Según una definición googleable, el “metaverso” es un concepto aplicable a la próxima generación de internet, donde el usuario se sumerge en una experiencia multisensorial e interactúa con su entorno de múltiples maneras, pero que oficia como una metáfora del mundo real sin sus limitaciones físicas o económicas. Rastreable a través de toda la cosmología de mundos paralelos creada por Marvel para su interminable saga de comics y sus variantes, y recuperada ahora para la nueva aventura de Mark Zuckerberg y su ex Facebook, el multiverso es un plano diferente de existencia donde conviven realidades superpuestas. No es real lo que pasa, pero podría serlo.

En el plano de lo real, la Argentina debe lidiar con un tenso acuerdo con el FMI y con un desembolso clave con due date mañana, luchando con una expectativa del 4% de inflación en enero y surfeando la ola de contagios de la tercera ola de covid. Además, con un panorama legislativo que exhibe ausencia de consensos mínimos con la oposición para sacar adelante proyectos de ley necesarios para gobernar. Nadie quiere que todo el año sea como enero. En el “metaverso” está la marcha para pedir la renuncia de todos los ministros de la Corte Suprema convocada para el 1 de febrero.

Este es el principal motivo por el que al interior del oficialismo la iniciativa despierta todo tipo de resquemores y agrieta las estrategias: mientras que algunos miembros del kirchnerismo han adherido reinterpretando la consigna para que no parezca que se persigue un golpe contra la cabeza de uno de los tres poderes del Estado. A eso terminaron empujándolos el ímpetu de los convocantes –el juez Juan Ramos Padilla, el expiquetero Luis D´Elía y algunos otros simpatizantes que están en los márgenes-, que van directamente por “echar” a la Corte en nombre de una auto adjudicada representación popular. Ese argumento hace erizar los pelos a cualquiera que haya leído en la Constitución ya que ninguno de los mecanismos institucionales se están utilizando para una demanda de semejante calibre lo que coloca al espíritu de la demostración en una cornisa republicana.

Como analizó Ámbito, el síndrome del “Coyote” que quedó configurado al erigirse una nueva pelea con “la Justicia” terminó emboscando al Gobierno, preso del declaracionismo y empujado por una movida twittera. Pero obligó también a la política a tomar posición. Eso hicieron los “presidenciables” de la oposición de manera instantánea, sin precisar demasiada lectura: Horacio Rodríguez Larreta primero y Gerardo Morales devolvieron el centro con entusiasmo. Toda la jugada no hacía más que empujar a la Corte a los brazos de quien cuestionara la vía intentada para forzar una renuncia masiva de la cúpula del Poder Judicial.

Pero eso no fue privativo de los opositores ni monolítico para el oficialismo. De hecho, los principales funcionarios del oficialismo encargados de las gestiones judiciales y de tender puentes lo consideraron –por lo bajo, siempre- un grueso error. Leopoldo Moreau, presidente de la Bicameral de Inteligencia adhirió sin cortapisas. En el Gobierno mencionan que busca tener una mayor incidencia en la AFI en una interna donde sectores buscan recortar el margen para la interventora Cristina Caamaño. El diputado Eduardo Valdés anunció su participación pero con un objetivo diferente: subrayó que la Corte había sido víctima de espionaje y que el lawfare se tradujo en un descontrol judicial que bien valía una manifestación. Al darle un barniz republicano casi que no quedó puntos en común con los convocantes. ¿Alguien escuchó que opina de la marcha el jefe de Gabinete Juan Manzur? Nada bueno.

El otro problema que atravesó despachos gubernamentales tuvo que ver con quiénes serán los oradores y lo que puede llegar a ocurrir durante la marcha. La génesis misma de la propuesta vuelve impredecible cuál será el nivel de virulencia que se exhiba lo que vuelve todo el episodio “tóxico”, como lo definió una alta fuente con despacho en la Casa Rosada. Nadie sabe bien qué puede pasar, mucho menos cuál va a ser el mensaje que quede de la manifestación. La única certeza es que la factura la dejarán en Balcarce 50.

Algunos kirchneristas se lamentaban de la brújula imantada. Si la misma propuesta hubiese sido dirigida hacia los tribunales federales de Comodoro Py que colecciona desaguisados y tuvo directa injerencia en los expedientes políticos que se denuncian como armados. La relación impropia de varios de sus miembros con el gobierno anterior tampoco es necesario explicarla. La responsabilidad en la ausencia de avances de investigaciones contra la gestión macrista también los tienen en un pico de protagonismo. Hay otro condimento soslayado en el cálculo político: los tribunales de Retiro son difíciles de defender en un contexto de estas características. Hasta podría tener algún tipo de efecto.

Ordenador

La novedad fue un nuevo mensaje ordenador de Cristina de Kirchner –desde el exterior- que parece reafirmar varias de las ideas fuerza de alimentan el descrédito del Poder Judicial. “Los golpes no se hacen con militares sino con jueces”, fue una de las frases más picantes que llegaron desde Tegucigalpa. Habló de “golpes judiciales”. De memoria, la expresidenta tapizó de ejemplos regionales movimientos o cuestiones entrelazadas con lo judicial que desestabilizaron presidencias en varios países latinoamericanos o propiciaron golpes de Estado. Describió a Nicaragua como una suerte de primer ensayo de lawfare que se extendió a otras naciones no ya con militares educados en Panamá, sino con jueces invitados a foros y formados en comisiones especiales, lo que tendría una motivación geopolítica para avanzar sobre democracias amplificadoras de derechos. Toda la secuencia deja claro que Cristina no coincide con la idea de “autodepuración” de la Justicia.

La expresidenta se mira en el espejo de Lula Da Silva pero con un resultado distorsionado. En el caso de Brasil, el mismo Supremo Tribunal Federal que había avalado la avanzada por el Lava Jato (y hasta su encarcelamiento con tintes de arbitrariedad en muchas de sus decisiones) terminó revirtiendo los procesos una vez acreditadas las tropelías ocurridas a lo largo de la investigación que dejaron muy mal parado al exjuez Sergio Moro, entre otros. Ese proceso no se dio en Argentina, hasta el momento. La falta de homologación ante lo que se consideran situaciones análogas explican esa cosmovisión. Cierto es tampoco Lula nunca organizó una marcha contra el Supremo.

En su intervención, Cristina dejó un apartado particular para ser linkeado con una de las principales preocupaciones judiciales fuera del “metaverso”. Habló de la narcocriminalidad y del repliegue del Estado propiciado por la política y las presiones externas que terminaban configurando una amenaza que excedía la de la seguridad pública. Una coincidencia temática en las preocupaciones con el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti que mencionó que el gran flagelo a combatir radica en este problema, aunque la expresidenta le dio un cariz también geopolítico para explicar el fenómeno y su complejidad.

La nueva asolada en Rosario y Santa Fe con episodios que pusieron bajo amenaza a fiscales y resultaron en balaceras contra sedes del Servicio Penitenciario son demostrativas de esa urgencia. Hasta la Asociación de Magistrados resaltó que deben tomarse las medidas necesarias para evitar lo que ocurre en otros países de la región (y por ende, no ocurría en Argentina) respecto al control territorial y a la influencia política que tiene el narcotráfico.

Se trata de un serio llamado de atención por los crecientes episodios de violencia. Y de una amenaza en el plano de lo real. No del “metaverso”.