El fiscal federal Miguel Ángel Osorio también tiene a su cargo la compleja causa por las maniobras de venta indiscriminada de acciones en poder de las AFJP, ocurrida días antes de que el gobierno tomara la decisión de estatizar los fondos de jubilaciones y pensiones que administraban esas firmas. En el expediente 14855/08 que tiene cinco cuerpos de actuaciones y en el que solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) pidió la ampliación de la información sobre quiénes fueron los reales compradores de esos títulos que involucran a las principales empresas del país como Repsol YPF, Tenaris y Banco Patagonia, a las que se agrega Molinos Río de la Plata. Todavía está pendiente la realización de una pericia ordenada por la Cámara Federal para determinar el perjuicio ocasionado a las AFJP en las dos jornadas en las que se llevó a cabo la operatoria.

La PROCELAC ordenó a fines de septiembre pasado que se comience a analizar las operaciones "inusuales" registradas en los días 29 de septiembre y 15 de octubre de 2008 que marcaron un pico de operaciones por encima, incluso, de los topes que las AFJP tenían habilitados para comercializar. El fiscal antilavado Carlos Gonella solicitó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) aporte información sobre la evolución del precio de la acción y el volumen operado en términos nominales día por día, durante ese mes. Lo mismo para los valores de cotización, cierre y promedio de las acciones de esas firmas, al igual que los de determinados títulos emitidos por el Estado.

El punto más importante de la solicitud radica en algo que hasta ahora es desconocido: en nombre de quién actuaron los agentes de Bolsa que compraron las acciones de las que se desprendían los gerentes de las AFJP, cuando era inminente la estatización. Es decir, quiénes fueron los clientes finales de las vertiginosas compras que se sucedieron el 17 de octubre de ese año también.

El 20 de octubre de 2008, el fiscal Guillermo Marijuan –a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de los Delitos Relativos a la Seguridad Social (Ufises)– inició una denuncia de oficio basada en información periodística que daba cuenta de la operatoria de desprendimiento de activos de las AFJP y logró una medida cautelar para que se detengan esos manejos. Pero limitó la pesquisa a una fecha en la cual no ocurrieron los movimientos sospechosos, por lo que la investigación sufrió un traspié significativo al no poder comenzar a construirse. El juez federal Claudio Bonadio ordenó entonces el cierre por inexistencia de delito y mandó la causa a archivo, algo que fue revocado por la Cámara Federal, que ordenó que se profundice la investigación. Con el correr del tiempo se determinó que hubo dos bloques de operaciones durante dos jornadas en las que las AFJP se desprendieron de títulos y acciones que nunca habían sido advertidas.

La actual interna judicial entre fiscales comenzó a jugar en este caso un rol significativo como telón de fondo. Marijuan, principal responsable de las causas en perjuicio de la ANSES, decidió apuntar sus cañones contra Gonella –su par antilavado– y ahora contra el propio Osorio, al que acusó de haber cerrado una causa que involucraba al gobierno nacional.

La cifra

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fueron las jornadas en las que, se estima, se llevaron a cabo las operaciones que llamaron la atención de la justicia federal.