Por Ramiro Melucci

No hubo una llamada que anticipara la novedad. Tampoco un mensaje de whatsapp. La respuesta de la Provincia al pedido de excepción de la actividad gastronómica que formuló el intendente llegó a la vieja usanza: por mail. Y no fue distinta a la que ya había adelantado por el diario el jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Guillermo Montenegro había recurrido, como cuando vio postergado su deseo de reabrir los negocios de ropa, al presidente Alberto Fernández. Pero está vez las gestiones chocaron con la negativa del Gobierno bonaerense. Mar del Plata está en la fase 4 y en ese estadio no se permite la gastronomía. Tan simple y contundente como eso.

Las diferencias en la administración de la cuarentena no son nuevas. Que sean deslizadas en forma moderada y sin peleas no quiere decir que no existan. Cuando a mediados de mayo la Provincia advirtió que las peluquerías debían estar cerradas en los grandes municipios, Mar del Plata las mantuvo abiertas. Cuando desde La Plata dijeron que los locales de indumentaria permitidos eran los que estaban fuera de las zonas comerciales y avenidas, el intendente no hizo distinciones. Cuando se fijó un horario nocturno para las salidas recreativas para no hacerlas coincidir con la actividad comercial y productiva, consideró que eso era perjudicial para la ciudad. Lo dijo y lo modificó. 

El gobierno municipal nunca estuvo de acuerdo con el criterio unificador para las ciudades de más de 500 mil habitantes, el que demoró la vuelta de los comercios de ropa. Consideraba que eso ponía al distrito en un mismo plano con el conurbano, donde los casos comenzaban a subir en una proporción que Mar del Plata no registraba.

Ahora que ese criterio quedó en el pasado, el diferendo alude al requisito de 21 días sin contactos autóctonos que estableció Kicillof para que los distritos de la fase 4 pasen a la 5. El municipio sostiene que los indicadores que mira el mundo para conocer la situación sanitaria de cada lugar son la cantidad de casos activos, la de camas ocupadas, la tasa de duplicación, la de positividad, la de recuperación y la preparación del sistema de salud. Puntualiza que cada una de esas variables coloca a General Pueyrredon en una situación “óptima”. Pero también dice, en forma tácita, que en ningún sitio se estableció la condición de los 21 días.

Kicillof, que libra la batalla principal contra el coronavirus en el AMBA –donde parece encaminarse junto con Horacio Rodríguez Larreta a un endurecimiento del aislamiento–, emitió su negativa formal a la reapertura gastronómica en Mar del Plata el mismo día que le otorgó al municipio una asistencia financiera de $ 100 millones. Ya había prestado a la Municipalidad $ 235 millones en los meses anteriores. La diferencia es que este nuevo desembolso no debe ser reintegrado. Así, el intendente tendrá más aire para pagar sueldos y aguinaldos en un contexto financiero adverso. Esa dependencia también explica la muy prudente reacción oficial ante la respuesta desfavorable por el sector gastronómico.

Montenegro no dio por perdida la partida y reorientó su estrategia. Insistirá ante los ministros bonaerenses y, en paralelo, buscará una declaración conjunta con la oposición para ratificar el pedido de excepción. En realidad, esa intención ya comenzó a esbozarse en la reunión que mantuvieron el viernes a la tarde en el Concejo Deliberante representantes del sector con los jefes de bloque. La idea es consensuar un documento con los empresarios y el sindicato que exprese la situación del sector y enviarlo a la gobernación.

La figurita difícil es el Frente de Todos, que ejerce la oposición en Mar del Plata pero responde a los gobiernos provincial y nacional. Será importante reparar en la letra y el tono. Nada que suene a reproche o queja al gobernador podrá ser incluido en el texto si se espera el respaldo de la bancada opositora.

El bloque reconoce la crisis en que está sumergido el sector, pero su último movimiento fue invertir el ángulo para observarla: presentó un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo local reduzca las tasas que deben pagar los comercios del rubro. Y otro para que, cuando se levante la veda, las zonas de bares y restaurantes puedan convertirse en peatonal los fines de semana y ampliar el uso del espacio público.

El momento es delicado. Cada vez se parece menos al inicio del aislamiento, cuando las diferencias se zanjaban en privado. “Han salido a decir que nos ponemos contentos con los casos positivos”, reprochó Marina Santoro. “Eso no es así”, aclaró enseguida. Antes había salido al cruce de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, que osó hablar de la Provincia. “Hacía mucho que no la escuchábamos”, hizo notar.

Si el plan A para la excepción de los gastronómicos fracasó y el B está en ciernes con los jefes de bloque, también emerge un C en el horizonte cercano: el de la Comisión Especial de Reactivación Económica, impulsada por el oficialismo para otorgar permisos provisorios hasta que la Provincia y la Nación concedan el definitivo. El proyecto de ordenanza se tratará en la sesión de esta semana, la primera en la historia que incorporará la modalidad virtual. Es decir que los votos devendrán tan importantes como la necesidad de evitar que haya fallas tecnológicas.

Otra controversia surgió por la seguridad. Pero ya no con Provincia, sino con el gobierno nacional. Se desencadenó luego de que el hijo de un vendedor de divisas matara a un ladrón en la vía pública cuando asaltaba a su padre. La primera reacción del secretario de Seguridad municipal, Darío Oroquieta, fue ir al lugar y mencionar la pérdida de 500 gendarmes que sufrió Mar del Plata en los últimos meses. De febrero a esta parte.

El funcionario de Montenegro advirtió sobre el aumento de hechos delictivos graves que se registraría a medida que se va saliendo del aislamiento. Las declaraciones van en la misma línea que las que formuló la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori. “El día que salgamos de la cuarentena vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad”, alertó.

No sin intención, Oroquieta mencionó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, también se había pronunciado. La escena se vio por televisión: distendido, el funcionario provincial dijo que no recibía apoyo de su par nacional, Sabina Frederic, y que ni siquiera se reunían. “Nosotros fuimos más suaves que ellos mismos”, compararon en el municipio los términos que utilizó Oroquieta y los que descerrajó Berni.

Pero el Gobierno nacional no lo dejó pasar. Respondió en duros términos a través del secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba. Dijo que el refuerzo de fuerzas federales para Mar del Plata fue determinado por el gobierno anterior a fines del año pasado con un criterio electoral. La crítica tuvo dos blancos al mismo tiempo: la administración de Mauricio Macri y el propio Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Había un antecedente entre la cartera de Frederic y Mar del Plata. Apenas asumió, la ministra borró de un plumazo la decisión de Bullrich de establecer una escuela de gendarmes en Chapadmalal. El oficialismo local todavía hoy la sigue reclamando. No lo estarían escuchando.