Marisa Graham criticó la eliminación del aumento trimestral a la Asignación Universal por Hijo, ya que será difícil para las familias ajustarse a la inflación. “Dejamos a los niños en viviendas cada vez menos dignas”, aseguró la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marisa Graham es abogada y defensora nacional de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Además, fue la encargada de diseñar el Plan de Acción Nacional que forma parte de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes sancionada en el año 2006.

El paquete de leyes plantea un recorte en educación y salud, mientras que ustedes hablan de vulneración de los derechos de los niños. Contanos más detalles sobre esto.

La primera cuestión es que es un paquete muy grande de leyes y que, en general, hay que revisar desde esta franja  que no es más ni menos que un tercio de la población y nosotros tuvimos que ver artículo por artículo. Más allá del tema del presupuestario, lo que más nos preocupa es que se ha quitado la movilidad trimestral que tiene la Asignación Universal por Hijo, porque está atada la movilidad jubilatoria. Cada tres meses que aumentaba la jubilación, con una fórmula similar, aumentaba la asignación y también la tarjeta alimentar.

Es cierto que el Gobierno aumentó, apenas asumió, un 100% la Asignación Universal y un 50% la Tarjeta Alimentar. Pero con los índices de inflación que ya se vienen registrando (25,5% la última), ese aumento se va a licuar, queda planchado y si no se recupera esa actualización trimestral, la suficiencia de estos índices de familia para sostener la vida de los niños va a ser muy compleja.

¿Estuvieron esta semana en el plenario de comisiones exponiendo por este tema?

Estuvimos. Nosotros no somos una ONG, somos un organismo de Derechos Humanos independiente, autónomo, autárquico, para explicarle a la gente, como la defensoría del pueblo, pero la defensoría de los niños. Estuvimos, justamente, planteando algunos de los puntos que tienen, como vos bien decías, esta cantidad de artículos y algunos que nos preocupan mucho también del DNU. Pero hay temas que me parece que no contemplaron con el debido tiempo, como algunas reformas que tienen que ver con el Código Civil.

Por ejemplo, el divorcio administrativo, a mí parecería bien para los adultos, pero ¿qué pasa cuando en ese divorcio hay niños? ¿Quién controla los derechos que tienen los hijos y las hijas menores de edad o con discapacidad, a veces en conflictos entre los adultos? ¿Participan los asesores de menores, los defensores de menores y jueces de familias especializados en estos temas? Entonces, hay una cantidad de puntos que uno va viendo en esos artículos que, a simple vista, parece que no tienen nada que ver con los derechos de los más chicos y las más chicas, pero sí afectan esos derechos.

El índice de la AUH está atado a cómo se va actualizando la jubilación. En principio, parece haberse acordado una reforma en el cálculo del haber jubilatorio que estaría indexado por la inflación mensual. ¿Esto directamente impactaría en el índice de la Asignación Universal?

Nosotros esperamos que se recupere, no solo el índice de los jubilados (que como colectivo lo merece), sino que además se vuelva a asociar ese aumento trimestral automático a la Asignación Universal por Hijo, que es lo que venía sucediendo y lo que se mejoró mucho con un decreto que fue el 840/2022, en el cual nosotros tuvimos mucha influencia. Hay cosas que nosotros hablamos allí que se discutieron en los plenarios informativos. Ahora, estas negociaciones creo que toda la población conoce más o menos de qué se trata y qué se está negociando.

Esperemos que lo que se está negociando ahora, entre los bloques, incluya estas actualizaciones, y que vuelvan a dar la actualización trimestral, porque si no, no va a haber AUH o Tarjeta Alimentar que alcance. Hay muchos niños, niñas y familias que necesitan estos ingresos para completar los ingresos familiares, porque ninguna familia vive solamente con la Asignación Universal que reciben sus hijos, siempre hay otros ingresos laborales, sean formales o no. Eso nos preocupa, que el mismo gobierno que toma los índices de pobreza e indigencia entre los chicos para justificar algunas medidas, que tome la precaución, porque si no ese número se va a disparar.

Claudio Mardones: Usted recomendó, en cuanto al paquete de la reforma penal, que no se avance con las modificaciones planteadas. ¿Por qué plantea esto? ¿Cuáles serían los daños y perjuicios que podría provocar en la niñez y adolescencia?

Nos preocupa sobre todo el artículo 194, donde se aumenta la escala penal, es decir, aumenta la pena, la pena máxima hoy es de dos años, en el proyecto asciende a tres años y seis meses y lo convierte en excarcelable, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y creo que no se tuvo en cuenta cuando se hizo, que hoy la Ley penal juvenil vigente plantea que algunos delitos, como este del 194, que es el que entorpeciera el tránsito por agua, tierra, aire, al aumentar la escala penal, chicos y chicas de 16 y 17 años, que por la ley vigente no son punibles por estos delitos, pasen a ser punibles.

