El Gobierno quizás se equivoque si toma con demasiada literalidad el dictamen que emitió ayer el fiscal Federico Delgado. Delgado escribió que la causa por presunto lavado de activos que involucra a Mauricio Macri “debe terminar en un lapso breve” porque “desde todos los sectores de la sociedad civil se reclama una decisión que clarifique la situación del Señor Presidente de la Nación”. El error estaría en descuidar que, según Delgado, la Justicia necesita reunir más pruebas en el exterior. Y que para eso los organismos del Poder Ejecutivo deberían pasar de la colaboración en el plano formal “hacia acciones efectivas de recolección de la información”. O sea que si el Presidente cree que es inocente y quiere un fallo rápido primero debería hacer que el Estado se mueva.

El largo dictamen de Delgado también le pide al juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, que analice si todas las denuncias recibidas hasta ahora, conectadas desde la práctica financiera, deben ser parte del mismo proceso penal. El fiscal incluye un resumen de las actividades en el exterior de Mauricio y Franco Macri y se concentra en la información que falta reunir sobre una de las empresas off shore en la que participaron ambos, Fleg Trading con inscripción en el paraíso fiscal de Bahamas. Como informó en detalle este diario desde abril del año pasado, Fleg Trading fue una concha madre, una shell company según la jerga de los creadores de firmas en el exterior, que sirvió para desplegar operaciones en Brasil.

El dictamen de Delgado es una descripción cruda de cómo el Estado puede ingeniárselas para que la verdad no se esclarezca. Por un lado, el fiscal explica varias veces que “los jueces y fiscales no pueden acceder por sí a información del exterior”. Por otro lado, la Justicia no puede obtener información financiera. Dice Delgado que la Unidad de Información Financiera “no puede limitarse a un mecanismo casi perverso” según el que “suministra información que obtiene de otras oficinas similares, pero se compromete a que los jueces no la utilicen en sus investigaciones”. El mecanismo consiste en que “les avisa que está el elemento de prueba pero les aclara que deben chequearla oficialmente. “¿Cómo? Mediante un exhorto. ¿Quién diligencia un exhorto? El Poder Ejecutivo”. Sigue Delgado en su texto: “Es necesaria mayor proactividad. El trabajo de esas dependencias no se puede limitar al intercambio de notas. Y si debajo de esas notas hay más trabajo, es preciso que lo expliquen. De lo contrario el expediente se llena de papeles pero no avanza”.

Uno de los problemas centrales es que gran parte de los insumos de la investigación deberían provenir de otros Estados. “Solo la colaboración de potencias extranjeras permitiría reconstruir con precisión estos hechos que empezaron hace casi 20 años”, dice Delgado en alusión a la inscripción de Fleg en 1998 y a su actividad posterior en Brasil. Sigue: “Si bien se libraron los pedidos de ayuda correspondientes, la suerte de esos pedidos no escapa a una regla de hecho: los países firman tratados de colaboración y asumen el compromiso moral de colaborar, pero que esa colaboración se haga efectiva depende de algo más que el texto de la ley. En general se requiere la pericia del Estado que pide y las ganas del que tiene que responder”. Por el lado externo, hasta ahora, no llegó ningún dato relevante.

Insumos

El fiscal registra en su dictamen que la causa progresó con la información que pudo conseguir la Justicia en la Argentina, con “la proactividad del diputado Norman Darío Martínez y otras personas que aportaron información, como los señores Fernando Pino Solanas y Alejandro Olmos Gaona, y con la búsqueda digital”. En cuanto a los protagonistas del sistema off shore, recién a fines de 2016 Franco Macri entregó un escrito que, naturalmente, aún debe ser chequeado.

Martínez, un diputado neuquino del Frente para la Victoria, rescató que Delgado haya pedido investigar a Franco Macri por esa declaración. Allí “se adjudicó el pago de nueve millones y medio de dólares para una de las operaciones de compra y venta de acciones entre dos sociedades, una de las cuales no existía al momento en que el propio Macri declara haberlo pagado”.

Vaticina el diputado Martínez que “la maniobra de Franco va a salir mal” porque “queriendo desvincular a Mauricio, lo único que hace es demostrar la absoluta mentira del Presidente cuando nos dijo a todos los argentinos que esas sociedades no habían tenido ningún movimiento”. La conclusión del legislador es que “antes nos mintió el Presidente Macri y ahora nos quiere mentir Franco”. El Presidente dijo que las sociedades no tuvieron actividad “y ahora resulta que Franco confiesa haber aportado nueve millones y medio de dólares para las oscuras operaciones de estas sociedades que está investigando la Justicia”.

Pistas

El documento emitido por Delgado registra varias pistas sobre esas “oscuras operaciones”. Vale la pena leerlas con cuidado.

