La ex funcionaria menemista dijo que prefiere “revivir los hechos” antes de prestar testimonio. El tribunal que la juzga rechazó las nulidades pedidas por su defensa.
“Tengo intención de ampliar mi declaración pero antes quiero oir a los testigos y revivir los hechos, va a ser más fructífero que hable más adelante”, respondió María Julia cuando el presidente del tribunal le ofreció declarar. Antes, accedió a dar sus datos personales. En ese marco, reveló que desde diciembre de 2009 vive en Junin 1441, en el domicilio de uno de sus hijos, que está pegado al petit hotel rematado por la Justicia tras la condena por enriquecimiento ilícito.
-¿Tiene algún problema de salud?, quiso saber el presidente del tribunal
-Tengo problemas respiratorios, actualmente estoy en tratamiento.
-¿Es consecuencia de alguna droga?
-Nunca fumé, el tabaco es una droga a la que nunca tuve acceso, le respondió María Julia con una sonrisa.
Antes de comenzar la audiencia, el tribunal oral federal Nº6 rechazó todas las nulidades presentadas por la defensa de la ex funcionaria. Su defensora oficial Pamela Bisserier escuchó los argumentos visiblemente ofuscada.
Los primeros cuatro testigos declararán hoy a la tarde. El fiscal y el representante de la Oficina Anticorrupción desistieron del testimonio del titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy y de otro funcionario de ese organismo, pero Alsogaray pidió que sean citados.
Está previsto que declaren un total de 34 testigos a lo largo de 11 audiencias. La sentencia se conocería los primeros días de abril, antes que prescriba la causa. Por ese motivo, no se descarta que haya audiencias los sábados, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.
Alsogaray está acusada por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” a raíz de la firma de cuatro contratos, en 1996, para la promoción del plan de concientización sobre el manejo del fuego. La Justicia considera que “no estaba justificada la contratación directa” y que hubo una maniobra irregular porque dos de las tres empresas oferentes tenían el mismo domicilio y los mismos socios.
Además, determinó que hubo un “desdoblamiento” de los contratos para burlar la normativa legal que obliga a realizar licitaciones públicas en contratos que superen los $ 100 mil. Con la firma de Alsogaray, se contrató a una empresa y luego se hicieron tres contratos de locación de servicio con sus socios. En total se gastaron $ 158 mil.
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