El legislador manifestó que “frente a la cantidad de reclamos recibidos en Defensa al Consumidor en nuestra Provincia vimos la necesidad y la urgencia de abordar el tema. Era una problemática que nos preocupaba y que veníamos analizando. Mantuvimos reuniones con distintas agencias y consumidores, y hemos registrado información a partir de encuestas y de las experiencias de los consumidores que constan en las redes sociales.”

Marín agregó que “el proyecto de ley tiene por objeto continuar trabajando a favor de los derechos de los consumidores, poniendo en evidencia a aquellas agencias que cometen abusos y, al mismo tiempo, resaltando a las que hacen bien su trabajo.”

Meses atrás, la Directora de Comercio de La Pampa, Marisa Casimiro, aseveró que este tipo de denuncias y reclamos sobre abusos en los planes de ahorro se encuentran en el primer puesto del ranking en la provincia, señalando que la Inspección General de Justicia (IGJ) es ineficiente para poder controlar este tipo de cuestiones.

En La Pampa, los principales motivos de reclamos por esta problemática son: La falta o demora en la entrega de autos; débitos o cobros indebidos; no devolución de cuotas aportadas en caso de rescisión de contrato; ausencia de información relevante; incumplimiento de las ofertas, promociones o bonificaciones publicitadas; gastos de entrega no previstos; imposición de seguros no solicitados; venta engañosa.

Las normas sobre planes de ahorro y de capitalización se encuentran reguladas a nivel nacional por las resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo que habilita a dichas empresas a ofrecer al público estos productos y es también quien debe ejercer el control.

Si bien una legislación provincial no puede reglamentar ciertas materias que están reservadas a la esfera nacional, en materia de Defensa del Consumidor las provincias puede intervenir en ciertos aspectos, siempre en el sentido de ampliar el manto protector hacia los consumidores y no a contrario sensu de lo que indica la normativa nacional.

Finalmente, el diputado observó que “entendemos necesario contar con una legislación provincial que ayude al consumidor a acceder a información adecuada y veraz, teniendo en cuenta que es allí donde reside la mayor falla del sistema. Si logramos que el consumidor se asesore y conozca los alcances de lo que está contratando, lograremos disminuir considerablemente los abusos que se dan en esta materia. Además, sería importante poder contar con un Registro Provincial, que ayudara a las autoridades a poder identificar a estas empresas que cometen irregularidades y controlar las obligaciones que establece este proyecto”.