Tras dos años de mandato y fortalecida por los resultados electorales, María Eugenia Vidal se consolida como la jefa política de los intendentes bonaerenses de Cambiemos. En muy poco tiempo, impuso un modelo de obediencia que en el territorio nacional el presidente Mauricio Macri quiso aplicar con los gobernadores a través del pacto fiscal. Tras un control exhaustivo de las cuentas municipales, ahora la mandataria provincial va por el control político de esas administraciones. Con una estrategia que incluye premios y castigos, Vidal impone una dinámica de gestión que anula el debate político entre los miembros de su tropa y robustece un liderazgo incuestionable.

La exigencia de la gobernadora a los intendentes de ordenar las cuentas municipales no deja margen a la duda: no habrá recursos para quienes no cumplan con este mandato. Y esta decisión implica medidas extremas, como el achique de la planta de personal municipal, es decir, despidos. La medida, aunque configure cierto despotismo, no implica una disposición excesiva si es entendida como el devenir de una cadena de decisiones y atribuciones que fueron abrazadas, de a poco, sin grandes cuestionamientos.

Aunque el plan de control se diagramó desde el inicio de la gestión, la gobernadora no mostró todas las cartas. La dinámica comenzó en diciembre de 2015 con un diagnostico lapidario de la provincia que heredó de su antecesor, Daniel Scioli; se instrumentó con el avance de proyectos en la Legislatura y se consolidó cuando sus planteos no recibieron más que asentimientos por parte de toda la tropa que en la provincia de Buenos Aires conforma Cambiemos.

APLICARON EL ACHIQUE EN 2015

  Pablo Petrecca, Junín: “Cuando comenzamos hicimos un achique. Permanentemente estamos revisando la funcionalidad del organigrama”.

Franco Flexas, General Viamonte: “Lo hice apenas entré. Existía una planta política de 40 personas, la achiqué a 20 con funcionarios propios”.

 Raúl Sala, Carlos Tejedor:

“Desde diciembre del 2015 estoy trabajando en eso. En lo inmediato no voy a hacer una reestructura porque ya lo he hecho”

Esteban Santoro, General Madariaga:

“Ni bien asumimos hicimos un achicamiento. No incorporamos más personal. Ahora no estamos ante la necesidad de hacerlo”.

Maximiliano Suescún, Rauch:

“Hemos asumido con un grupo reducido, tenemos solo 16 funcionarios. No hemos aumentado la planta personal”.

CONTROL DE LA TROPA. En el escenario actual, es un recuerdo vetusto el pataleo de los intendentes radicales, quienes, desde el inicio de la gestión, reclamaron mayor espacio en el equipo provincial y, tras cristalizar las diferencias en foros propios, llegaron a resistir la participación de la gobernadora en la última Convención Nacional Partidaria, en abril de 2017. Allí, Vidal copó el acto con un discurso de fuerte contenido político y electoral; en momentos en que los boina blanca buscaban poner en debate su lugar en las listas del oficialismo.

El control sobre los intendentes se puso en práctica desde el primer acercamiento. En diciembre de 2015 la mandataria reunió a todos los jefes comunales de la provincia. La mayoría planteó dificultades para cumplir con el pago de salarios y aguinaldos. Fue la carta de presentación para un vínculo que se tejería a fuerza de demandas económicas y respuestas en ese sentido.

Un paquete que concretó esa ayuda fue la creación de los Fondos de Infraestructura Municipal (FIM) y de Seguridad en el marco del Presupuesto 2016, por el que se coparticipó un porcentaje de la deuda que la Legislatura autorizó a emitir al Ejecutivo y que se distribuyó a los municipios. La reglamentación de ambos beneficios establecía estrictos controles por parte de la Provincia, -analizados y ejecutados por los ministros de Infraestructura y de Economía, que cruzaban rigurosas y detallas planillas-, que podían derivar en la suspensión de los giros en caso de que se detectara que las comunas los destinaban a fines diferentes a los establecidos. Sin embargo, pese al reclamo de los intendentes, oficialistas y opositores, Vidal decidió que para el Presupuesto 2018 no se reeditara el FIM.

PACTOS Y LIDERAZGOS. La continuidad de la asistencia del Estado bonaerense se formalizó este año con la aprobación en la Legislatura bonaerense del Régimen de Responsabilidad Fiscal, que comenzará a regir este año y garantiza ayuda financiera y obras siempre que los jefes comunales cumplan con cuatro reglas elaboradas para ajustar las cuentas y achicar el gasto. 

La nueva dinámica no es una improvisación. Es parte de las etapas que integran el plan de la gestión de Vidal al frente de la provincia más importante del país. Aunque para mostrar esta carta debía esperar el momento preciso en el que su liderazgo, dentro de la tropa de Cambiemos, fuera incuestionable.

No sólo el resultado de las elecciones apuntaló su escalada; la aprobación en el Congreso del paquete fiscal acordado entre Macri y los gobernadores la posicionó como la gran ganadora, dado que obtendrá del Estado nacional, en compensación por el congelamiento del Fondo del Conurbano, 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019.

