Por

FRANCO MIZRAHI

La pérdida de 3.000 millones de pesos en 6 meses y de más de 30.000 medicamentos, contrataciones directas millonarias y la falta de transparencia y de presupuesto son algunas de las irregularidades que el desplazado secretario de Administración de la Corte, Héctor Marchi, encontró en la Obra Social de los judiciales (OSPJN) y volcó en un informe que elevó a Horacio Rosatti un día antes de ser eyectado de su cargo. La Comisión de Juicio Político ya requirió a la Corte el trabajo de Marchi y citó al ex secretario a declarar en el proceso que se les sigue a los cuatro supremos en el Congreso.

Rosatti junto a sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda decidió este jueves trasladar a Marchi de la estratégica secretaría de Administración, donde estuvo 15 años, a la Cámara Federal de la Seguridad Social con la excusa de reformar toda el área administrativa. “Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la Obra Social”, escribió Ricardo Lorenzetti en su voto disidente y puso el foco en los desmanejos que se están ventilando en torno a la prestadora médica. Tras su apartamiento, Marchi pidió una licencia de 180 días.

La problemática de la OSPJN cruza transversalmente a todos los supremos y al propio Marchi. La obra social depende de la Corte, que es un cuerpo colegiado, y el principal apuntado, Aldo Tonón, estuvo al frente de la prestadora médica desde 2008, es decir, desde la presidencia de Lorenzetti. No obstante, hay grados de responsabilidad. Un correo electrónico que Maqueda había enviado a sus pares y que está en poder de la Comisión de Juicio Político da cuenta de que el encargado de supervisar lo que sucedía en la OSPJN era él aunque no exista una designación formal sobre esa tarea. Sin ir más lejos, Tonón es un hombre de su confianza. El tema es una de las causales de la promoción del juicio político contra los 4 ministros cortesanos.

El detonador

Este último miércoles, Marchi le envió al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, distintos informes sobre la situación de la Obra Social de los judiciales que había sido requerida por la comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard. Se trata de un diagnóstico que expone los desmanejos en la prestadora de salud y que se empezaron a realizar en octubre de 2021 cuando todavía el presidente de la institución era Aldo Tonón, a quien la Corte le aceptó la renuncia el pasado 30 de marzo pero condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite. Tonón está siendo investigado en sede penal por su rol en la OSPJN. Tanto Tonón como Marchi fueron citados para declarar el próximo martes en la comisión.

El trabajo que Marchi elevó a Rosatti consta de  4 informes de supervisión y 30 notas de observaciones y recomendaciones hechas al directorio de la OSPJN. En formato digital Marchi envió además a Rosatti 94 cuerpos (más de 18.000 fojas) con información complementaria de los informes de supervisión.

Entre los pasajes más relevantes del material se destaca que en la obra social de los judiciales:

Durante la gestión de Tonón hubo una concentración de las decisiones en una única persona cuando el estatuto de la institución indicaba que debía ser gobernada por 3 integrantes. Esa persona es Tonón.Existían cargos jerárquicos que no habían sido cubiertos y había una debilidad en la cadena de mando que afectaba el normal desempeño de una institución con más de 100.000 afiliados y que, mensualmente, recibe millones de pesos por parte de sus aportantes.Que los sistemas informáticos eran totalmente vulnerables y se perdió información, lo que afectó la prestación de los servicios a los afiliados.

Por los desmanejos en la gestión de Tonón –quien está acusado en la Justicia de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos-, la Corte puso la obra social bajo la supervisión de la Secretaría General de Administración, el área de Marchi, y en octubre de 2021 nombró a Mariano Althabe al frente de la institución.

Según indican desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, durante el tiempo que Marchi supervisó la Obra Social envió a los supremos varios informes donde exponía que no se estaban realizando cambios reales en la prestadora médica. Por ejemplo, remarcan que:

En dos años de la gestión de Althabe no se cubrieron las áreas sensibles que estaban vacantes. Entre otras cosas, no hay un tesorero.La Obra Social, que es superavitaria, perdió 3.000 millones de pesos en 6 meses por no invertir el superávit en plazos fijos. Se estima que durante los años se perdieron miles de millones de pesos justamente por falta de inversión.Se perdieron más de 30.000 medicamentos en la Farmacia que tiene la Obra Social. Se estima que esa pérdida equivale a 80 millones de pesos.Los medicamentos se compran de forma directa sin que exista una licitación transparente cuando las operaciones implican 400 millones de pesos mensuales. La falta de licitaciones parece que es moneda corriente en la entidad.Se siguen usando los mismos softwares obsoletos que en la gestión de Tonón.Sigue sin existir un Presupuesto.

De los 4 informes que realizó la Secretaria General de Administración solo se publicó el primero. Los restantes, que analizan la gestión de Tonón y la de su sucesor Althabe, no fueron difundidas por la Corte.