Una norma que en realidad, por otra parte, está asociada en el sistema de nuestro Código Penal, en el capítulo de seguridad y defensa, es decir, está pensado en principio en chicas y chicos, porque estamos hablando de 16 y 17 años, que son punibles para otros delitos, pero no para delitos de acción privada y delitos que tienen pena hasta dos años, porque están pensados para otra cosa. Me parece que ahí hay un error incluso en técnica legislativa, si lo que se quiere, de alguna manera, es penalizar el entorpecimiento del tránsito vehicular, no es lo mismo hablar de buques y de aviones, porque cuando hablamos de agua y aire, se está hablando de buques y de aviones. Nadie puede pensar que chicos y chicas de 16 años, por más que participen en alguna manifestación, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, estén pensando en sabotear un buque.

Estas son las cosas que a mí me parecen que no son congruentes con un sistema que nos guste o no, lo tenemos desde el año 1921. Yo estoy de acuerdo con que se reformen leyes, yo creo que está muy bien. Nosotros venimos hablando de que es necesario reformar la Ley actual penal juvenil, pero hacia adelante, nunca regresiva, sino progresiva, y pensando en lo que estamos escribiendo. En el Código Civil hay acciones típicas, acciones que constituyen un delito y que son cerradas.

CM: ¿Por ejemplo?

Por ejemplo, el robo, a diferencia del hurto. Robo es que haya violencia, es una sustracción de una cosa ajena, con violencia sobre las personas. Ese es un delito concreto que se llama robo. Entonces, esa acción es típica y es un delito. Ahora, en el artículo 332 del proyecto, dice que cuando alguna autoridad encuentra a niños por debajo de los 13 años, sin sus padres o algún responsable, tiene que llamar al organismo de protección. Y la verdad es que esto es retroceder 100 años. Eso está en la Ley Agote, en el año 1919. Está lleno de chicas y chicos, nenas y nenes de 11, 12, 13 años, que se juntan para ir a un shopping, para ir al cine o para jugar en una plaza, y no van con la mamá, el papá o con el tutor.

CM: ¿Usted teme que eso amplíe la discrecionalidad de la policía?

Sí, por que qué otra autoridad va a andar por la calle mirando cuántos chicos y chicas hay solos, aparte son nenas y nenes. Entonces, me parece que hay una cuestión conspirativa allí. Y una tutela que la mayoría de los niños y niñas no necesitan. Otra cosa es que estén en peligro inminente, y allí cualquiera, no solo una autoridad. Si yo veo un nene solo en la calle, en peligro por cualquier situación, cualquier ciudadano tiene que llamar a alguien, incluso la policía. Pero no algo tan generalizado. Pero por otro lado, ¿cuál sería el delito típico de tres chicos o tres chicas de 12 años en la calle, solos, sin papá y sin mamá?

CM: Teniendo en cuenta que con el encarecimiento de los alquileres, el vencimiento de los contratos y estas nuevas condiciones se espera un crecimiento del desalojo y la precarización de los sectores más vulnerables, y eso impacta directamente en niños y niñas, ¿cuáles son los reportes y el escenario que usted está viendo?

Ayer el Defensor de La Pampa, el Doctor Juan Pablo Meaca, me mandó una nota de un diario pampeano que dice que los alquileres hoy, en Santa Rosa, no superan los tres meses de duración. Entonces el problema es este, hay que pensar que hay 2.440.000 niños por la EPH que viven en familias que habitan viviendas alquiladas.

El debate sobre los alquileres.

Hay algo que es un principio del interés superior de los niños que se llama respetar el centro de vida. Es decir, no mover a los niños de un lado a otro, no cambiar de escuela cada rato, etc. Hay algunos niños que lo tienen que hacer por las actividades de sus papás, pero hay que tratar de evitar esto. Entonces la inseguridad, primero el derecho a una vivienda digna, asegurar una vivienda digna, y si están pidiendo sumas extraordinarias por 30 metros cuadrados, aquí también en Capital Federal, hay gente que ya no puede pagar alquiler. Ese es un tema. Dejamos a los niños en viviendas cada vez menos dignas.

Por el otro lado también está esto de las mudanzas y de la inestabilidad que genera sobre todo en los más chicos, cómo afecta a sus trayectorias escolares, la socialización en el barrio, en el club y los amigos. Y también la angustia que se transmite a las nenas y a los nenes cuando los padres están en una situación de incertidumbre en relación a cómo van a ser sus contratos de alquiler.

A mí me parece que lo que va a suceder, lo que está sucediendo y que ya estamos registrando, porque el DNU está ya en vigencia, es que los propietarios están alquilando por sumas que quintuplican lo que vienen pagando ahora las familias, familias de capas medias estamos hablando, porque las más pobres no alquilan. Y sobre todo el plazo, el plazo del alquiler que es muy cortito. Entonces son tres meses, son seis meses que generan inestabilidad y afectan el interés superior de las niñas y niños. Los contratos de tres años le dan a las familias, a los chicos, cierta estabilidad de vivir en una misma casa y poder incluso renovar esos contratos en términos de cierta equidad entre propietarios e inquilinos. A nosotros nos preocupan las familias con niños, después habrá otros que se preocuparán por el resto de la ciudadanía. Nuestra obligación es velar por los derechos de un tercio de la población.

Cuando ves algunos artículos de una reforma que perjudican a la población, al mundo adulto le cuesta pensar en cuánto perjudica eso a otra parte de la población, y nos olvidamos a veces, que son las niñas, niños y adolescentes.