El pedido de ajuste también avanzó para la Legislatura horas después de la victoria electoral. El paquete girado a la casa de leyes bonaerense finalmente incluyó otros achiques, como el fin de las 824 jubilaciones de privilegios, una modificación al régimen jubilatorio de la Caja Previsional del Banco Provincia y una nueva reforma a la ley de Ministerios.

CONTROL POLÍTICO. Ahora, además de fidelidad, Vidal les reclama obediencia a los intendentes. 

Esta nueva dinámica anestesia el debate político que, eventualmente, podrían protagonizar los intendentes, y lo transforma en un discurso que se alinea no solo con el pedido de austeridad, sino con la política de gestión que enarbola su conductora.

En el último Foro de intendentes de Cambiemos, desarrollado en Quilmes, la gobernadora insistió con su pedido de ajuste y les reiteró a los jefes comunales que, para tener obras de la Provincia, deberán acreditar salud fiscal; que, en el marco de la discusión paritaria, deberán pagar lo que se pueda, entre otros puntos.

ACOMPAÑAN, PERO SON MÁS MODERADOS.

Oscar Cappelletti, Brandsen:

“Estoy a favor, no está mal. Creo que deben tener en cuenta la situación de cada municipio. No es lo mismo quienes han recibido administraciones sin problemas”.

Calixto Tellechea, Ameghino:

“venimos sin nombrar gente, pero sin echar. Seguiré así. No repongo el que se jubila, el que deja el trabajo. Es un camino más lento, pero menos doloroso”.

Pablo Zubiaurre, Ayacucho:

“Tenemos un municipio equilibrado, no tenemos grandes problemas. Se toma en cuenta el pedido, pero no ha habido un recorte”.

Carlos Ronda, Mar Chiquita:

“Se hace difícil. El achique lo empecé a hacer en este presupuesto. Me parece muy bien que la gobernadora maneje las pautas de la economía pensando en los años venideros”.

José Luis Salomón, Saladillo: “No es fácil achicar. Desde el primer día intentamos ser muy austeros. Si la gobernadora lo plantea es porque vive una situación tan crítica como nuestra”.

En una radiografía de los 69 distritos bonaerenses hoy conducidos por Cambiemos, no es arriesgado asegurar que la mayoría adherirá al Pacto fiscal. Varios, incluso, ya han puesto en marcha su plan de ajuste.

Uno de los primeros en hachar gastos fue el mandamás de Bahía Blanca, Héctor Gay, quien rápidamente articuló tres decretos para avanzar en ese sentido. La adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal ya avanzó en Vicente López, San Isidro, Pergamino y Rojas y se esperaba que en la última semana de diciembre fuera aprobado en San Pedro, General Madariaga, Las Flores, Salliqueló y General Alvear. También sucederá en General Pueyrredón, conducido por el polémico Carlos Arroyo, una de las administraciones más complicadas económicamente y una de las que más asistencia ha requerido y recibido en los primeros años de mandato de Vidal y Macri. 

En sus argumentaciones, la tropa no ahorra elogios a la mandataria y, aunque en ocasiones puede deslizar alguna diferenciación en su planteo, rápidamente resalta las virtudes de la propuesta.

ALINEADOS CON EL DISCURSO

Martiniano Molina, Quilmes: “No tiene que ver con un recorte, sino con la eficiencia de nuestros recursos, que son escasos. Se está ordenando la administración”.

Diego Valenzuela, Tres Febrero: “En nuestro municipio se ordenaron las misiones y funciones. Antes no se podía hacer porque no conocía el impacto de cada área. Ahora, con más experiencia en la gestión, puedo hacerlo”.

Julio Garro, La Plata: “Queremos optimizar al máximo el funcionamiento del Estado, persiguiendo el objetivo que nos planteamos: brindar más y mejores servicios a los vecinos”.

Arnaldo Harispe, Lezama: “Somos bastantes ordenados. Tenemos superávit. Tenemos mucha obra pública, somos austeros, no gastamos mucho en eventos, ni en publicidad”.

Mariano Uset, Coronel Rosales: “Es un norte que compartimos. Desde el principio nuestra gestión es austera y tenemos un gabinete muy chico. Lo hicimos por una necesidad”.

Facundo Castelli, Puán: “El mensaje de la gobernadora es claro: para ser sustentable, hay que  ajustar los gastos en la política. Si logramos equilibrar las cuentas, el dinero para obra está asegurado”.

Sergio Bordoni, Tornquist: “Tenemos un organigrama austero y no estamos excedidos en cantidad de funcionarios. No vamos a nombrar nuevo personal, con excepción de un delegado”.

Hernán Bertellys, Azul: “Vamos a trabajar en la misma línea que Nación y Provincia. Unificaremos áreas para achicar cargos políticos. Desde que comenzamos la gestión no incrementamos en un solo empleado”. 

La demostración de ese acatamiento tuvo un capítulo importante durante la primera semana del 2018. En al menos tres distritos - Quilmes, Morón y Tres de Febrero - los intendentes avanzaron con despidos y no sólo de la planta política. Se hizo un importante recorte en los contratos del cuerpo de trabajadores municipales. 

En esta etapa de control político, la desobediencia tiene un alto costo y ninguno de los alumnos quiere sufrir la sanción de no ser reconocido por su jefa.