El asesor general del Gobierno de Chubut, Jorge Echelini, junto al ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, brindaron esta tarde en la Casa de Gobierno una conferencia de prensa, para informar acerca de la actuación que realizó en horas de la mañana en Rawson, el fiscal federal Guillermo Marijuan, en el marco de la investigación por el presunto pago de coimas que involucra a funcionarios de la gestión anterior y a la empresa inglesa British Petroleum, socia de Pan American Energy (PAE), para la ampliación de la explotación del yacimiento “Cerro Dragón”.

Al respecto, Cufré informó: “Se solicitó información relacionada con los permisos de exploración de Paso de Indios, Paso Moreno y Nueva Lubecka”, y agregó: “También hubo un requisito de información en la Delegación del Ministerio de Hidrocarburos en Rawson, para lo cual se especificó que la documentación está en la sede del Ministerio en Comodoro Rivadavia”.

“El fiscal Marijuan nos libró 72 horas para entregar toda la documentación que esté relacionada, la cual se entregará el viernes en el Juzgado Federal de Rawson”, indicó el ministro de Hidrocarburos.

Y explicó: “También tenemos que decir que hay cuestiones que vienen pasando con anterioridad, porque el 21 de enero hubo un exhorto librado por el juez federal Canicoba Corral, en donde solicitó información específica atinente a dos actos administrativos: dos decretos del Poder Ejecutivo, el número 870/06 y el 1.694/06”. 

“Estos dos decretos hacen mención a un acto administrativo, los permisos de licitación. Son 10 permisos de exploración, dentro de los cuales se encuentran Paso Moreno, Paso de Indios y Nueva Lubecka. Estos actos son decretos provinciales rubricados por el entonces gobernador Mario Das Neves y su ministro coordinador, Norberto Yahuar, y así fueron entregados al juez en tiempo y forma”, indicó Cufré.

A su vez, el ministro sostuvo que “posteriormente se libró otro exhorto solicitando información más específica, también sobre dos actos administrativos; son resoluciones de Petrominera Chubut: una es la resolución 66/07, la cual autoriza la cesión de derechos de tres de estas diez áreas (Paso Moreno, Paso de Indios y Nueva Lubecka), de la adjudicataria hacia otro consorcio de empresas que se denominó Río al Sur y Barraca al Sur”.

Y continuó: “Este acto administrativo está legitimado, también intima a constituir una Unión Transitoria de Empresas (UTE), rubricado por el entonces interventor de Petrominera, Néstor Di Pierro; y el segundo acto administrativo, también de Petrominera Chubut, resolución número 108/09, donde nuevamente se autoriza la cesión hacia otro consorcio de empresas, integrado por la empresa Northwood Argentina S.A. y Basur Desarrollos Energéticos S.A., que realizan la cesión a Pan American Energy”.

“Lo que se solicita es entonces  la documentación de cesión de estos permisos de exploración, y por supuesto, las minutas de cesión que en esos expedientes constan, que el viernes serán entregados en el Juzgado Federal de Rawson”, sintetizó Cufré.

En el mismo sentido, Echelini, al hacer una introducción de los hechos de esta mañana dijo: “El fiscal federal Marijuan se hizo presente en el Ministerio de Ambiente de la provincia por disposición del Juzgado del doctor Canicoba Corral en Capital Federal, quien peticionó al Juzgado Federal de esta ciudad una medida judicial consistente en la búsqueda de cierta documentación que estaría vinculada a una investigación que se encuentra haciendo este juez federal en Capital Federal, que tiene origen en la denuncia de presunta existencia de sobornos en la adjudicación de la concesión de Cerro Dragón”.

Y detalló: “El fiscal federal requirió específicamente de la provincia toda la documentación relativa a permisos de exploración y cesión de tres zonas o de tres yacimientos, que son Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios”.

“Esta documentación no se encontraba en el Ministerio de Ambiente, se le indicó al fiscal que se encontraba en el Ministerio de Hidrocarburos, posteriormente el fiscal se presentó en la delegación del organismo aquí en Rawson y allí se le puso a disposición la documentación, la que será entrega por su voluminosidad y por la necesidad de sacar copias, en un término de 72 horas”, añadió el asesor general del Gobierno de Chubut.

Asimismo, Echelini señaló que “es pura y exclusivamente esta documentación la que se buscaba, no es documentación que tenga vinculación directa con la cesión y con el contrato de concesión de Cerro Dragón; son tres yacimientos que no estarían en principio vinculados a la concesión de 2007, pero que sí, a entendimiento del fiscal, tendrían algún compromiso que amerita la investigación criminal que se está haciendo, a fin de determinar si hay responsables o no en la presunta existencia de sobornos”.

“Esto, si bien es una medida judicial que no se anoticia, es decir la Provincia no sabía de este tipo de medidas, sí la Provincia sabía de la existencia de esta denuncia y el doctor Canicoba Corral ya había pedido documentación a Chubut a través de diversos oficios, a distintos organismos, consistente en diversas resoluciones ya sí vinculadas a la concesión del 2007”, aclaró Echelini.

Y agregó: “También consideramos útil aclarar e informar que a la par de esta investigación existía una investigación también en esta provincia, por el mismo hecho, de la cual se nos notificó el archivo provisorio hace muy poco; y por el otro lado existe una demanda hecha por una Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, patrocinada por el doctor Vanossi, ya esto en la vía civil, donde se pide la nulidad del contrato de concesión con Pan American en concreto, sobre la base no solamente de la existencia de esta denuncia de sobornos, sino también sobre una presunta falsificación del informe de la existencia de reservas que se tomaban y se computaban para poder hacer la concesión”.

“Esta demanda, la provincia todavía tiene tiempo para contestarla, estamos en el proceso de elaboración de la contestación, pero es importante unir todo esto, en el sentido de que de esta denuncia hay varias derivaciones, tanto investigación penal como demandas civiles que persiguen un efecto mayor que es la nulidad del contrato, con la gravedad que se indica que ese contrato, siempre en el marco de lo presunto, se habría basado en información falsificada”, concluyó el asesor general del Gobierno.