Parte de estos desmanejos habían sido marcados por Lorenzetti en una nota que publicó en el Centro de Información Judicial (CIJ) el pasado 4 de abril, que le valió un nuevo cruce con sus colegas.

A su vez, muchas de estas irregularidades quedaron expuestas en la Comisión de Juicio Político que empezó a abordar el desmanejo de la Obra Social de los judiciales el pasado martes. En la que fue la primera audiencia sobre el tema en la Cámara de Diputados declararon los peritos contables y médicos que a pedido de la Corte realizaron la auditoría económica, financiera, de legalidad y gestión de la OSPJN sobre la gestión Tonón, que arrojó “disfuncionalidades de diverso orden”. También prestaron testimonio afiliados que sufrieron las consecuencias de las irregularidades y funcionarios de la Obra Social. Todos dieron cuenta de graves deficiencias y desmanejos. Brilló por su ausencia Tonón, quien pidió vía un escrito que se lo exima de declarar porque está siendo investigado en sede penal por las irregularidades en la OSPJN y hasta envió a un abogado en su nombre a la comisión. La solicitud fue rechazada y se lo volvió a convocar para el próximo martes.

La razón que esgrimieron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda para desplazar a Marchi fue la necesidad de reformar toda el área administrativa. “El Tribunal considera necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas. A tal fin se requiere, entre otras medidas que serán adoptadas en el futuro, disponer el traslado del Secretario General de Administración, quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”, escribieron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda este jueves en la Resolución 723/2023 por la que se corrió a Marchi.

El disparador de esa resolución fue la Acordada 11/23 también firmada este jueces por la que se crearon distintas secretarías y reubicaron dependencias. La razón que esgrimió la tríada Rosatti-Rosenkrant-Maqueda para realizar los cambios fue “un importante proceso de modernización” que busca “afianzar y mejorar el servicio de justicia a través de una mayor transparencia en la gestión administrativa y nuevas políticas institucionales”. En lugar de Marchi fue nombrado de forma transitoria Damián Ignacio Font, de la Secretaría Judicial Nº 1.

Lorenzetti se opuso a estas modificaciones. Manifestó sus disidencias tanto en la acordada como en la resolución y dijo: “Es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado” de Marchi. “La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de Abril, que no parece gustar”, añadió y puso el foco en el mentado informe que el entonces secretario había elevado a Rosatti.

El supremo oriundo de Rafaela sostuvo que en la Acordada 11/23 "se decide exactamente lo contrario que se resolvió en el año 2015, quebrando la regla que prohíbe ir contra los propios actos y alterar las reglas del proceso”. Recordó que a través de la acordada 39/15, el 21 de diciembre de 2015 (firmada por Lorenzetti, Elena Highton, y Maqueda), la Corte suprimió la Secretaría de Gestión y pasó todas las dependencias a la Secretaría de Administración. “Se consideró prudente suprimir la secretaría porque no era necesaria y generaba costos para el erario público. La Acordada que ahora se propone, crea nuevamente la misma secretaría con funciones similares, lo cual no tiene justificación alguna”, indicó.

En esa línea, y en el marco de la interna feroz que agrieta a la Corte, acusó a sus colegas de gastos millonarios innecesarios. Por ejemplo, dijo que el 11 de octubre de 2018, a pedido de Rosenkrantz, que recién asumía la presidencia del tribunal, la Corte creó la Secretaría de Desarrollo Institucional que prácticamente no tuvo funcionamiento: “Con el paso del tiempo se advirtió que no tuvo un funcionamiento real ni respondía a necesidades concretas. Esa secretaría tiene, considerando sólo los sueldos, un costo anual de ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000)”. Desde su creación, destacó Lorenzetti, “no ha presentado ningún informe de actividades que justifiquen ese costo”.

El desplazamiento de Marchi hay que ubicarlo en el enfrentamiento a cielo abierto que el ex secretario mantiene con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Marchi tiene un juicio por daños y perjuicios con Elisa Carrió que llegó al Alto Tribunal. En ese proceso pidió la excusación de todos los cortesanos. Señaló que la tríada que ahora lo desplazó está siendo defendida por los diputados de la Coalición Cívica en la comisión de Juicio Político y por lo tanto no son imparciales en el pleito que mantiene con la cofundadora de Cambiemos. De más está decir que Rosatti, Rosenkrant y Maqueda desoyeron los argumentos de Marchi. Este jueves lo desplazaron a la Cámara Federal de la Seguridad Social. En la Corte entienden que el movimiento es una presión para que renuncie.

En este contexto, la Comisión de Juicio Político citó para este martes a Marchi para que declare como testigo en el proceso que se les sigue a los cuatro supremos.