La ministra de Justicia, Marcela Losardo, presentó y defendió ante senadores la reforma judicial enviada al Congreso por el presidente Alberto Fernández para “el mejoramiento de la Justicia para que sea eficiente, eficaz e independiente”. Varias veces insistió con que las causas en trámite, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias, seguirán en los juzgados originales mientras que las nuevas causas serán sorteadas entre todos los juzgados. Frente a una ironía de una senadora opositora, aseguró que “no queremos poner jueces a dedo, ni vamos a poner jueces por decreto”.

La tucumana Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, había pedido que “no escriba nombres en una servilleta” en alusión a un gesto atribuído a Carlos Corach, ex ministro del Interior y ex secretario de Legal y Técnica de Carlos Menem. “Quédese tranquila que no vamos a mandar ninguna servilleta”, retrucó Losardo y recordó que en aquellos años “no existía el Consejo de la Magistratura”, organismo que interviene en la designación y sanción de los magistrados. Afirmó además que las designaciones de los jueces subrogantes, hasta que estén los concursados, serán a través de las instituciones según establece la Constitución y que mientras se realicen los concursos para los nuevos juzgados “ustedes van a votar si esos jueces subrogantes pueden ocupar el cargo por un año”.

La ministra Losardo también negó que el Gobierno impulse la ampliación de la Corte y descartó en forma “absoluta” que se quiera cambiar la mayoría de dos tercios para la designación del Procurador General en el marco del trámite frenado para el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Presidente para el cargo, que no tiene esos votos. “No hay posibilidad de nombrar a dedo ni de traslados a dedo, no hay posibilidad de que nadie ponga nadie a dedo”, repitió Losardo sobre la reforma judicial que busca unificar el fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico y crear uno nuevo, el Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la creación de juzgados penales federales en las provincias.

Reunión remota de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de La Nación, donde expone La Ministra de Justicia, Marcela Losardo , sobre el Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, el 04 de Agosto de 2020, Buenos Aires, Argentina. Fotos: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado.

Tras escuchar preguntas de los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Losardo cambió el tono de una exposición que había comenzado casi leída y recitada a una argumentación muy firme. El reiterado planteo sobre cuánto cuesta la reforma y si es el momento en el marco de la pandemia encendió sus respuestas. “Para nosotros la Justicia no es un gasto, es una inversión, tenemos que pensar cuál es el costo de esa Justicia ineficiente, combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado, no me hablen de costos insignificantes en un presupuesto nacional”, alzó la voz y reprochó que el planteo “es lo mismo que decir no tengamos escuelas porque es un costo”. Por el contrario admitió que “la pandemia nos trastocó la agenda” porque el Presidente, que además es su amigo y su socio de estudio por años, pretendía avanzar hace varios meses.

“Estos número que han salido están muy alejados de la realidad, la reforma está concebida en partes y por etapas”, trató de calmar la preocupación de Juntos por el Cambio la ministra que ante la insistencia de Esteban Bullrich, del PRO, prometió que enviará todos los números y el comparativo con lo que cuesta la demora por ejemplo en causas como la voladura de la AMIA o de la Embajada de Israel.

Losardo puntualizó que en la fusión de fueros en Capital no habrá más erogación y que en la creación de nuevos juzgados se nombrarán jueces pero no secretarías, ya que se desdoblarán las existentes. En el caso de la creación de nuevos juzgados en las provincias, indició que se hará por etapas “en la medida de las partidas presupuestarias”. La reforma, reiteró, se aplicará en forma “escalonada”.

Reunión remota de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de La Nación, donde expone La Ministra de Justicia, Marcela Losardo , sobre el Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, el 04 de Agosto de 2020, Buenos Aires, Argentina. Fotos: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado.

Antes de responder preguntas, Losardo expuso durante 45 minutos. Explicó que además de cumplir con el mandato constitucional al transferir competencias penales a la Ciudad, se hizo un diagnóstico sobre el número de delitos en los que interviene la Justicia Federal que “ha aumentado considerablemente lo mismo que la conflictividad”. Mencionó la “sobrecarga de trabajo”, los datos sobre el atraso y la morosidad de los 12 juzgados federales con asiento en la Ciudad que relevó el Colegio de Abogados y recordó que hay investigaciones que se demoran 15, 20, o hasta 26 años y que al momento de la elevación a juicio las pruebas no alcanzan o el delito prescribió.

La ministra apuntó varias veces a la necesidad de creación de juzgados federales de primera instancia en lo penal en las jurisdicciones provinciales para agilizar las investigaciones en delitos como la trata de personas, narcotráfico y contrabando. Además remarcó que se apunta a la “especialización” de los jueces y que el espíritu de todo el proyecto busca “la independencia de los magistrados” que es, consideró, “una de las deficiencias más evidentes”.

En el caso de los juzgados porteños que resultarán de la fusión, insistió en que los jueces (por ejemplo los que tramitan causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “continuarán con las mismas causas”. “Lo mismo ocurrirá con los tribunales orales”, avisó. “Continuarán en el mismo juzgado y con el mismo juez que conservarán todas las causas a su cargo”, repitió sobre las investigaciones en curso. Y agregó: “No es una garantía de impunidad o cambio de juez”.