Fleg Trading utilizó 9,5 millones de dólares (o su equivalente en pesos en la Convertibilidad) para constituirse como sociedad controlante de otra firma, Owners do Brasil.

El dinero pasó a manos de Sociedades Macri Americana, Socma Americana.

El intercambio se produjo el 21 de septiembre de 1998 por un monto en reales de alrededor de 11,2 millones.

El 22 de septiembre, Socma Americana desembolsó 1.892.000 reales para constituir otra sociedad, Partech-Unnissa Participacoes Ltda.

El 1 de octubre Socma Americana constituyó otra sociedad, Partech Ltda, con un aporte en reales de 5.539.000.

El 21 de octubre Socma Americana ingresó como accionista en la sociedad Itron do Brasil con un aporte de capital en reales de 3.417.872.

En 2007 también Fleg Trading ingresó a la continuadora de Itron, llamada en ese momento MTC Investments de Brasil.

Las cifras que apunta Delgado pueden ser sintomáticas. Los tres aportes societarios suman en reales 10.848.872, es decir una suma muy similar a los 11,2 millones de reales del intercambio.

Cuando se adentra en el origen de las transacciones, Delgado apunta a las sociedades Socma SA y Socma Americana SA, prolongación de las empresas Mainfra Inversora SA y Grumafra SA que fueron fundadas por Franco y Mauricio Macri el 3 de julio de 1985.

Las dos Socma estaban vinculadas a las empresas creadas u operadas por Fleg Trading en el recorrido Bahamas-Brasil.

En el 2000 fue disuelta Socma y quedó integrada a Socma Americana.

Conclusión evidente de Delgado: “Para que todos estos movimientos puedan tener lugar es necesario que el dinero provenga de alguna parte”. Conjetura complementaria del fiscal: “A pesar de que aún no resultó posible establecer fehacientemente el origen de los más de nueve millones de pesos dólares utilizados por Fleg Trading en el año 1998 para ingresar en Brasil, sí se logró establecer que se utilizaron varias empresas del grupo para girar dinero al exterior”. Delgado recuerda algo cuyos datos fueron informados por este diario. El informe final sobre la fuga de divisas redactado por una comisión especial de la Cámara de Diputados estableció que, solo en 2001, las sociedades del Grupo Macri giraron al exterior casi 54 millones de dólares a través de 64 operaciones. En términos jurídicos, según Delgado si todo terminó en 1998 “no hay chance de aplicar la ley”, pero “si los negocios continuaron en el tiempo y los actores se mantuvieron o cambiaron, distinta sería la cuestión”.

El Código

¿Cuáles serían los tipos penales con los cuales quedaría relacionado el actual Presidente? Parte de la investigación judicial se orienta a verificar si Macri cometió “omisión maliciosa o falsedad en los datos contenidos en la declaración jurada”, cuando “no declaró su participación en Kagemusha y Fleg” e incurrió en discordancias entre los datos suministrados como jefe de Gobierno y luego como Presidente.

   La otra parte se relaciona con el artículo 303 del Código Penal, que en 2011 incorporó matices nuevos sobre el lavado de activos como delito autónomo. La primera parte establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.

Para saber qué hechos son delito hoy y cuáles no haría falta más información. Podrían acercarla los imputados, pero recuerda Delgado que no están obligados a declarar contra sí mismos, o podrían obtenerse por exhortos internacionales. Dificultad según Delgado: “Para ello hace falta un compromiso diferente del Estado, más allá del sistema judicial”.

Arroja el fiscal como conclusión preliminar que las operaciones desarrolladas a partir de la creación de Fleg “evidentemente presentan los rasgos de lo que se conoce como lavado de dinero”.

Son inversiones de origen desconocido.

Se trata de sociedades que se disuelven dentro de otras y comparten domicilios e incluso socios.

Son sociedades cuya vida “comienza en paraísos fiscales en los que se hacen pocas preguntas por el origen de los fondos y que luego hacen pie en terceros países para realizar inversiones como ‘sociedades extranjeras’”.

O sea que la maniobra cumple con los tres pasos estudiados por los expertos: disponer de una masa de dinero de origen lícito, concretar operaciones que borren los pecados de origen de esa masa e introducir al circuito formal el dinero  lavado.

Delgado sugiere al juez Casanello que un grupo de sociólogos analice los formularios presentados por Mauricio Macri en la ciudad y en la Oficina Anticorrupción. También pide corroborar la información de Franco Macri. Un juego de fechas parece indicar, según el fiscal, que “Francisco Macri primero habría pagado una operación de compra venta de acciones entre dos sociedades, de las cuales una de ellas no existía al momento del pago”. Esa circunstancia reflejaría “una situación oscura o poco clara que involucra a las empresas Socma Americana Fleg Trading y Owners”. Una parte de la oscuridad podría disiparse accediendo a la información bancaria. El resto depende de la voluntad del Estado.