De esta manera, la AUH tendrá dos actualizaciones al año –en marzo y septiembre- a partir de marzo de 2016 y un plus del 30% para los residentes de la zona patagónica que comprende a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el senador Juan Carlos Marino expresó “que se apruebe esta Ley es una buena noticia, garantiza su actualización automática dejando de lado discrecionalidades y el plus del 30% para La Pampa es un nuevo reconocimiento a su pertenencia patagónica. Medidas como esta trascienden a un color partidario y suponen dar oportunidades a niños que de otra manera quedarían marginados del sistema escolar”.

“Me reconforta que las sugerencias que hemos aportado desde la oposición para mejorar el decreto original hayan sido escuchadas. He presentado en el pasado proyectos que buscaban transformar en ley el decreto de AUH y que los montos se actualizaran mediante mecanismos para evitar que su valor se licue en manos de la inflación”.

“Espero que esta sea una señal a favor del diálogo y un gesto de apertura, pertenecer a otro partido no implica ser enemigo, nadie tiene el monopolio de las buenas ideas”, agregó.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) estipula que uno de los padres de cada niño menor de 18 años, o discapacitado sin límite de edad, perciba una suma mensual de 837 pesos, según el último aumento del 30% del pasado mes de junio, siempre y cuando esté desempleado y no cuente con otros beneficios sociales.

Además para poder cobrar ese dinero, se deben acreditar los controles sanitarios del niño, su plan de vacunación obligatorio y la concurrencia a establecimientos educativos entre los 5 y los 18 años.

Según la normativa vigente en referencia a Derechos Humanos todo lo que es derecho de los niños, niñas y adolescentes es deber de las generaciones adultas representadas en tres niveles: la familia, la sociedad y el Estado. Estos tres niveles deben garantizar el ejercicio pleno de sus derechos a lo largo de todo su desarrollo de manera integral como lo exige la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada en nuestra Constitución Nacional y que la ley 26.061 define y establece como Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.