Ambos municipios habían cuestionado una resolución que había emitido el ministro Norberto Yauhar para que la cebolla fuese procesada en las fronteras, pudiendo ocasionar perjuicios a las economías regionales
Tal como había señalado la revista La Tecla, los intendentes Patricia Cobello (Villarino) y Jabier Garcés (Patagones), ambos del Frente para la Victoria, habían expresado su descontento, a causa de que la mencionada resolución podía provocarles una caída económica considerable, debido a que el 85 por ciento de la producción y envasado total de cebolla del país se sitúa en estas localidades (más una mínima parte en distritos de Río Negro).
Vale tener en cuenta, para tomar la magnitud de los perjuicios que podía causar, en Villarino funcionan 61 galpones de empaque, en los que trabajan alrededor de 1.800 empleados por temporada, lo que equivale, en términos económicos, a más de 14 millones de pesos. En Patagones, en tanto, son 700 las fuentes de trabajo directas que se afectarían.
Solamente por el sistema de transporte de la cebolla desde los campos linderos a los galpones se perderían 13.750.000 pesos. En tanto, por el alquiler de los galpones por parte de los empresarios no ingresa-rían en el distrito 2.400.000 pesos.
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