RP.- ¿Cómo llega la Justicia a determinar que Farmacity no podrá funcionar en provincia?

Este es un juicio que inicia la empresa hace cuatro años, en el 2012. Nuestra ley establece parámetros geográficos y demográficos, una farmacia instalada cada 300 metros, cada 3 mil habitantes, nosotros los farmacéuticos la cumplimos a rajatabla. Se inicia el proceso y pierde la primera instancia, la segunda instancia también y ahora la Corte Suprema se pronunció en el fallo definitivo diciendo que nuestra ley es constitucional y no le hizo lugar a los planteos que hizo Farmacity.

Para el colegio que siempre ha bregado por el cumplimiento de las leyes vigentes y somos respetuosos del debate parlamentario, de una ley que tuvo amplio debate, la farmacia no es un comercio. Es una extensión del sistema de salud.

La farmacia está para dar servicio a los bonaerenses y tenemos que tenerlas instaladas en cada pueblo, en cada barrio para que la gente no tenga que trasladarse kilómetros y kilómetros y durante todos estos años esta ley que ha sido imitada por otras provincias y que es de corte netamente sanitaria ha hecho que el servicio llegue a los rincones más alejados de la provincia. Así que celebramos el fallo de la corte y esperamos que Farmacity cese el intento de entrar en territorio bonaerense incumpliendo la ley.

RP.- ¿Además se veía modificado el manejo en cuanto al recurso humano?

Sí. En la provincia tenemos 4.500 farmacias, las hospitalarias, las mutuales y sindicales y las unipersonales que son propiedad del farmacéutico que es un profesional universitario que estudió cinco años una carrera como mínimo. Lo que quiere es dar servicios de salud y no el modelo planteado por Farmacity que es un modelo shopping donde encontramos un montón de productos que nada tienen que ver con el cuidado de la salud de la gente.

RP.- ¿En Farmacity se requiere sí o sí un profesional en el local?

Sí. El profesional ellos no lo cuestionan, lo que pasa es que la independencia de ese profesional está dada por la propiedad. Si es un empleado se le exige un orden, en cambio si es un profesional independiente porque es propietario, decide cuáles son los productos que va a dispensar y por supuesto cuidando las leyes vigentes para que el medicamento que no es un bien de consumo sino un bien social llegue seguro y eficaz. Eso le da independencia porque el farmacéutico realmente es responsable y si no lo hace pierde su título profesional en esto. Entonces no sucede lo mismo cuando hay un empleado al que se le da indicaciones.

RP.- ¿Esta decisión judicial da un alivio ante las diferentes problemáticas que afrontan las farmacias este año?

Sí, la mayoría de las farmacias son pequeñas, medianas, hay grandes también pero siempre si lo comparamos comercialmente aunque la farmacia no es un comercio estamos hablando no de pymes sino de minipymes, lo cual esto tiene un impacto en la economía.

El aumento de servicios, el hecho de no cobrar la seguridad social y si encima de eso se lograba romper la ley porque Farmacity pretende tener una farmacia una al lado de la otra no teniendo en cuanta dónde está la gente, esto iba a ser un perjuicio muy importante. Y esto ya lo hemos visto en otras provincia y países donde se ha dado el ingreso de esta cadena.

Acá lo que se hace es que cada uno tenga su independencia, por supuesto esto garantiza también los controles. Es una ley que no tiene que ver con los oligopolios, con los monopolios, todo lo contrario. No somos un grupo económico ni mucho menos, somos farmacéuticos que estudiamos una carrera universitaria y queremos vivir dignamente de la profesión. Le ponemos mucho, somos el sostén de familia y de las familias de los empleados que hoy están  en las 4.500 farmacias de la provincia de Buenos Aires.