 60 millones de dólares y se arregla por 5 millones de dólares, donde hay curiosas implicancias no sólo civiles sino penales en los funcionarios que actuaron”.

“Acá hay una clara negligencia de los funcionarios que intervinieron”, y señaló que también hay “una clara lesión al erario público y al ambiente de la provincia del Chubut. En eso hay que ser respetuosos de la intervención de la justicia, pero ha habido un accionar negligente de todos los funcionarios que intervinieron en este caso”.

Sobre los delitos que podrían caber el fiscal de Estado detalló que “hay que estudiarlos, en principio vamos a trabajar sobre una acción de cosa juzgada irrita para atacar este acto de homologación en sede federal, y también vamos a trabajar en las acciones penales correspondientes, por incumplimiento de deberes del funcionario de quienes tenían a cargo ejecutar este dinero que entró a las  arcas del Estado y que tenía un objeto destinado y no fue así realizado”.

También “cabría el tipo penal de malversación de fondos públicos, porque había un acto administrativo que a estos 5 millones de dólares le asignaba un destino específico y fue claramente desviado porque el dinero entró en Rentas Generales  y se incumplió de manera flagrante”, concluyó.