El plenario fue coordinado por la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. Y hubo, como ya es habitual, algunos pases de factura sobre el pasado reciente.

Alberto Fernández al presentar la reforma judicial (Presidencia de la Nación)

“Nos retan por cosas que no tienen anda que ver con esta reforma, hablan sobre la deuda o sobre cómo gobernaba Mauricio Macri”, salió al cruce la cordobesa Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión después de que el rionegrino Martín Doñate hablara del endeudamiento tomado por el gobierno de Cambiemos.

Losardo había mencionado que la iniciativa oficial tomó parte del proyecto Justicia 2020 del ex ministro Germán Garavano que en el Congreso presentaron, entre otros, Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni, Federico Pinedo y Luis Naidenoff. La senadora tucumana aseguró que aquella iniciativa apuntaba, a diferencia del nuevo proyecto, a poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal y el Civil y Comercial pero además, subrayó: “No estábamos en tremenda crisis económica social como estamos ahora”.

Por su parte, el correntino Pedro Braillard Poccard (del interbloque de Juntos por el Cambio) cuestionó el momento y la “urgencia” pero sorprendió al señalar que el proyecto “es muy bueno”. “Lo estudiaremos, lo mejoraremos”, prometió y propuso citarla a futuro y a otros funcionarios para seguir trabajando sobre el proyecto. En cambio el cordobés Ernesto Martínez sentenció: “Es todo para peor”.

Martín Lousteau (Evolución-UCR), en cambio, consideró que “obviamente que es necesario una reforma de la Justicia, porque hoy no es ni parcial ni eficiente, lo que debemos debatir es cuál es la reforma que necesitamos y si realmente es un problema de diseño, porque hoy se nombraron dos cosas, parcialidad y eficiencia. La parcialidad parece más un tema de personas”, advirtió. Y coincidió con su bancada en analizar los números en la comisión de Presupuesto.

El fin de semana hubo movilizaciones en contra del proyecto (Adrián Escandar)

Los senadores del Frente de Todos respaldaron en sucesivas intervenciones los dichos de la ministra. Dalmacio Mera defendió la necesidad de la reforma y Martín Doñate preguntó “¿cuándo sería el momento, cuándo vamos a reformar la Justicia si no es ahora? La gran mayoría de los argentinos está reclamando una mejor justicia, más transparente, que llegue a todos lados que vuelva a ser creíble”. La vicejefa del bloque, Anabel Fernández Sagasti, enumeró una lista de reproches a Juntos por el Cambio a y de “hostigamiento” judicial contra Cristina Kirchner: “Este Senado votó el allanamiento a una senadora sin que se indicara que debía estar presente el abogado defensor y vimos a la Justicia impidiendo que hubiera un abogado defensor, y vimos como designaban por decreto dos jueces de la Corte”

“Tal vez no sea la mejor oportunidad”, admitió Mariano Recalde pero a la inversa consideró que la reforma debió hacerse antes y fue postergada por el COVID-19. “En las críticas que hicieron no veo grandes cuestiones”, recalcó el abogado y senador porteño que invitó a sumar cambios a la iniciativa. “El doctor Carlos Beraldi no va a tomar ninguna decisión, va a aportar su opinión”, aclaró sobre el rol del abogado de la Vicepresidenta en el Consejo Consultivo que conformó el Presidente para posibles reformas a la Corte y señaló que a él no se le ocurriría cuestionar su participación por haber sido abogado de Mariano Narodowsky, ex ministro de Educación de Macri como jefe de gobierno porteño.

Entre otros, Oscar Parrilli, presidente de la comisión de Justicia, se mostró, como Cristina Kirchner, como víctima de persecución judicial y pidió a la ministra un cambio en la redacción del proyecto: agregar que los jueces puedan plantear al Consejo de la Magistratura, como posibles presiones, la de los medios.

Para alivianar tensiones, Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, dijo: “Una sonrisa cuesta menos que la energía y da más luz”. Aunque el oficialismo espera contar con su apoyo, él planteó diferencias, indicó que deberían crearse más fiscalías que acompañen a los nuevos juzgados federales en provincias.

Losardo, que había tomado nota de cada pregunta y comentario, ofreció seguir contestando. No hubo más preguntas pero Naidenoff pronunció un duro discurso de cierre como jefe de la oposición. No quedó satisfecho e insistió en que la reforma busca “la impunidad” de ex funcionarios.

“Fue una cosa espantosa la manipulación que hubo”, respondió José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, sobre la actuación de la Oficina Anticorrupción y el avance de causas judiciales (”en las que se inventaron pruebas”) durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. “Esta es la mejor oportunidad porque no es un año electoral”, justificó el debate y denunció que “todos sabemos la persecusión que se hizo, sabemos todos cómo se manipularon algunos juzgados”, otra vez en una clara alusión a las causas de la Vicepresidenta. “El pueblo argentino no aceptó eso, por eso votó”, cerró.