Por Adriana Meyer

Una nueva marcha de la docencia primaria recorrió las calles de San Salvador de Jujuy. Entre globos blancos y banderas argentinas el canto de "qué momento, qué momento, todos juntos de la mano del maestro" sintetizó una protesta por aumento de salarios y que incluyó el reclamo de que se anule la cuestionada nueva Constitución provincial. La comunidad educativa de la localidad de Abra Pampa decidió la toma de escuelas. Mientras, se replican las medidas de fuerza de los estatales de ATE, que realizan un paro por 48 horas, y de los empleados municipales, al tiempo que siguen los cortes de ruta, sobre todo en la Quebrada y la Puna, y las marchas de antorchas de autoconvocados. Además, mineros están bloqueando los accesos a los dos emprendimientos transnacionales en Salar de Olaroz y en el Parque Solar de Cauchari.

Trabajadores estatales y municipales de Jujuy retomaron las medidas de fuerza con cortes de ruta en reclamo de recomposición salarial y en rechazo a la reforma constitucional aprobada por el gobierno provincial. El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) inició un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo después de rechazar el ofrecimiento de un piso salarial de 130 mil pesos. El secretario general del sindicato, Sebastián López, ratificó que "la discusión salarial no desviará el foco en el rechazo a la reforma constitucional ya que son exigencias independientes". Y agregó que "la consigna sigue siendo 'arriba los salarios, abajo la reforma'". 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Jujuy), que agrupa a empleados de la salud, educación y municipales, retomó las medidas de fuerza con un paro sin asistencia por 24 horas. Esta agrupación sostiene que hay un "repudio popular ante la represión a nuestros compañeros por el gobernador Gerardo Morales", y exige la "revisión del ofrecimiento con salarios en la línea de pobreza y la recategorización de todos los trabajadores municipales. 

Por su parte, maestros y maestras de los niveles inicial y primario, nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), iniciaron este lunes la cuarta semana de paros con una movilización en San Salvador de Jujuy, tras haber decidido en asambleas rechazar la oferta del gobierno. Al mismo tiempo reafirmaron el reclamo por la derogación de la reforma y exigieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial. El gobierno de Morales comunicó que habrá descuentos salariales a quienes sigan de paro.

En tanto, los docentes de nivel medio y superior suspendieron la medida de fuerza, pero realizan una serie de acciones en rechazo de la modificación de la Constitución. Sin embargo, hubo un grupo de docentes autoconvocados que realizó el domingo una marcha de antorchas contra la decisión del gremio de profesores de levantar las medidas. "No hubo una representación legítima ya que muchos docentes que no estaban de acuerdo no pudieron llegar a capital por los cortes de ruta", dijo la docente jujeña María Florencia Ponce.

Tensión social

En estas horas hay nueve cortes de ruta activos en la provincia de Jujuy, entre ellos los que realizan las comunidades originarias en Purmamarca, Humahuaca, Uquia y Susques. En La Quiaca comenzaron una huelga de hambre y la protesta sumó la tradición de las "crucifixiones", una medida que se repite desde 2002, cuando el sacerdote Jesús Olmedo fue el primero en subirse a una cruz de madera para permanecer atado. Una delegación de comuneros indígenas viajó a Buenos Aires para reunirse este martes con el presidente Alberto Fernández y denunciar "la persecución" a dirigentes y la "violencia institucional" ejercida por la policía jujeña.

En Libertador General San Martín, localidad conocida como Ledesma, hubo una movilización de unos 500 docentes primarios que recorrió las principales calles, de norte a sur, hasta el acampe que mantienen los huelguistas. Fueron acompañados por delegaciones del SEOM, ATE y la Corriente Clasista y Combativa.

Momentos de tensión se vivieron por un enorme operativo de la Policía Montada en Perico. Las mujeres del piquete filmaron a los policías quemando una bandera. "Miren, queman la bandera que juraron defender", decían, con el celular en alto.

Así como no ceden las manifestaciones, tampoco baja la tensión social. El Ministerio Público de la Acusación informó que fueron acusadas penalmente 90 personas del centenar de detenidos entre el 17 y el 20 de junio por delitos como la obstrucción del tránsito, resistencia a la autoridad y “entorpecimiento funcional", cometidos en "flagrancia". La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que recibe denuncias sobre la represión y la violencia policial que pueden ser realizadas de manera anónima. Por su parte, una nueva Misión de Derechos Humanos --una agrupación que comenzó a recabar violaciones a los derechos humanos en territorio jujeño a partir de las detenciones a Milagro Sala-- y el Comité Nacional contra la Tortura siguen tomando denuncias a las víctimas de los golpes, allanamientos ilegales, torturas y detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos días. La coordinadora de esta Misión, Alicia Montoya, señaló: “Invitamos a todas las personas que han sufrido heridas, represión, que han sido detenidas arbitrariamente a que se acerquen. Sabemos del temor, sabemos que hay personas infiltradas, por eso queremos dar garantía de que sus denuncias van a ser oídas”, dijo.

Mientras tanto, el bloque legislativo Cambia Jujuy (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para crear una comisión investigadora que "aclare los hechos de violencia en la Legislatura". Pedirán apoyo judicial y de la Policía de Jujuy, una paradoja siendo que esta fuerza está denunciada por provocar, infiltrar y cazar manifestantes. De hecho, la denuncia que recogieron los organismos de derechos humanos menciona que la Legislatura funcionó durante las horas del operativo represivo como un centro de detención.